La Xunta siembra dudas sobre Corcoesto al no aclarar al Valedor si la DIA sigue vigente
La Xunta respondió por fin, y después de injustificados retrasos, a los requerimientos que el Valedor do Pobo le hizo sobre la validez o no de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto minero de Corcoesto que fue cancelado. Pero nada aclaró. La Consellería de Economía e Industria se limitó a enviar los motivos de la resolución de suspensión que le había sido comunicada a la empresa Edgewater, pero “sin aclarar oficialmente si dicha anulación implica o no el decaimiento de la tramitación ambiental”.
Así lo asegura la plataforma Salvemos Cabana, que fue informada por el propio Defensor de esta respuesta de la Xunta que no resuelve la duda que todos los colectivos contrarios a la mina de Corcoesto tienen desde que el Ejecutivo anunció la cancelación definitiva del proyecto: ¿Sigue la la DIA, que tiene cinco años de vigencia, en vigor?
Edgewater aseguró hace tan sólo dos semanas que ya negocia con un socio para relanzar el proyecto minero y recordó que el Gobierno gallego, “después de recientes consultas”, le confirmó que la tramitación ambiental “tiene validez durante cinco años, hasta diciembre de 2017”. Incluso el alcalde de Cabana de Bergantiños, donde se asentaría la mayoría de la mina a cielo abierto, había manifestado que la paralización de la iniciativa “sólo es el punto de arranque de un nuevo proyecto”. La “falta de transparencia” y opacidad de la Administración autonómica continúa a sembrar dudas sobre lo futuro de la mina a cielo abierto.
Ahora, y tal y como señala el escrito remitido por el Valedor a Salvemos Cabana, en el informe de la Xunta tan sólo “se resuelve la denegación de la aprobación del proyecto ante la insuficiente acreditación de la solvencia económica y técnica del solicitante”, señalando que esta decisión se dio “en aplicación de la legislación sectorial vigente y con el apoyo expreso de uno informe de la asesoría jurídica de la Xunta de Galicia y otro del IGAPE, este último relativo a los aspectos técnicos”. Nada se dice de la DIA y, por lo tanto, de si la llegada de un nuevo proyecto minero sólo depende de su capacidad financiera.
La Oficina del Defensor gallego considera que la Xunta no tiene el deber de aclarar s la DIA sigue en vigor en la resolución enviada a la empresa minera. El Alto Comisionado hace patente que mantiene el criterio jurídico al respeto hecho público en octubre de 2013, cuando señaló que “dado el rechazo global del proyecto, este tiene como consecuencia que decaigan todos los actos de trámite de este, entre ellos la evaluación ambiental” pues “no resulta aplicable el previsto para la posible caducidad de las declaraciones, puesto que la pervivencia durante un plazo se prevé para los casos en que se dio la autorización o aprobación del proyecto y este no comenzara a ejecutarse (art.14 del Real Decreto Legislativo 1/2008)” lo que además fue reiterado esta semana en el informe anual de la institución.
Por tanto, el Defensor considera que la la DIA no está vigente en ningún caso porque estaría vinculada únicamente al proyecto. En caso de que otra empresa apostara por una mina a cielo abierto, tendría que empezar de cero. A pesar de todo, la Xunta sigue sin aclarar si eso es así.
Ante esta situación, Salvemos Cabana “lamenta una vez más la opacidad de la Consellería de Economía e Industria en todo lo que rodeó desde lo principio al proyecto minero de Corcoesto y las trabas impuestas para acceder al expediente”. Además, advierte que estudiará “todas las vías legales a su alcance para que se hagan valer sus derechos y la población pueda estar informada sobre un tema de primera orden debido a sus numerosas implicaciones socioambientais no sólo en la comarca de Bergantiños, sino a nivel gallego”.
“Las actuales autoridades de la Xunta parecen obviar que, tal como señala la Ley 19/2013, la transparencia, el acceso a la información pública, y las normas del buen gobierno deben de ser los ejes fundamentales de toda acción política”, insiste la plataforma, que recuerda que “los países con mayores niveles en materia de transparencia y normas de buen gobierno cuentan con instituciones más fuertes, que favorecen el crecimiento económico y social y permiten una mejor fiscalización de la actividad pública, lo que contribué a la necesaria regeneración democrática y promueve la eficiencia y eficacia del Estado”.
