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GALICIA

Imputados cuatro ex altos cargos de la Xunta por el dragado de la ría de Ferrol

Un ex director general se une a los otros tres cargos de Medio Ambiente investigados por presuntos delitos contra los recursos nautrales, prevaricación y falsedad documental. La declaración de uno de los implicados acaba por imputarlo a él y a García-Borregón. 

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García-Borregón y Agustín Hernández

García-Borregón y Agustín Hernández Xunta

Son ya cuatro los cargos de Medio Ambiente durante la etapa de Agustín Hernández como conselleiro investigados -lo que antes se denominaba imputados- por el polémico dragado de la ría de Ferrol. Los dos últimos que han sido llamados a declarar a petición de la Fiscalía ambiental del TSXG el próximo 6 de junio son el ex director xeral de Natureza, Ricardo García-Borregón, y Javier Turrillo Montiel, ex jefe del Servizo de Análise e Proxectos de la Consellería por aquel entonces. Antes lo habían hecho ya Rogelio Fernández (ex subdirector general de Espazos Naturais e Biodiversidade) y Carlos Muñoz (entonces jefe del Servizo de Conservación da Natureza en la Delegación Provincial de A Coruña).

Todos ellos están acusados por la Fiscalía de delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, prevaricación y falsedad documental después de un polémico dragado denunciado en 2011 por la asociación ecologista Adega. La obra, tal y como recuerda el colectivo, tenía como objetivo aumentar el calado de la entrada de la ría para permitir el paso a grandes buques como los gasiros de Reganosa. Según las acusaciones, y ya iniciadas las obras, todos estos cargos de la Consellería habrían "cocinado" una autorización ambiental fraudulenta basada en un supuesto informe técnico que no figuraba en el expediente.

Rematadas las obras, y después de las gestiones del Valedor do Pobo y la Fiscalía y tras la denuncia de Adega, apareció además un informe que había sido ocultado y que consideraba el dragado "ambientalmente incompatible con la conservación de los hábitats y especies presentes" y que recomendaba a no ejecución del proyecto por sus impactos ambientales en una área (LIC Costa Ártabra) parte de la Red Natura 2000. Xunta y Portos de Galicia acabaron por aprobar el proyecto sin los informes requeridos.

Llama la atención, según el auto al que tuvo acceso este diario, que tanto García-Borregón como Javier Turrillo declararon en el juzgado de instrucción número 3 de Santiago, donde se desarrollan las diligencias previas, como testigos el pasado mes de abril. Fueron las declaraciones del que había sido jefe del Servizo de Análises e Proxectos las que desembocaron tanto en su imputación como en la posterior del ex director general. Reveló que se habían mantenido reuniones entre todos estos altos cargos de la Consellería para tratar las "discrepancias" en los informes, que se "reunieron para decidir que había que hacer algo para explicar" el "lapsus de tiempo muy grande entre el informe de impacto ambiental y el del servicio del declarante" y que se incluyó una "nota interior" en la documentación para intentar justificar los defectos en los documentos.

"Cantó y habló él incluso de la reunión mantenida para cocinar la autorización ambiental fraudulenta", aseguran a este diario fuentes judiciales. Tras esas revelaciones, el Ministerio Fiscal solicitó que los testigos pasaran a declarar como investigados, una petición a la que se unió la acusación y que acabó aceptando el juez, que considera que puede existir un delito de falsedad documental. Se detuvieron así las declaraciones para incorporar a García-Borregón y Turrilo como imputados a la causa.

Las mismas fuentes judiciales creen que será complicado que el ex director general de Natureza, así como el resto de investigados, sean condenados por un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, pero ven "muy probable" que sí lo sean por "una falsedad documental de libro" que sería demostrable con evidentes pruebas.

García-Borregón, que había estado implicado en muchas más polémicas, fue cesado de su puesto como director general de Conservación da Natureza en agosto de 2013. El resto de implicados en el caso del dragado de la ría de Ferrol también han sido destituidos de sus puestos o cambiados de departamento por diferentes motivos.

"Desastrosa gestión"

Desde Adega, que fue quien había denunciado las irregularidades, siguen "confiando en la labor de la justicia y de la Fiscalía" en un caso que "representa la paradójica culminación de la desastrosa gestión de la biodiversidad y de los espacios naturales acontecida en los últimos años". La asociación ecologista critica la "escandalosa inacción, cuando no la defensa de intereses ajenos a la conservación" que se ejemplificaría en numerosas actuaciones en parques naturales o en la "paralización injustificada de la ampliación de la Red Natura 2000", pero "también en la tolerancia o promoción de actuaciones incompatibles con la protección de nuestro patrimonio natural: piscifactorías, minas, eólicos, celulosas, eucaliptización de espacios naturales, licencias ilegales de caza o cacerías de lobos".

Para Adega, "resulta irónico, pues, que sea la tramitación irregular de una obra para beneficiar a Reganosa -como acaba de pasar con el gobierno en funciones de Rajoy- la que suministre las pruebas que lleven los responsables o cómplices de tantos otros destrozos ambientales delante la Justicia", finaliza.

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