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La crisis de la democracia

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¿En qué momento el adjetivo político se llenó de connotaciones negativas? ¿Por qué decir que «ha sido una decisión política» o «un debate político» es algo peyorativo? ¿Cuándo la política dejó de ser el remedio para convertirse en la enfermedad? Y la pregunta más importante: ¿hay una solución a la terrible situación actual que no pase por la política, por su recuperación como herramienta para la transformación de la sociedad?

La política sufre hoy una terrible contradicción: nunca ha sido tan débil y, al mismo tiempo, tan necesaria. Es la misma derrota de otros pilares democráticos: la prensa, los sindicatos, la justicia... Nunca ha habido tanta demanda de información y tantos periodistas en paro. Nunca la defensa de los derechos de los trabajadores ha sido tan imprescindible ni los sindicatos han estado tan depauperados. Nunca los jueces han tenido tan mala imagen ni ha sido tan reivindicada la palabra justicia.

Cada una de estas crisis tiene sus características propias, pero el paisaje de fondo es el mismo. Es la crisis de la democracia, un proceso que comenzó hace décadas: desde la caída del muro de Berlín, que dejó sin competencia ideológica al bloque occidental; desde el éxito económico del capitalismo comunista chino, que demostró al mundo que se podía liberalizar la economía sin que llegasen al tiempo las libertades individuales. Al igual que con otras corrientes de fondo -como el desmantelamiento del Estado del bienestar- la crisis económica ha acelerado el proceso. Se ve en las encuestas que sitúan a la política como el tercer problema. Se ve en las urnas, donde la abstención aumenta y los grandes partidos retroceden. En la impotencia de la política para solucionar los problemas de los ciudadanos. En la percepción de que las decisiones importantes se toman muy por encima del Congreso de los Diputados.

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Palabra real: grandes frases de Juan Carlos de Borbón

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27 de octubre de 2012: “Desde fuera, España se ve mejor. Desde dentro dan ganas de llorar. Pero hay que seguir adelante con un cuchillo en la boca y una sonrisa”.

“Muchas veces, los españoles nos metemos el cuchillo”

“Hay gente que tiene ganas de darnos fuerte en la cabeza”

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¿Cuánto costaría un rescate a los desahuciados?

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Que en España haya dinero público suficiente como para rescatar a la banca pero no lo bastante como para salvar a las familias que no pueden pagar su hipoteca es, sencillamente, intolerable. No es de recibo. No es aceptable. Son ya 350.000 desahucios en cuatro años, un número que sigue aumentando casi a la misma velocidad con la que crecen las ayudas al sector financiero. Solo en 2010, fueron 87.145 millones entre ayudas y avales: 1.846 euros por persona, según un reciente informe de la Comisión Nacional de la Competencia. Ambas cifras siguen subiendo: la de las ayudas y la de los desahucios. ¿Hasta cuándo será sostenible una injusticia tan grande sin que la sociedad estalle? ¿Cuánto nos costaría evitar el que sin duda ya es el problema social más acuciante de España?

Algunos números a vuelapluma: según el informe encargado por el Consejo General del Poder Judicial –de conclusiones apabullantes–, la hipoteca media ejecutada ronda los 230.000 euros. Multiplicada por el número de desahucios estos años –350.000– nos da una cifra: 80.500 millones de euros en hipotecas ejecutadas. Es una cantidad muy cercana a la del rescate a la banca pero, en este caso, no haría falta una millonada así. Bastaría con una fracción. Teniendo en cuenta que la hipoteca media  española dura 24 años, y que para evitar la mayoría de los desahucios sobraría con una moratoria media de dos años, con una doceava parte de esa cifra habría dinero suficiente para paliar el problema. Hablamos, grosso modo, de 6.708 millones desde que empezó la crisis: unos 1.677 millones de euros al año: el 0,16% del PIB.

La cifra es solo una aproximación al alza; estoy seguro de que los técnicos del Gobierno tienen números mucho más exactos y que probablemente se pueda arreglar con menos dinero: no todos los desahucios son de primeras viviendas o dejan a una familia en la calle.

