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GALICIA

A Coruña reclama a la Iglesia terrenos municipales que registró como propios

El Ayuntamiento insta al Arzobispado de Santiago a "rectificar de manera voluntaria" la inmatriculación indebida que realizó de varias parcelas colindantes con tres centros parroquiales de la ciudad.

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Colegiata de Santa María en A Coruña

Colegiata de Santa María en A Coruña FirkinCat

A Coruña acaba de reclamarle a la Iglesia terrenos municipales que registró como propios. El Ayuntamiento ha enviado este lunes al Arzobispado de Santiago de Compostela una circular en la que le solicita la "rectificación de la matriculación de terrenos de dominio público municipal" que habían sido registrados por la autoridad eclesiástica a pesar de no pertenecerle por ley. 

Concretamente, se trata de tres espacios contiguos a diferentes centros parroquiales en distintos lugares de la ciudad que sumarían algo más de 1.300 metros cuadrados, ahora propiedad de la Iglesia y que la administración local pretende recuperar al ser "de dominio público y titularidad del Ayuntamiento". En el escrito enviado al Arzobispado, y al que ha tenido acceso este diario, el área de Regeneración Urbana y Derecho a la Vivienda "insta" la autoridad religiosa "a la rectificación voluntaria de la inmatriculación" de dichos terrenos al ser de propiedad municipal "en virtud del acuerdo de cesión" firmado entre Ayuntamiento y Xunta hace ya 25 años.

Se refiere la reclamación a una plaza frente a la parroquia de la Resurrección ubicada en el denominado Barrio de las Flores y que ocuparía 678 metros cuadrados. También a una zona de las calles adyacentes y el atrio o plaza frontal de la Iglesia de Santiago y de la Colegiata de Santa María, ambos espacios históricos y muy turísticios situados en la Ciudad Vieja y que ocuparían 256 y 470 metros cuadrados respectivamente.

Se trata, como aclaran fuentes municipales, de la reclamación de terrenos importantes "que la Iglesia se autoadjudicó, pero que en realidad son municipales". En los tres casos, y tal y como explica la circular enviada al Arzobispado, el Ayuntamiento ha recabado información sobre las inmatriculaciones hechas por la Diócese de Santiago "por si pudieran incluirse espacios de dominio público local". Examinados los archivos municipales, la Técnica de Administración General del Departamento de Patrimonio Urbanístico comprobó que se había matriculado espacios que eran de propiedad municipal.

En consecuencia, y basándose en la protección de los bienes públicos que ordena la Ley de Patrimonio de las administraciones públicas y la Ley de Bases de Régimen Local, el Ayuntamiento ha decidido instar al Arzobispado a que rectifique los registros llevados a cabo irregularmente.

El Concello de A Coruña ha dado un plazo de dos meses a la Iglesia para que proceda a la rectificación de las inmatriculaciones indebidas, teniendo el Arzobispado quince días para presentar alegaciones. En el caso de no haber respuesta, la administración local acudirá a la vía judicial.

Las polémicas inmatriculaciones

La reclamación en A Coruña no es ni será la única. La Iglesia en España, sobre todo a partir de 2003, participó con ímpetu en el boom inmobiliario. Una reforma de la ley hipotecaria de 1998 durante el gobierno de Aznar le permitió en exclusividad inscribir lugares de culto y otras propiedades que no estuvieran registradas. Llegó a registrar unas 4.500 propiedades a su nombre aprovechando que las certificaciones y testigos que exigía la burocracia para estas actividades fueron sustituidas por una simple certificación del Obispado sin necesidad de poseer título de dominio alguno sobre el bien. Uno de los casos más polémicos fue el de la Mezquita de Córdoba.

Una reforma de hace pocos meses de esta ley hipotecaria eliminó este privilegio a la Iglesia, pero sin carácter retroactivo, lo que provocó las protestas de numerosos colectivos, que llevaron el caso al Parlamento Europeo. Sea como fuere, en el caso de A Coruña, el Ayuntamiento insta a la rectificación de la Iglesia al comprobar que los bienes que había aprovechado para inmatricular no eran en realidad suyos, sino de dominio público, por lo que el gobierno local reclama que se los devuelva a la ciudadanía.

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