La Xunta no argumentó en los tribunales contra la cuantía de la indemnización a Pescanova
El Tribunal Supremo acaba de certificar la irregularidad de los permisos concedidos por el Gobierno de Manuel Fraga en funciones, en el campo urbanístico por la Consellería de Política Territorial que dirigía Alberto Núñez Feijóo y en el marítimo, por el departamento de Pesca que encabezaba Enrique López Veiga, para la instalación de una piscifactoría de Pescanova en el espacio protegido de cabo Touriñan. Los principales ecos de la sentencia son los vinculados al millón de euros con el que el Gobierno gallego tiene que indemnizar a la empresa y la certificación tanto de la irregularidad de la autorización como de la legalidad de la paralización, dictaminada por el bipartito en 2006. Aun así, el Supremo devuelve también a la actualidad la manera en que la Xunta afrontó el proceso, durante el que no argumentó contra las pretensiones de la multinacional, según la sentencia.
Para fundamentar su decisión el ponente de la sentencia del alto tribunal, Wenceslao Francisco Olea, se remite a lo dictaminado en 2012 por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Insuíña, la filial de Pescanova, pedía ser compensada con 9 millones de euros por el veto a su piscifactoría en Red Natura y, para “determinar” el importe final, el juzgado designó un perito. El informe pericial concluye que los “gastos de primer establecimiento” habían supuesto casi 123.000 euros, “correspondientes a estudios ambientales, topográficos, analíticos de las aguas, prospecciones arqueológicas...” y las “instalaciones técnicas en montaje” le habían costado 968.000 euros, lo que se suma al algo más de un millón de euros finalmente decidido.
Para los magistrados resulta digno de “significar” que estas conclusiones del informe pericial, “apoyadas en las anotaciones contables de los libros” de la filial de Pescanova y en otra documentación, “no fueron objeto de desvirtuación” por parte de la representación legal de la Xunta “mediante la presentación u oferta de prueba alguna al respeto”. Esta ausencia de objeciones facilitó, por lo tanto, que el juzgado diese por buenas las cantidades y dictaminara que Pescanova debía recibir 1.091.109'85 euros más el “importe que genere la aplicación” a esta cantidad “del interés legal computado” desde abril de 2009 hasta la notificación de esta sentencia de 2012.
El dictamen del Tribunal Supremo sobre la autorización irregular a Pescanova en Touriñán y el pago al que ahora está definitivamente obligada la Xunta viene de suscitar la reacción de la asociación ecologista ADEGA, que ve confirmado que “sea como fuere, la patronal acuícola amiga del poder de turno siempre gana”, ya sea porque “un gobierno amigo le autoriza piscifactorías ilegales en espacios protegidos” o porque, en caso de que sus proyectos sean anulados judicial o políticamente, son compensados económicamente incluso “sin poner una sola piedra de sus instalaciones”.
La asociación ecologista subraya que el Supremo “aprieta los argumentos” que sirvieron para anular otra piscifactoría en espacio protegido avalada por el Gobierno Fraga, la de Acuinor en Rinlo
Al colectivo ecologista la sentencia sobre Touriñán le recuerda, casi literalmente, a la anulación de otro proyecto acuícola en un espacio protegido, la planta de rodaballo que impulsaba en Rinlo (Ribadeo) la empresa Acuinor, propiedad de un primo de Francisco Álvarez-Cascos. “El Supremo -señalan- aprieta los argumentos” con los que el Tribunal Superior de Justicia respondió en 2012 “a la denuncia de ADEGA” para anular la planta de Rinlo. “El permiso dado a ambos proyectos por la Administración Fraga en 2005, en la que Feijóo era vicepresidente, fue nulo de pleno derecho dada la inaceptable afición ambiental”, resltan.
Ambas piscifactorías frustradas eran “hijas del plano sectorial de parques de tecnología alimentaria” aprobado por el gabinete de Fraga en funciones, y las dos “tenían una importante afección” sobre hábitats de la Red Natura “considerados prioritarios”. “Esta cuestión -rememoran- fue obviada o directamente falseada por la Xunta en sus resoluciones, como reconoció el tribunal”. El hecho de pasar por encima del carácter protegido de los entornos “fue el principal motivo” para la anulación de las dos factorías. El “resultado”, lamentan, es que “la ilegal actuación de la Xunta del PP” ya le “costó al erario” 689.000 euros, en el caso de Rinlo, y ahora más de un millón, para compensar a Pescanova por Touriñán. “La ciudadanía siempre pierde y acaba pagando, literalmente, las ilegalidades de la Administración”, concluyen.
