Condenan a la Xunta por la muerte de una paciente en una clínica concertada
En mayo de 2009 una mujer de Cangas do Morrazo, de 72 años de edad, acudió al Hospital Povisa, clínica privada que mantiene un concierto con el Servizo Galego de Saúde para hacerse cargo de una parte de los usuarios y usuarias del área sanitaria viguesa. Presentaba un cuadro de hipertensión, y así había sido diagnosticado en el Centro de Salud de Cangas, pero en Povisa -donde fue remitida- no se valoró acertadamente la gravedad y la necesidad de una actuación urgente. Recibió un simple tratamiento con ansiolíticos y fue enviada a su domicilio para su seguimiento por el médico de cabecera, en vez de intervenir un neurólogo o especialista en medicina interna. La mujer sufrió una caída y reingresou al día siguiente en Povisa, donde falleció.
La familia de la difunta formuló una reclamación ante el SERGAS y la instructora del caso realizó una propuesta favorable a la indemnización. Sin embargo, la Xunta se negó a pagar lo reclamado. Esto obligó a los hijos de la víctima a presentar una demanda ante el Juzgado Contencioso de Santiago, que la desestimó señalando que tendría que ser Povisa la que indemnizase por su mala praxis. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSXG) acaba de condenar a la Consellería de Sanidade a pagar una indemnización de 100 mil euros, subrayando que “cuando el paciente de la sanidad pública acude al centro concertado remitido por el SERGAS, la responsabilidad es del SERGAS, si se dirige contra él la reclamación, sin perjuicio de que pueda reclamarle al centro concertado el importe de la condena”.
La demanda, dirigida por el abogado Cipriano Castreje Marténez a través de la entidad El Defensor del Paciente, no hace hincapié en la actuación del personal del SERGAS, reconociendo “la rápida y acertada intervención del facultativo” que atendió a la mujer en su Centro de Salud. La propia instructora del procedimiento había resaltado la deficiente atención prestada en el centro privado, señalando que “no se siguieron por Povisa las pautas y tratamiento para una emergencia hipertensiva”, y añadiendo la instrucción del caso que “parece tratarse de una hemorragia de origen hipertensiva” y que “esta hemorragia probablemente no se habría producido si el facultativo de urgencias de Povisa no hubiera enviado a paciente a su domicilio persistiendo cifras de tensión arterial 180/100, tras dos horas de estancia en el hospital, debiendo permanecer en observación más tiempo”. La instructora añade que “también es posible que la persistencia de cifras altas de tensión arterial estaría en el origen del traumatismo y por lo tanto de la hemorragia”.
El perito judicial avala “la insuficiencia de anámnesis y exploración practicada a la paciente por Povisa” según los síntomas presentados. Y considera que Povisa valoró “inadecuadamente” la gravedad de la crisis hipertensiva “como una mera urgencia en vez de una emergencia” que obligaría a más tiempo de observación. El perito añade que “no se hicieron las pruebas complementarias de los protocolos (fondo de ojo, tira de orina, etc)” y cree altamente probable que la hemorragia cerebral padecida por la paciente haya tenido origen hipertensiva. La sentencia concluye “la deficiente actuación del servicio de urgencia de Povisa” y señala que “la sanación con el tratamiento adecuado resultaba altamente probable”.
Una sentencia “de altísimo valor social”
Carmen Flores, presidenta de la asociación El Defensor del Paciente, señala que esta sentencia “tiene un altísimo valor social y protector de los derechos de los pacientes de la sanidad pública que son derivados a los centros concertados”, con una aplicación de la legislación vigente y la doctrina jurisprudencial “más moderna, en clara superación de formalismos trasnochados, y en defensa de la tutela judicial efectiva de todas las partes actuantes”.
Gracias al convenio firmado con el Sergas, Povisa recibe cada año case 75 millones de euros del presupuestos de la Xunta, alrededor de 535 euros por cada una de las tarjetas sanitarias de las que el centro se hace cargo, unas 139.000. Desde los colectivos en defensa de la sanidad pública, ayuntamientos de la comarca (cómo Cangas, Bueu o Moaña), sindicatos y colectivos profesionales suelen recordar que “Povisa no ofrece la misma calidad asistencial que los hospitales públicos, como se comprueba en las ratios de trabajadores por paciente y otros indicadores”.
Esta denuncia se ha hecho notar especialmente en los últimos meses, coincidiendo con una “brutal campaña de marketing” (así la han definido las entidades en defensa del paciente) con la que el hospital privado buscaba quitarle pacientes a los centros públicos, para incrementar así la cifra de dinero público que cada año recibe del Gobierno gallego. A pesar de ofrecer menos servicios que los hospitales públicos, Povisa aprovechó las innegables deficiencias del nuevo hospital de Vigo para vender una imagen de mayor calidad. “Povisa ofrece muchos menos servicios que el hospital público. Sería una insensatez que los ciudadanos cambiaran”, destacaba en conversación con este diario Manuel Martín, portavoz de SOS Sanidad Pública, que añadía que “solo faltaría que el compadreo con el SERGAS hiciera que Povisa se lucrase de una situación que ellos mismos han contribuido a crear”.
Povisa se mantiene igualmente como el hospital de la red pública -en la que se incluye a través del concierto- que presenta unos tiempos de espera más elevados. Aunque ha reducido su cifra en el último año, la espera media para una cirugía en el centro privado es de 139 días, frente a los 99 del resto del área de Vigo y a una media en toda Galicia de 78,8 días.