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Las cuatro mentiras de la nueva vida de Esperanza Aguirre

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1. Es falso que Esperanza Aguirre haya vuelto a su plaza de funcionaria, como nos contaron. Trabajará en el Ministerio de Industria de Turismo, pero no regresa al trabajo que dejó hace más de tres décadas: ha sido contratada como asesora de la secretaria de Estado de Turismo, Isabel Borrego, en un puesto de libre designación.

2. Es falso también que vaya a trabajar en Turespaña o siquiera a las órdenes de Isabel Borrego, su supuesta jefa. Su nuevo despacho está en la planta segunda del Ministerio de Industria y Turismo, en Castellana 160, en la zona noble: justo enfrente del despacho del ministro José Manuel Soria. Tanto Turespaña como la Secretaría de Estado de turismo están en otra sede: en la calle José Lazaro Galdiano 6. No hay muchos precedentes de una asesora política que trabaje en otro edificio diferente al de su jefa.

3. Es falso que vaya a cobrar lo que un funcionario normal. Según fuentes del Ministerio, su plaza es de nivel 26, pero los cargos de asesores son de nivel 30. Dependiendo de los complementos, son hasta mil euros mensuales más.

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Aguas revueltas en el PSOE

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José Bono: "El PSOE ha desdibujado tanto su mensaje y su imagen de partido nacional que sonroja". Francisco Caamaño: "Hay que empezar a hablar muy seriamente de la renovación". Juan Fernando López Aguilar: "Atravesamos la peor situación en 35 años". Tomás Gómez: "Habrá que hacer cambios profundos y serios". José María Barreda: "No podemos estar en el fondo del pozo y seguir cavando"… Las críticas en público son duras pero se quedan en nada comparadas con lo que, en privado, dicen muchos dirigentes socialistas sobre el desplome de su partido y sobre el liderazgo de Alfredo Pérez Rubalcaba, su secretario general. En las próximas horas es probable que aparezcan más voces, pero todo esto es un simple juego floral comparado con lo que está por llegar dentro de un mes. La verdadera amenaza para Rubalcaba no es ni Bono, ni Gómez, ni Barreda ni tampoco López Aguilar. A quien debería temer Rubalcaba es al barón andaluz, al presidente del partido, a Pepe Griñán.

Ayer lo anunció, a su manera, para el que quiera escuchar: "A partir de ahora se va a ver la presencia de Andalucía en el debate nacional". Es solo una primera advertencia; por ahora Griñán y los suyos van a esperar a que pasen las elecciones catalanas. Pero si se confirma lo que apuntan las encuestas y el PSC se desploma con porcentajes similares a los de Euskadi y Galicia –nada menos que un voto de cada tres–, el PSOE andaluz actuará: incluso puede pedir un congreso extraordinario, ante la extrema gravedad de la situación.

¿Está Carme Chacón detrás de estos movimientos de Griñán? Algunos en el PSOE creen que sí, aunque su entorno lo niega y desde Andalucía otros aseguran que Griñan va por libre, que quiere ser el secretario general, no tanto para ser el candidato a presidente del Gobierno sino para pilotar la transición: para controlar la situación hasta la convocatoria de unas primarias. Es el único dirigente socialista que puede presumir en estos tiempos de ganador –quedó segundo, pero pudo gobernar– y tiene detrás a la primera federación del PSOE: más de una cuarta parte de la militancia socialista está allí.

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Cinco titulares de la noche electoral

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Núñez Feijóo rescata a Rajoy

El resultado en Galicia es indiscutible. El PP gallego amplía su mayoría absoluta con tres escaños más. Pierde doscientos mil votos respecto al 20N, pero la izquierda se desangra y se aleja, tal vez por décadas, de gobernar. Núñez Feijóo podrá cambiar la ley electoral y consolidar un dominio que hoy parece imposible de tumbar. Su victoria da oxígeno a Mariano Rajoy, que deja claro a los suyos que los recortes desde el Gobierno desgastan, pero que sufre aún más la oposición. La lección es evidente: si hoy hubiese elecciones generales, lo más probable es que el PP perdiese muchos votos, pero incluso así mantendría holgadamente su mayoría absoluta por el desplome y la división de la izquierda.

