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Un año de Macri: la sombra del libre comercio vuelve a Mercosur y a América Latina

El Gobierno de Macri ha desarrollado en su año de mandato importantes políticas de ajuste para situar a Argentina en la lógica de competitividad neoliberal en detrimento del bienestar y los derechos de su ciudadanía

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Durante el último año, tras la victoria de Mauricio Macri en Argentina en noviembre de 2015, la llegada al poder de Temer en Brasil y el incremento de la inestabilidad política en Venezuela, estamos asistiendo a una transformación del Mercosur como proyecto de integración regional que hasta ahora servía de paraguas para promover un desarrollo sostenible, endógeno y social en la región. El actual proceso de cambio se ve acompañado de una apuesta por la inclusión en el marco global de libre comercio y del consiguiente deterioro en materia de bienestar y justicia social.

En noviembre de 2005, durante la IV Cumbre de las Américas en Mar del Plata, en la que se esperaba poner en marcha el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), se produjo un histórico enfrentamiento entre los gobiernos que defendían el ALCA, encabezados por Estados Unidos, y aquellos que, liderados por Lula da Silva, Néstor Kirchner y Hugo Chávez, se oponían al mismo.

Ello resultó en la paralización definitiva del ALCA, lo que abrió un nuevo ciclo en América Latina: un ciclo de desarrollo sostenible y de defensa de la dignidad humana y de los pueblos que duró hasta noviembre de 2015 con el triunfo de Mauricio Macri en Argentina.

Durante esta última década de emancipación popular, se buscó superar el modelo clásico primario-exportador por el cual la producción latinoamericana se supeditaba a la demanda de materias primas de los países ricos, sobre todo de Estados Unidos y la Unión Europea (UE).

Se trataba de revertir el deterioro de los términos de intercambio, ya que el precio internacional de las manufacturas tiene generalmente tendencia al alza, mientras que el de las materias primas tendería a la baja, lo que implica que un modelo primario-exportador condena al subdesarrollo, además de a una economía con poca diversificación y capacidad de afrontar los ciclos de crisis.

Se apostó de este modo por un modelo de crecimiento endógeno y sostenible, con Estados fuertes que corrigiesen las fallas y desigualdades del mercado, permitiendo alcanzar un muy significativo desarrollo, entendido este como una transformación social alcanzando importantes tasas de cohesión social al reducirse la pobreza y la desigualdad.

En esos años se trató de poner la economía al servicio de la gente y su dignidad. Este ejercicio emancipador aprende de las experiencias del modelo de sustitución de importaciones de los años sesenta, pero supera sus limitaciones al apostar al mismo tiempo que por la protección de la industria nacional, por la integración regional, dando acceso de una manera planificada y controlada a mercados más amplios.

Mediante la protección dentro de la región a través de lo que podría llamarse aranceles educadores, se permitió que se encareciesen los bienes importados, se desplazase la competencia internacional y se reservase la demanda doméstica para la producción nacional.

El Mercosur, como asociación para la integración económica entre iguales, resulta un elemento fundamental para comprender el ciclo virtuoso de la última década en América Latina. La devolución al control público de los sectores energéticos estratégicos y el freno de los fondos buitres especulativos que asfixiaban la economía son ejemplos de cómo fue posible priorizar los intereses de los pueblos sobre los de aquellos, acostumbrados a esquilmar América Latina y a llevarse todo el beneficio al Norte.

El fortalecimiento del Mercosur, como proceso integrador justo, sostenible y entre iguales, se contrapone al modelo de corte neocolonial y asimétrico que suponía el ALCA y que suponen hoy en día los tratados de libre comercio de nueva generación.

Sin embargo, el Mercosur está hoy en crisis. El incremento de la inestabilidad política en Venezuela, a veces auspiciada por intereses extranjeros (también electoralistas), es un factor importante de ello.

Más significativo aún resulta la derrota del kirchnerismo ante el empresario y expresidente del Boca Juniors, Mauricio Macri, en Argentina. El cambio de ciclo en Argentina se trasladó pocos meses más tarde a Brasil mediante un golpe, que a través de vericuetos legislativos y parlamentarios, revierte el modelo presidencialista consagrado en la constitución doblegando la voluntad del pueblo al derrocar a la presidenta electa Dilma Rousseff e instaurar el gobierno ilegítimo de Michel Temer.

Los gobiernos de corte neoliberal de Macri y Temer se unen al de Paraguay, y junto a la inestabilidad en Venezuela, reducen el margen de acción del gobierno de Tavaré Vázquez en Uruguay.

Estos cambios han frenado de súbito el camino hacia la integración no sólo económica sino política, como demuestra el hecho de que el ejecutivo de Argentina haya decidido por decreto no pagar salario alguno a los diputados electos para el parlamento conjunto del Mercosur, el llamado Parlasur.

Brasil y Paraguay están también frenando la incorporación como miembro pleno de Bolivia. Brasil y Argentina, igualmente, vetaron en julio que Venezuela asumiera la presidencia pro tempore del Mercosur como hubiera correspondido por rotación.

De hecho, se hicieron públicas las cartas que el ministro de exteriores del interino Temer de Brasil envió a sus ministros y representantes en el Mercosur para no asistir a las reuniones convocadas por la presidencia de Venezuela.

El conflicto entre Macri y Temer por un lado, y Venezuela, por otro, es tal que Venezuela no fue invitada a la reunión informal del Mercosur, que tuvo lugar durante la cumbre Iberoamericana de Cartagena de finales de octubre. Y todo apunta a que en diciembre se acordará la suspensión, sino la expulsión, de Venezuela como miembro del Mercosur.

