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GALICIA

El año en que el PP intentó boicotear el dispositivo contra incendios de la Xunta

La diputada autonómica María Faraldo, ahora procesada por presunta prevaricación y falsedad documental en su etapa como alcaldesa de Betanzos, instó en 2006 como secretaria de organización del PP de A Coruña a "dilatar" la constitución de las brigadas de extinción de incendios.

La parlamentaria ya ha puesto su cargo a disposición del partido, que por el momento la mantiene en el escaño, mientras PSdeG, AGE y BNG reclaman su dimisión.

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Faraldo (centro), con Rajoy y Feijóo en un evento de partido

Faraldo (centro), con Rajoy y Feijóo en un evento de partido

En el verano de 2006 Galicia vivía la peor ola de incendios en dos décadas. En plena ola de fuego, la Cadena SER sacaba a la luz un informe remitido por el PP de A Coruña a sus alcaldes en la provincia, en la que el partido incluía las instrucciones que debían seguir los regidores a la hora de firmar los convenios para constituir las brigadas municipales de incendios, que se venían organizando en colaboración con la Xunta. Los conservadores admitían que, "la verdad", no existían "grandes diferencias" entre las condiciones que imponía el bipartito y las que anteriormente habían estipulado los gobiernos de Manuel Fraga, pero los instaba a desarrollar una "estrategia basada en la dilación" para retrasar la puesta en marcha del dispositivo.

Quien firmaba aquella instrucción era la secretaria de organización provincial del partido, María Faraldo, quien después sería alcaldesa de Betanzos y actualmente es diputada, con la permanencia en el escaño en tela de juicio tras ser procesada "por la eventual comisión de los delitos de prevaricación administrativa y falsedad documental" en su etapa como regidora betanceira. Faraldo, que ya ha puesto su cargo a la disposición del partido, indicaba en aquel informe de 2006 que "no parecía" que las "diferencias" entre las condiciones del bipartito y las anteriores tuvieran "suficiente entidad" para "justificar" una "decisión de los ayuntamientos del PP de no firmar los convenios", esencialmente porque "si hubiera muchos incendios, la Xunta intentaría responsabilizar al PP ante la opinión pública por esta decisión". Así, animaba a obstaculizar el proceso pero sin llegar a la "negativa".

"No se puede, en ningún caso, admitir las prisas y los plazos a modo de ultimatum que está dando la Consellería", indicaba Faraldo, quien les señalaba a sus compañeros de filas que debían "recordarles" a los responsables del departamento en aquel entonces dirigido por el nacionalista Alfredo Suárez Canal que "llevan un mes de retraso en los trámites" y que "un Ayuntamiento tiene sus procedimientos". Además, los animaba a ser "especialmente celosos" en el cumplimiento de la legalidad "a la hora de seleccionar al personal". "Se trata, en definitiva –resumía– de transmitirle a la opinión pública" que "los ayuntamientos del PP están dispuestos (...) a colaborar a tope en la lucha contra los incendios forestales" pero "la lentitud de la Xunta y las variaciones introducidas en los convenios alargan los procedimientos y provocan retrasos de más de dos meses".

Fragmentos del documento remitido por Faraldo en 2006

Expediente informativo

Casi ocho años después de aquel episodio, que Alberto Núñez Feijóo había reducido a un "párrafo infeliz" y que Alfonso Rueda había apoyado "absolutamente", la dirección gallega del PP tiene de nuevo a Faraldo entre sus preocupaciones, pero por el referido procesamento. Según el auto dictado por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia a raíz del procedimiento en el que el Ayuntamiento de Betanzos es parte acusadora, en la etapa de María Faraldo como alcaldesa el director del conservatorio de la localidad "consideró necesario contratar un nuevo profesor que lo ayudara en sus tareas docentes" aunque "en contra de lo que alegaba, no hubo incremento en el número de alumnos, sino que disminuyó en uno". Para cubrir este puesto "se puso en contacto" con un "antiguo alumno" que se encontraba en situación de desempleo y a quien procedió a "presentar y darle la bienvenida" al claustro del centro docente como "nuevo integrante del profesorado" mientras se tramitaba su contratación.

Una vez iniciados los trámites administrativos, explica el juzgado, el secretario del Ayuntamiento comunica que "no se puede proceder al alta" porque "no consta proceso de selección ni trámite ninguno para su contratación", además de que tal puesto no figuraba en la correspondiente relación de puestos de trabajo. "La entonces alcaldesa", María Faraldo, "es perfecta conocedora de la situación, hasta el punto de que" en octubre de ese mismo 2009 "procede a la contratación de profesores del conservatorio".

Siempre según el auto, para esquivar "las dificultades" y "darle satisfacción a las pretensiones" del director del conservatorio, nombrado por ella, "toma por sí misma, sin sujeción a expediente o proceso selectivo ninguno, un contrato verbal de prestación de servicios en calidad no de profesor del conservatorio, sino, siguiendo las instrucciones del director, de reparador y afinador de instrumentos musicales como autónomo, aunque no le constaba ni siquiera que tuviera algún título específico al efecto". "Según parece", determina el juez, Faraldo realizó estas acciones para "dar satisfacción a los deseos y recomendaciones del director del conservatorio" a pesar de "ser conocedora de la imposibilidad jurídica de contratar en términos laborales a un nuevo profesor".

Ante esta situación, la viceportavoz del PP en el Parlamento de Galicia, Marta Rodríguez, confirma que Faraldo "ya ha presentado un escrito" poniendo su cargo "a disposición" del partido tras lo que define como "una nueva declaración indagatoria sobre unos contratos suscritos en su etapa como alcaldesa". Faraldo, dice Rodríguez, "cumplió en todo momento el código ético de los diputados" del PP, que "recoge la obligatoriedad de que los diputados informen de su situación procesal". El partido, por su parte, indica que está "estudiando" el auto e instruyendo un "expediente informativo" sobre la diputada, aunque partiendo de la base de que la acusación se refiere a un "proceso puramente administrativo" en el que "no hay por medio ningún ánimo de lucro ni beneficio para la diputada". La oposición parlamentaria, por su parte, ya ha exigido la dimisión de la parlamentaria.

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