El PSOE se desploma

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En defensa de la educación

Hay un discurso demagógico que se ha instaurado como verdad indiscutida: que la educación en España es de las peores del mundo, que tanto PISA como la OCDE dejan a nuestra enseñanza fatal, que la culpa es de las sucesivas reformas o de los inmigrantes, o de las autonomías, o del bilingüismo, o de los funcionarios, que son unos vagos, que falta autoridad... Sencillamente, todos estos populares tópicos no son verdad: no es eso lo que dicen los informes internacionales, que pintan un panorama bastante más optimista que esa negra caricatura que tanto ha calado en la sociedad.

No se lo van a creer, pero lo que realmente demuestran los informes de la OCDE es que somos el país del mundo donde más ha mejorado el nivel educativo de la población durante el último medio siglo, solo por detrás de Corea del Sur e Irlanda. A veces se nos olvida, pero España viene de una dictadura y de un retraso económico, social y cultural que no se arregla ni en una generación ni en dos. Después de un avance espectacular en estas últimas décadas, los alumnos españoles están hoy en la media de los países desarrollados, ni mucho mejor ni mucho peor. Es un error interpretar los datos de PISA como una clasificación deportiva. Hay tan poca distancia entre unos países y otros que el orden casi carece de importancia: es como una carrera ciclista que entra en meta agrupada y donde los alumnos españoles no van a la cola, sino en el grueso del pelotón. Como explica el sociólogo José Saturnino Martínez, «si convirtiésemos las puntuaciones de PISA en estatura, y la media de la OCDE fuese 1,80 metros, España tendría una altura de 12 milímetros menos». Es casi el margen de error. Las distancias son tan cortas que «si Castilla y León y La Rioja fueran un país, serían el cuarto europeo en PISA, solo por detrás de Finlandia, Estonia y Holanda», asegura otro especialista en educación, el sociólogo Julio Carabaña.

Por mucho que se empeñen los apocalípticos, la educación española no es un desastre, aunque tenga algunas cosas donde mejorar. El auténtico punto negro del modelo es el llamado fracaso escolar, pero no tiene nada que ver ni con los docentes ni con su autoridad ni con las autonomías. España sale mal clasificada porque medimos el abandono de los estudios con criterios distintos del resto de la OCDE, porque la ley impide a los alumnos sin título de la ESO seguir cursando estudios -algo que no sucede en casi ningún otro país- y porque en esto también se notó la burbuja inmobiliaria, que empujó fuera de clase a muchos jóvenes que ganaban en el ladrillo mucho más que el profesor. La gran lección de PISA es otra: la relación tan cercana que hay entre desigualdad económica y educación. De poco sirve mejorar la escuela si hay familias que no se pueden permitir ni el tupperware.

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Los porrazos que no se ven no existen

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El Gobierno tiene la solución definitiva para acabar con los excesos policiales que hemos visto en las últimas manifestaciones. ¿Obligar a los policías a cumplir la ley y mostrar su número de identificación? ¿Investigar esos abusos y sancionarlos duramente? ¿Terminar con la política de la impunidad que día tras día, medalla tras medalla, aplica el Ministerio del Interior? Por supuesto que no. Su remedio consiste en evitar que se vean los síntomas de la enfermedad: en reformar la ley para que sea un delito grabar y difundir por Internet imágenes de los policías “en ejercicio de sus funciones”, según palabras del director general del ramo, Ignacio Cosidó.

Igual que cuando plantearon “modular” el derecho a la manifestación, el Gobierno viste ahora este nuevo recorte a la libertad de expresión de buenas palabras y excusas de mal pagador. Cosidó asegura que este cambio legal llega porque “en ocasiones” se difunden por la red “insultos y amenazas hacia los policías”. “Los policías también tienen derecho al honor”, dice Cosidó, que no aclara si es que estos funcionarios tienen más honor que cualquier otro español. Si la actual legislación ya penaliza los insultos y las amenazas, sin distinguir profesión, ¿qué necesidad hay entonces de regular específicamente estos delitos cuando el insultado o el amenazado es un policía?

La respuesta es obvia; la amenaza, otra muy distinta; el insulto es a la inteligencia de esta sociedad. Lo que busca el Gobierno con esta nueva reforma es ocultar la realidad amedrentando a esos manifestantes que tienen la bonita costumbre de demostrar con imágenes que algunos policías, más que una medalla pensionada, se merecen una durísima sanción. La reforma que plantea Cosidó es una carta blanca para que el Ministerio del Interior pueda después denunciar a cualquier persona que difunda imágenes que deje en evidencia una mala actuación policial; uno de esos vídeos que hemos visto por docenas en las últimas semanas.