Hoy, el Mercosur ha dejado de entenderse como una suerte de burbuja en la vorágine del libre comercio mundial que permite el desarrollo endógeno y la emancipación de los pueblos, ya que sus principales gobiernos lo están orientando hacia Estados Unidos y Europa.

Por un lado, en busca de legitimidad y apoyo internacional, los gobiernos de Brasil y Argentina están apostando por un tratado de Libre Comercio con la Unión Europea para intentar dar una imagen aperturista y moderada, aceptando incluso la liberación de la compra pública o severas cláusulas de propiedad intelectual, líneas rojas para los anteriores gobiernos pero eje central de sus campañas electorales, lo que les pone en una situación de desventaja en las negociaciones.

Por otro lado, ambos gobiernos en su intento de aproximarse a Estados Unidos también se están acercando a la Alianza del Pacífico y al Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TTP).

Si se pretende una incorporación en términos competitivos al libre comercio global a través de acuerdos como el Tratado de Libre Comercio que se quiere firmar con la Unión Europa o a través de la anexión al TTP, los países del cono sur no solo retornarán al modelo primario exportador, sino que deberán acometer una importante reforma laboral, similar a la del Gobierno Rajoy en España (que ya sirvió de inspiración a la francesa), que abarate los costes del trabajo, con el consecuente grave impacto social e incremento de la pobreza y la desigualdad.

De hecho, en Argentina, el Gobierno Macri ha desarrollado ya, en su año de mandato, importantes políticas de ajuste estructural con el fin de situar a Argentina en la lógica de competitividad neoliberal en detrimento del bienestar y los derechos de su ciudadanía.

Una de las medidas más polémicas fue la aplicación del llamado tarifazo: una subida del 500% de las tarifas subsidiadas de los servicios públicos del sector energético y de transporte público, que se traduce en un significativo incremento del precio de la canasta básica de alimentos.

En consecuencia, la medida ha supuesto un gran incremento de la inflación, pese a que una de las promesas de Macri durante su campaña electoral era su reducción. Así, desde Macri ocupa la Casa Rosada, la inflación ha pasado de en torno a un 25% a un 40% y la deuda pública se ha doblado.

Además, según el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), desde diciembre de 2015 a junio de 2016, hubo 167.000 despidos en el sector público y privado, sobre todo en los sectores de la construcción y la industria debido a la caída de la inversión pública. Todo ello ha conducido a un importante incremento de la pobreza.

Según un informe del Barómetro de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), en los primeros meses del Gobierno Macri hubo más de un millón de nuevos pobres. Algo similar está también ocurriendo en Brasil, donde, por ejemplo, se han reducido los fondos destinados a los programas sociales de vivienda, educación y de lucha contra la pobreza.

En ambos países está produciéndose un grave retroceso en los logros sociales alcanzados durante la última década, lo que conlleva un incremento del descontento, la contestación y las movilizaciones sociales.

Tanto Macri como Temer están respondiendo aumentando la criminalización de la protesta, así como la represión y el hostigamiento. En este sentido, es paradigmático el caso de Milagro Sala (dirigente política, social e indígena argentina, líder de la Organización Barrial Túpac Amaru, elegida en 2015 como diputada del Parlasur por el Frente para la Victoria) que en enero de 2016 fue detenida de manera arbitraria por el ejercicio de sus derechos humanos, según ha dictaminado el propio Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Detenciones Arbitrarias, y que a día de hoy continúa en prisión sin haber sido sentenciada por ningún tribunal.

El caso de Milagro Sala no es un caso aislado. El incremento de hostigamientos y criminalización se enmarca en medidas adoptadas por el gobierno Macri como la declaración de emergencia nacional en seguridad, el confuso anuncio de un protocolo que busca limitar la protesta social y el desmantelamiento de áreas del Estado que participaban en la investigación de la complicidad empresarial con los crímenes de lesa humanidad.

Es significativa en este sentido la reducción en alrededor de un 50% de los fondos programa que aseguraba a sobrevivientes y familiares de víctimas de delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura y al acompañamiento jurídico para querellar en causas y juicios.

Como ha expresado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la situación de los derechos humanos en Brasil, igualmente, se está deteriorando con el Gobierno Temer, quedando demostrado por el incremento de los hostigamientos a comunidades indígenas como la Guaraní-Kaiowa o la criminalización de los defensores de derechos humanos.

Las manifestaciones en Brasil bajo el lema Fora Temer ("Fuera Temer") se han convertido en una campaña popular que recoge ya hasta su propia canción. Las últimas han sido encabezadas por estudiantes que han ocupado las universidades e institutos en protesta a los recortes en educación que el nuevo gobierno promueve, protestas y ocupaciones duramente reprimidas con armas de fuego en los desalojos para intimidar a los estudiantes.

Es preocupante el rumbo que están tomando los nuevos gobiernos del Mercosur, apostando por un modelo primario exportador orientado al libre comercio con la Unión Europea y Estados Unidos. No menos preocupante es la actitud de la UE y Estados Unidos, que respaldan incondicionalmente a estos gobiernos, en ocasiones de dudosa legitimidad democrática, mirando para otro lado ante el deterioro del bienestar social y de los derechos humanos y priorizando el negocio de las grandes transnacionales.

Los retrocesos que se están produciendo en el Mercosur no sólo en materia de dignidad humana y derechos humanos, sino también en lo relativo a la integración económica y política del bloque tendrán consecuencias nefastas a largo plazo y serán complicados de revertir.

Esperemos que la dignidad de los pueblos latinoamericanos, tantas veces ejemplo para otros pueblo, sobreviva y pronto se articule en nuevos proyectos capaces de revertir este periodo oscuro comenzado hace apenas un año y de volver a poner las instituciones, y la economía, al servicio de la gente.

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