La amnistía fiscal fue “la abdicación del Estado ante su obligación de hacer efectivo el deber de todos de concurrir al sostenimiento de los gastos públicos”. Legitimó “la conducta de quienes, de forma insolidaria, incumplieron con su deber de tributar de acuerdo con su capacidad económica”. Fue “la quiebra del objetivo de justicia del sistema tributario”. No había ninguna “situación de extraordinaria urgencia” que justificase su aprobación con un decreto ley. Todo esto y mucho más dice el Tribunal Constitucional sobre la amnistía fiscal que aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy. Ha sido declarada “nula”. Sus consecuencias no se anularán.
El Constitucional ha estimado el recurso que presentó el PSOE contra esta injusta e insolidaria amnistía fiscal. La sentencia es de una enorme contundencia y se ha aprobado por unanimidad, también con el voto de los magistrados que nombró el Partido Popular. Políticamente es muy relevante. Tributariamente dará igual.
La propia sentencia, en su penúltima página, incluye un detalle fundamental: que en aras de la “seguridad jurídica” las declaraciones de la amnistía fiscal se mantendrán. Aquellos que se aprovecharon de esta enorme ganga fiscal –como Rato, como Bárcenas, como Granados, como los Pujol– pueden dormir con tranquilidad. Sus amnistías no serán revisadas, a pesar de que solo pagaron de media un 3% del dinero que regularizaron. Fue mucho menos que el 10% que anunció el ministro Montoro. Fue menos que el IVA de una barra de pan.
La sentencia del Tribunal Constitucional es coherente con la tradición judicial española, que interpreta la “seguridad jurídica” siempre en la misma dirección: a favor de los que tienen más. Se parece mucho a esa sentencia del Tribunal Supremo sobre las cláusulas suelo, que anuló este abuso bancario, pero limitó la retroactividad para evitar “trastornos graves” a la banca. Hasta que la justicia europea nos obligó.
Más allá de las consecuencias políticas, la decisión del Constitucional tiene otra derivada más: que ningún otro Gobierno podrá volver a aprobar una nueva amnistía fiscal por la vía del decreto ley. Pero a pesar de la sentencia, el presidente que amparó esta vergonzosa medida y el ministro de Hacienda que ni siquiera admitió la realida continuarán. Hoy siguen mintiendo: dice el ministro de Justicia que el Constitucional solo ha anulado la amnistía por aprobarse por decreto y simplemente no es verdad.
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