La funcionaria con más tiempo libre de España –la articulista, conferenciante, mitinera, tuitera y bloguera Esperanza Aguirre– ha dado su opinión esta semana sobre sanidad, horarios comerciales, el nuevo libro de Václav Klaus, los derechos humanos en Cuba... Lamentablemente, no ha tenido un rato para ilustrarnos sobre la detención de Gerardo Díaz Ferrán. Es un silencio sospechoso. Aguirre en particular y el PP en general tienen mucho que contarnos sobre el hombre del lingote de oro al que Aznar condecoró con la medalla de plata al Mérito en el Trabajo.
El expresidente de la patronal no solo decía que Esperanza Aguirre era «cojonuda», también lo demostraba con sus actos. En el 2003, varios importantes empresarios españoles donaron más de un millón de euros a Fundescam, una opaca fundación del PP de Madrid que después gastó los donativos en la campaña electoral de Aguirre. La trama Gürtel se ocupó de falsear las facturas para intentar borrar el rastro de aquel dinero. Díaz Ferrán fue el mayor donante de Fundescam: aportó 246.00 euros en seis entregas. Su generosidad no fue en vano. La Comunidad de Madrid concedió después a sus empresas 6,4 millones en contratos públicos.
El caso Fundescam no prosperó. Tanto Anticorrupción como la Agencia Tributaria veían una presunta ilegalidad, pero ya estaba prescrita. En Españistán, el delito electoral caduca en solo cuatro años. El Tribunal de Cuentas lleva un retraso de cinco años en sus informes sobre la financiación de los partidos, así que estos pecadillos suelen quedar impunes.
Fundescam no es la única ocasión en que la justicia y sus curiosos plazos benefician a Díaz Ferrán con el PP de por medio. En el 2001, el Gobierno de Aznar vendió Aerolíneas Argentinas a Marsans por solo un euro. De propina, Díaz Ferrán y su socio recibieron 955 millones en ayudas públicas para reflotar la compañía. No lo consiguieron, pese a la escandalosa millonada: la compañía quebró. Díaz Ferrán fue acusado de apropiación indebida de fondos públicos y acabó en el juzgado número 35 de Madrid. Allí el caso se pasó entre diligencias y peritajes varios «nada menos que cinco años» (como criticó en un auto el juez de la Audiencia Eloy Velasco), hasta que el instructor descubrió que no era el tribunal competente y lo mandó a la Audiencia Nacional, donde aún no hay sentencia. ¿Saben quién llevaba aquel lentísimo juzgado 35 de Madrid? Gemma Gallego: la jueza del 'caso del ácido bórico', la que imputó a varios mandos policiales por un informe que relacionaba a ETA con el 11-M usando un desodorante para pies como prueba del nueve. Tras su paso triunfal por el juzgado 35, Gallego ascendió hasta el Consejo General del Poder Judicial: el PP la propuso para el cargo.
Sobre este blog
El blog personal del director de elDiario.es, Ignacio Escolar. Está activo desde el año 2003.
Puedes contactar con Ignacio Escolar y la redacción de elDiario.es mandándonos de forma confidencial información o documentación al correo electrónico: pistas@eldiario.es
Protegeremos tu identidad en todo el proceso si así lo deseas.
