La Xunta aumenta 423 empleos en Sanidad y Educación tras haber recortado más de 3.000
La “senda de la recuperación” va más lenta que la senda de los recortes. En apenas cinco años, entre 2010 y 2015, la Xunta redujo algo más de 3.000 puestos de trabajo en sanidad y educación, según datos de la Secretaría General de Administraciones Públicas, dependiente del Ministerio de Hacienda. La información más reciente, datada en julio del año que acaba de finalizar, indica que la plantilla del Gobierno gallego ha aumentado levemente, en unas 200 personas, y que en el caso de los servicios sanitarios y educativos la remontada es de unos 400 profesionales, esto es, apenas un 13% de lo recortado.
La información más reciente indica que la Administración autonómica tiene un cuadro de personal formado por 86.382 personas, de las que 34.042 son docentes de enseñanza no universitaria y 33.744 trabajan en el Servizo Galego de Saúde. Las restantes se distribuyen entre las consellerías y sus organismos autónomos (unas 16.000) y la Administración de Justicia, algo más de 2.500. Esto quiere decir que, en lo referido a los servicios básicos, sólo la plantilla de la sanidad ha aumentado de una manera significativa en los últimos meses -un centenarr de profesionales más que hace un año y 400 personas más que en el semestre anterior-.
En educación el balance es peor, con un incremento de 10 docentes en el semestre y casi medio centenar menos que un año antes. En justicia el balance intersemestral muestra el incremento de una única persona y el interanual, una reducción de más de 20, mientras que en las consellerías y organismos autónomos dependientes de ellas hay 48 personas menos trabajando que hace un año y 150 menos que en el semestre anterior.
Estas oscilaciones implican que la plantilla que presta servicios sanitarios y educativos a la población gallega todavía está lejos de las cifras que se encontró el gabinete de Alberto Núñez Feijóo al llegar al poder, a partir de las cuales comenzó a recortar. Un año después de la victoria del PP, en la segunda mitad de 2010, la enseñanza no universitaria llegó a tener en Galicia 35.605 docentes. Incluso dejando fuera los datos del primer semestre de aquel año, que según aclaró Feijóo en 2014 contenían un error de cálculo, los sucesivos recortes implican que, tras llegar al mínimo a comienzos del pasado año, con 34.032 trabajadores y trabajadoras, hay unas 1.500 personas menos desempeñando esta función.
En el caso de la sanidad la plantilla llegó a su volumen más amplio dentro de la etapa analizada a comienzos de 2011, cuando llegó a rondar los 35.000 profesionales. Desde ese punto se inició un descenso que se prolongó hasta el primer semestre de 2014, cuando Administraciones Públicas contabilizó 32.985 personas en el Sergas. Fue, por lo tanto, un tijeretazo superior a los 1.600 efectivos que en los últimos meses ha sido paliado muy parcialmente con las mencionadas 400 incorporaciones.
En las consellerías y organismos autónomos la evolución ha sido diferente diferente a la de los servicios sanitarios y educativos. Así, el actual gobierno sumó personal en estas áreas hasta llegar a comienzos de 2013 a las 17.000 personas, si bien después comenzó una reducción hasta alcanzar el mínimo del período en el egundo semestre de 2015, con poco más de 16.000. En el área judicial el máximo del período se registró a finales de 2011, cuando se contabilizaban 2.800 personas con dependencia laboral de la Xunta, 300 más que los datos más recientes.
Cabe esperar que estas cifras mejoren en este año electoral de 2016, toda vez que el Gobierno gallego ha adelantado ya su intención de duplicar su oferta de empleo público hasta superar las 2.000 plazas, cantidad que, en todo caso, no cubriría todo lo recortado. Según lo avanzado desde San Caetano en esas oposiciones estarán en juego unos mil puestos en educación y alrededor de 800 en sanidad. Estas convocatorias llegan después de que el Gobierno central haya relajado su restricción a las tasas de reposición, esto es, a la posibilidad de cubrir las vacantes por jubilación, que en el paquete de recortes aprobado por el Ejecutivo de Mariano Rajoy se quedó reducida, como normal general, al 10%, lo que implicaba la cobertura de solo una plaza por cada diez jubilaciones.