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Esperanza Aguirre, la liberada política

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Que la supuesta Juana de Arco liberal culmine tres décadas en el coche oficial regresando a su puesto de funcionaria, sin haber pisado la empresa privada jamás, da la medida del cinismo de ese liberalismo cañí que tanto predica y tan poco se aplica sus consejos. Pero el colmo es otro: es preguntarse cuántos funcionarios tienen tiempo en su jornada laboral para jugar al golf en Zaragoza, irse de mitin a Galicia o dar ruedas de prensa. ¿Son estas las " mamandurrias" de las que tantas veces Aguirre nos habló?

En el ministerio de Industria y Turismo han habilitado un nuevo despacho en la segunda planta, cerca del ministro Soria, para la funcionaria pródiga que acaba de retornar. Nadie sabe explicar, eso sí, cuáles son las nuevas funciones de Esperanza Aguirre en un puesto que apenas desempeñó. La condesa aprobó la oposición en 1976. Trabajó tres años en Turismo a las ordenes de su tío, Ignacio Aguirre Borrell, secretario de Estado con la UCD. Dejó el puesto en 1979 para ocupar su primer cargo político, y en 33 años nunca antes regresó.

Aguirre dice haber dejado la política, pero los mítines no. Es como el que deja de fumar con tres cigarros al día. Se fue de campaña electoral a las gallegas con Núñez Feijóo y desde allí dio un rueda de prensa con media docena de titulares, a cual más provocador. El más estupefaciente: que los alumnos deben aprender que España es una gran nación con 3.000 años de historia (y es generosa por no poner el nacimiento de la patria a la hora y media del Big Bang). El titular se califica solo pero si alguien tiene tiempo y se quiere divertir, le recomiendo la lectura de los comentarios que dejaron nuestros lectores a la lección de historia de Aguirre. Mi preferido lo firma uno de nuestros socios, Valentinov: " ¿Quién no ha oído hablar de aquellos padres de la nación española que un día, hace ya 3000 años, decidieron hacer frente a todos aquellos movimientos separatistas celtas, tartésicos, fenicios o griegos para configurar una única nación gloriosa, grande y libre como Dios manda?"

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Todo es ETA

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Tú eres ETA. Yo soy ETA. Nosotros somos ETA y cualquiera que proteste es siempre ETA. Solo ellos no son ETA. En esencia, los españoles nos dividimos en dos grupos: los "ciudadanos de bien" (marca registrada) y el resto, los etarras. En esa nueva clasificación enfurecida que eleva un grado o dos cualquier gesto de disidencia, la manifestación pacífica es una algarabía, la resistencia pasiva se transforma en violencia y la violencia, aunque sea solo verbal o incluso imaginaria, se califica de terrorismo o golpismo, según el día.

El terrorismo se extiende y ya hasta las asociaciones de padres y alumnos son ETA, o al menos parte de su entorno. "Yo, cuando iba al instituto, las huelgas las organizaba Batasuna, no los padres", ha dejado dicho Alfonso Alonso, portavoz del PP en el Congreso. Manifestarse contra los recortes en la educación también es ETA o, siendo suaves, "de izquierda extrema radical y antisistema", como asegura José Ignacio Wert, verbo florido, aún sorprendido de que hasta los sindicatos de la educación más conservadores se movilicen contra sus recortes.

Que todo sea ETA no es novedad: criminalizar al que protesta es parte del manual de la derecha que distingue entre la sana protesta democrática –la suya– y los pancartistas que ladran su rencor por las esquinas. Repasen esta recopilación de frases para la historia sobre la catástrofe del Prestige y quédense con lo que dijo hace diez años Jaime Mayor Oreja: "En el País Vasco estamos padeciendo las consecuencias de grupos como Nunca Máis. Lo que estamos padeciendo es la batasunización de la sociedad por parte de ETA. Su estrategia siempre ha sido crear estructuras sociales que, sin llamarse ETA, estaban al servicio de ETA". Quejarse por el chapapote de los "hilitos de plastilina", por supuesto, también era ETA.

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