“Ante una extrema necesidad había dos vías: la delincuencia y el suicido, o la lucha social”
El juicio para los activistas de los Campamentos Dignidad por entrar en 2014 en el informativo territorial de TVE continúa este viernes, pero solo con la mitad de los encausados.
Nueve de los procesados aceptó este jueves el acuerdo de conformidad por el que se les condena a la pena de desorden público y una multa de 540 euros. Muchos de ellos son desempleados de larga duración y es probable que se declaren insolventes y se libren de la multa.
Quienes han reconocido esta pena quedan libres de la acusación de coacciones mientras que el resto, al no aceptar el acuerdo, se sientan este viernes de nuevo en el banquillo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.
Este viernes en el juicio se elevarán las acusaciones definitivas y será cuando se sepa si la Fiscalía y TVE mantienen la acusación contra los activistas. En la segunda sesión de la vista acudirán además como testigos trabajadores de radio Televisión Española.
Los activistas han tenido el respaldo de organizaciones y personajes públicos de todo el territorio nacional. Desde Nacho Vegas, Jesús Cintora y Olga Rodríguez, hasta Julio Anguita, Rafa Mayoral, Diego Cañamero, Irene Alberto Garzón o Juantxo López Uralde. Palabras diferentes lanzó este jueves el entonces era presidente de la Junta José Antonio Monago que señaló que “el fin nunca justifica los medios”. “Asaltar un medio público no me parece la mejor manera para reivindicar”, recoge la Agencia Efe. Para el presidente del PP extremeño “las leyes están para cumplirlas” y en ningún caso se puede justificar con el fin lo que se ha hecho.
Reclaman la libre absolución
Crescencio Canelo, uno de los abogados de la defensa, explica que reclaman la libre absolución al entender que en su acción no había ánimo de alterar el orden público y que en todo caso tampoco se alteró según detalla el letrado de los acusados.
Aclara otro de los nueve letrados, Manuel Delgado, que entraron en un servicio público para dar a conocer la realidad: en ese momento solo cobraban la renta básica 200 familias extremeñas. Argumenta que fue un acto pacífico ante un estado de necesidad y “emergencia social”. “Ante el estado de extrema necesidad solo había dos vías: la delincuencia común y el suicido, u optar por la lucha social”.
Pone de manifiesto que el gobierno de la Junta “no cumplía sus propias leyes, no hacía una gestión de los servicios públicos encomendados”, porque había miles de personas sin renta básica, a la espera de cobrar la prestación. “Estamos muy contentos de cuidar los derechos de estas personas, que al mismo tiempo han cuidado de los derechos de tanta gente”, ha expresado el abogado.
“Un ejercicio legítimo de desobediencia civil”
El letrado Endika Zulueta, también desde la defensa, apunta que en este caso se da una circunstancia especial porque los procesados sí reconocen que accedieron al plató de televisión e intentaron grabar un comunicado, aunque no entiende que sea un delito porque “no hubo violencia ni desorden público”.
Según ha dicho estaban realizado un ejercicio “legítimo de desobediencia civil”, en este caso “intentar ejercer la libertad de expresión a través de un medio de comunicación público” porque la renta básica no llegaba a los beneficiarios y el PP no pagaba.
Arropados por decenas de personas
Los procesados estuvieron arropados por decenas de personas a las puertas del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. Organizaciones y activistas que han mostrado su solidaridad custodiados por un fuerte dispositivo judicial.
En la plaza del TSJEx se pudieron ver pancartas en favor de la renta básica y una vivienda digna. Insisten los acusados en que “este no es el juicio de la televisión sino el juicio por los derechos humanos” han relatado fuera y dentro de la sala de vistas.
