La Xunta admite que no puede prohibir las donaciones de empresas a partidos, como prometió Feijóo
“Un texto que entre otras cosas deberá recoger la prohibición de donaciones a los partidos por parte de personas jurídicas”. El pasado 27 de enero el presidente de la Xunta acudía al Parlamento para, tras más de 40 negativas a comparecer por asuntos vinculados a la presunta corrupción política, presentar su programa “de impulso democrático”. Una de las medidas estrella de este plan era la que ya había anunciado meses atrás, cuando en pleno escándalo por la Operación Zeta el secretario general del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, se negó a sellar con él un pacto anticorrupción sin la participación de ningún partido más. Ese mismo día los grupos de la oposición expresaron sus dudas sobre el encaje legal de ese veto por ley a las aportaciones de las empresas privadas a los partidos y, menos de un mes después, la propia Xunta admite que no tiene competencias para hacerlo.
El hecho de estar recién de llegar de Sudamérica y de tener que recibir al presidente de Portugal en A Coruña le permitió a Alberto Núñez Feijóo no presidir el Consello da Xunta que aprobó esta versión mermada de la “ley de financiación de formaciones políticas y de fundaciones y asociaciones vinculadas” y, por lo tanto, no tener que explicar ante la prensa el recorte de la promesa. Así, ha sido el vicepresidente, Alfonso Rueda, quien ha tenido que asumir ante los informadores que para elaborar una norma de estas características “hay que tener en cuenta el marco legal estatal” y, por lo tanto, evidencia, “no podemos prohibir cosas que con carácter general están permitidas”.
Así las cosas, lo que iba a ser una prohibición pasa a ser un “requisito para acceder a la financiación de los presupuestos autonómicos”, esto es, fundamentalmente a los fondos que la Xunta pone sobre la mesa para financiar los gastos electorales de las campañas de los comicios al Parlamento de Galicia. “Una formación política puede optar por recibir” fondos de personas jurídicas, tal y como estipula la legislación estatal, pero si lo hace “no podría acogerse a la financiación” que venga de las arcas autonómicas. Este condicionamiento afectará también “a las fundaciones y asociaciones” vinculadas a cada formación política. El texto que, dice Rueda, viene ya con el visto bueno del Consello Consultivo, impide también las donaciones anónimas a los partidos, aportaciones que la legislación estatal ya prohíbe.
Dos millones de empresas al PP en tres años
Este anuncio de la Xunta llega mientras la dirección estatal del PP sigue atenazada por el caso de su caja B -cuya existencia está certificada, según el juez Pablo Ruz- y mientras, en Galicia, las investigaciones derivadas de la trama Zeta y Pokémon siguen poniendo la lupa sobre el origen de determinadas aportaciones al partido en Galicia. Concretamente, la ex contable del principal imputado en el caso Zeta, Gerardo Crespo, mantiene que su antiguo jefe preparaba “sobres” que iban “destinados” a los populares en A Coruña. Además, la jueza instructora de la Pokémon, Pilar de Lara, tiene la lupa puesta sobre la financiación del PP de Ourense en una investigación que afecta a más de una veintena de dirigentes y en la que la magistrada ya da por “refrendada” al menos parte de la facturación presuntamente irregular.
Mientras el propio vicepresidente resuelve que los dirigentes de su partido en Ourense “ya dieron” las “explicaciones” sobre este asunto Rueda, como Feijóo, pone el acento en las mencionadas donaciones legales de empresas, las cuales han venido teniendo al PP cómo principal beneficiario en los últimos años. Así, por ejemplo, en las últimas elecciones autonómicas PP, PSOE y BNG no anotaron ninguna aportación en el epígrafe “personas físicas o jurídicas” y AGE únicamente indicó 650 euros, según el Consello de Contas. En los anteriores comicios gallegos, los de 2009, ningún partido con representación parlamentaria tuvo ninguna de estas donaciones.
No obstante, según los sucesivos informes del Tribunal de Cuentas, en apenas cinco años las donaciones de personas jurídicas al PP suman casi 2 millones de euros, la mayoría ingresados en el año electoral de 2011. En el caso del PSOE -el Tribunal no detalla los ingresos de cada una de sus federaciones- tuvo ingresos procedentes de empresas por importe de 473.000 euros. En el resto de las principales fuerzas políticas con implantación en Galicia el BNG no tuvo donación alguna de empresas en este período y, en el caso de los miembros de AGE, IU registró 2.000 euros procedentes de una cooperativa.
