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La Fiscalía pide imputar al capitán del Prestige para mantener el “prestigio” del Estado

El Supremo revisa los 17 recursos contra la sentencia del Prestige

Miguel Pardo

La Fiscalía acaba de reclamar en el Tribunal Supremo que se anule la sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña que en noviembre de 2013 absolvió el Estado de la catástrofe provocada por el Prestige y que había calificado la gestión del Gobierno central como “profesional y correcta”. Aquel dictamen, que había causado una honda indignación entre la sociedad gallega, absolvió a la Administración de delito medioambiental al evitar condenar al exdirector general de la Marina Mercante, José Luis López-Sors, el único cargo político del Gobierno acusado. Se saldó con una única condena: la de nueve meses de prisión por desobediencia grave para el capitán del buque, Apostolous Mangouras, que tampoco fue declarado culpable por la gestión del naufragio.

Ahora, la Fiscalía intenta que la sentencia sea declarada nula, pero no para que se revise la absolución de la gestión administrativa de la catástrofe -y que había sido puesta en entredicho por peritos y por las conversaciones con Salvamento Marítimo grabadas en aquellos días-, sino para buscar una condena al capitán del Prestige y volver a evitar la asunción de responsabilidades del Estado. Pretende que la Audiencia de A Coruña dicte otra sentencia que tenga en cuenta cinco documentos que el fiscal considera “centro neurálgico” de la carga probatoria y que el dictamen no tuvo en cuenta, así como que se reconozcan indemnizaciones por 4.238 millones de euros

El fiscal, Luis Navajas, considera la sentencia “coja” y “notoriamente errónea” y en su intervención en la vista en la que el Supremo analiza los doce recursos presentados la ha llegado a calificar de “ilógica y arbitraria”. Pero también ha dejado claras sus intenciones al asegurar que está en juego “el prestigio del Estado español como Estado que defiende sus costas, algo que quedó en entredicho”.

Así, la Fiscalía reclama que la nueva sentencia condene al capitán, teniendo en cuenta documentos como el que refleja la inspección visual que Mangouras realizó en los tanques de lastre de estribor, donde luego se produciría la avería inicial que provocó el accidente. Cree también que se obivaron las anotaciones en el libro de navegación del anterior capitán donde denunciaba el mal estado del barco poco antes de rechazar navegar en él. Éstos y otros tres documentos son claves y el Estado entiende que se creó “indefensión” al no tenerlos en cuenta.

La Fiscalía intenta así que el delito de desobediencia que se atribuyó al capitán incluya también una responsabilidad civil que permita resarcir los daños. De anularse la sentencia, el caso se demoraría aún más en el tiempo, toda vez que ya pasaron trece años desde la catástrofe. El Estado pretende recuperar algo de los más de 2.000 millones de euros que gastó tras el vertido de más de 60.000 toneladas de fuel. Una hipotética condena del capitán por parte del Supremo podría determinar que la operadora del barco y la aseguradora del Prestige afrontasen la póliza de 1.000 millones suscrita por la embarcación.

Nunca Máis critica la actuación de la justicia

Entre los recursos que estudia el tribunal también se encuentran elde la Xunta, el del Gobierno francés y varias administraciones locales galas o asociaciones como Arco Iris y Nunca Máis. Esta última plataforma mantiene su crítica la una petición de la Fiscalía que “es parcial y está enfocada en el capitán y en la armadora, dirigida a un interés monetario y no a poner en evidencia la responsabilidad de la gestión”. “Sólo pretenden que haya una condena que permita acudir al cobro de indemnizaciones para cubrir los gastos”, dice Xaquín Rubido, portavoz del colectivo que movilizó millares de personas en Galicia durante la catástrofe y en los años posteriores.

“Nosotros entendemos que hay más responsabilidades y una clarísima es la del gobierno del PP por su gestión”, insiste Rubido, que cree que “ya fue un éxito” poder imputar a López-Sors “dadas las condiciones de la justicia española”. “Hablemos claro: la sentencia fue un aval a la gestión del Estado y pasó ampliamente del dictamen de peritos especializados que argumentaron con claridad que la gestión de la catástrofe provocó un impacto medioambiental importatísimo que no se habría producido con un protocolo de actuación claro”, insiste quien recuerda que en las grabaciones emitidas en el juicio “quedaron claras las recomendaciones de Salvamento Marítimo para llevar el buque a un puerto refugio”.

“Aquí hubo presiones políticas y eso es muy preocupante”, añade Nunca Máis, que recuerda que acudió a la justicia para que “se repare el daño causado: material, medioambiental y moral”. “La ciudadanía se llevó una bofetada con la sentencia, la sociedad que luchó, que protestó y que sufrió las consecuencias”, dice tras asegurar que “aquí no hay nadie que haga autocrítica”. “Es difícil confiar en una justicia que tarda once años en emitir una sentencia; lo que hubo fue una voluntad política de diluir esto en el tiempo y evitar un mayor malestar social”, dice.

Nunca Más recuerda que su única alternativa ahora es acudir al Tribunal de Estrasburgo, algo que harán gracias al dinero recogido en una colecta entre la ciudadanía. “No hay más pasos judiciales, el único que nos quedaría sería la acción ciudadana, social y política para otro tipo de reparaciones, pero desde el punto de vista legal, y después del Supremo, sólo nos queda Estrasburgo”, remata.

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