El PP se lanza a una campaña para minimizar el alcance de la presunta prevaricación en Santiago
El 30 de mayo de 2012 la junta de gobierno local de Santiago aprobaba pagar con fondos públicos al abogado del concejal de Deportes, Adrián Varela, imputado en el caso Pokémon, tal y como había solicitado el interesado. Casi dos años después de aquella sesión, en la que no participó el alcalde Ángel Currás, a pesar de encontrarse en Compostela, la decisión tiene a siete ediles –la mitad más uno de los miembros del gobierno local– con un pie y medio en el banquillo de los acusados por un presunto delito de prevaricación en el que muchos ven la gota que hace desbordar un vaso sobradamente lleno de escándalos vinculados a presuntas prácticas irregulares. Tras varios días de incertidumbre, la consigna en el PP, comenzando por el presidente Feijóo, parece clara: minimizar el caso hasta donde las actuaciones de la Justicia lo permitan.
El despliegue de este argumentario llega después de que el propio Currás se reuniera con Feijóo en la residencia oficial de Monte Pío para, según publicó La Voz, pedirle que mantuviera a su gabinete, esto es, que no forzara el cese de los ediles encausados. Tras esa reunión, el secretario general del partido y vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, vino a decir que en última instancia lo que se va a aplicar no va a ser código ético ninguno, sino los estatutos del partido, esos que no obligan a la destitución mientras no haya una sentencia firme contra un cargo público –en este caso, la Fiscalía pide nueve años de inhabilitación, por lo que una condena sería sinónimo de dejar el cargo–. Con el campo de juego marcado en esos términos, apareció Feijóo.
Una semana más la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consello da Xunta fue escenario de toda una batería de preguntas sobre la convulsa situación del consistorio compostelano y de los intentos del presidente por esquivarlas de una forma u otra. “Todo el mundo conoce la decisión del alcalde de Santiago”, dice Feijóo, que enuncia el caso de una peculiar manera. Según el líder de la derecha, a los siete ediles se les imputa un presunto delito de prevaricación “por una decisión de la comisión de Gobierno con el visto bueno de los funcionarios responsables de velar por el cumplimiento de la ley y de la legislación en el ámbito municipal”. Así encabeza el presidente un argumentario en el que hay alguna imprecisión más.
¿Hubo informe favorable?
Efectivamente, la decisión estuvo apoyada en un informe de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento en el que no se avalaba incondicionalmente el pago del abogado de Varela, sino que en él se señalaban los casos en los que sería posible hacerlo. Ese informe, recuerda la jueza Ana López Suevos en uno de sus autos, especificaba que los gastos podrían ser cargados al erario si la imputación tenía “origen o causa directa” en una actuación “realizada en el cumplimiento” de su cargo o si esta no había implicado “abuso, exceso, desviación de poder” o “convergencia con intereses particulares”. El Ayuntamiento también podría pagar si, al final del proceso, se declarara “la inexistencia de responsabilidad criminal”. Según la jueza, “todos” los ediles acusados “conocían que la causa penal a la que había sido llamado a declarar” Varela “era la conocida como Pokémon” y que “estaba imputado por presuntos delitos de soborno, falsedad documental y prevaricación”. El caso no estaba, por lo tanto, relacionado directamente con el cargo de concejal de Deportes. Aun así, se tomó la decisión de pagar al abogado del concejal Adrián Varela.
Según el presidente de la Xunta, hace falta quitarle hierro al asunto no solo porque, a su juicio, no haya actuación delictiva, sino porque además la decisión no tuvo “repercusión económica ninguna”, toda vez que “el propio interesado inmediatamente renunció” a que el Ayuntamiento le pagara el abogado. Lo cierto es que los siete ediles aprobaron el pago el 30 de mayo y que Varela renunció el 1 de julio, un mes después de la aprobación y dos días después de que el asunto saliera a la luz pública a través del diario El País. Además, abunda Feijóo, hace falta también “considerar los antecedentes del Ayuntamiento, donde hay acuerdos plenarios que autorizaban el pago de las minutas en los supuestos de imputación de otros concejales”, afirma en referencia al caso Montebalsa, iniciado a raíz de una denuncia del PP y que fue archivado.
En la línea de su jefe de filas, la portavoz del Ayuntamiento compostelano, María Pardo, defendió este jueves el acuerdo de la junta de gobierno como “legal” por estar amparado en el convenio colectivo municipal, que reconoce el derecho a asistencia jurídica “por razón de conflictos (...) derivados de la prestación del servicio”. Sus compañeros y ella “no prevaricaron” y en este contexto, siempre según su interpretación, resulta “obvio” que está apoyada por el alcalde y el partido pero, sobre todo, por los “ciudadanos” y la mayoría absoluta que le otorgaron en 2011 a la lista encabezada por Gerardo Conde Roa. “Dejemos las cosas como están”, invitó Feijóo desde San Caetano. A él “le preocupan más otros asuntos que afectan a Santiago y a otras ciudades, que me parecen de mayor gravedad”.
