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Cuando es la Xunta quien te echa de casa

El Gobierno catalán afirma que los Mossos deben cumplir lo que diga el juez en los desahucios

David Lombao

Durante los años 90 eran habituales en Galicia las imágenes de actos públicos en los que dirigentes de la Xunta, en ocasiones el propio presidente Manuel Fraga, repartían sonrisas y llaves de viviendas levantadas por el Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS). Eran las conocidas como viviendas sociales, pisos construidos en su gran mayoría en las grandes ciudades gallegas y de una calidad razonable que acogían a personas y familias cuyos ingresos económicos no llegaban para comprar una casa en el mercado libre.

Carme (nombre no real) fue una de las agraciadas. En 1992 su nombre fue seleccionado en uno de aquellos sorteos y se le adjudicó un piso por ser divorciada con un hijo al cargo, entonces de seis años de edad. Casi dos décadas después aquella designación que parecía solucionarle la vida se convirtió en un drama sin paliativos.

A punto de cumplir los 50 años “alguien decidió que era demasiado vieja para trabajar”, cuenta en conversación con Praza Pública. “Ni el continuo reparto de currículos ni una interminable ronda de entrevistas dieron resultado” y los escasos ahorros fueron mermando, hasta el punto de ser imposible hacerle frente a los algo menos de 300 euros mensuales de la hipoteca que el IGVS gestionó a través de la antigua Caixa Galicia.

Cuando Carme vio que las cuentas no daban realizó múltiples “intentos de llegar a un acuerdo con el IGVS”, pero “este organismo me cerró todas las puertas”, también la de “permanecer en la vivienda en régimen de alquiler, como parece ser que se hizo en otros casos”.

“No contentos con esto durante meses tuve que soportar que cada pocos días me enviaran una funcionaria que, aporreando la puerta, me instaba a grito pelado a abandonar inmediatamente el piso”. De este modo, recuerda con amargura, “se aseguraba de que, si algún vecino desconocía la situación, esto fuera remediado de inmediato”. Carme se negó a recibirla. “Aquella, mientras no me echasen, seguía siendo mi casa”, dice.

Ante los nuevos rechazos por parte de la Xunta para encontrar una alternativa al desalojo, “intenté encontrar ayuda en la justicia gratuita”. “Después de un plazo relativamente breve, se me asignó una letrada de oficio pero a día de hoy aún no se ha dignado a realizar la más mínima gestión”. Ante una estupefacta Carme, la abogada “alegó, entre otras cosas, que yo no daba el perfil de desahuciada”. “Ignoraba que existe un perfil concreto para esto”, reflexiona. Además, “para terminar, cuando se enteró de mi condición de divorciada me dijo que seguramente tendría, palabras textuales un ex marido con pasta y que recurriera a él”.

“Ni me comunicaron la fecha del lanzamiento”

Con todas las salidas cerradas a Carme sólo le restó esperar el desahucio. “Aún recuerdo la angustia, escuchando el más mínimo ruido en la escalera, ya que la abogada en ningún momento me comunicó la fecha del lanzamiento, ni siquiera cuando se nombró la comisión judicial” encargada de ejecutarlo. “Hora tras hora miraba desde detrás de la cortina, esperando el momento en que apareciese el taxi del Juzgado”. “Cada mañana, cuando salía de casa, pensaba que igual ya no podría volver a entrar”.

Mientras esto sucedía, Carme buscaba alternativas para no quedar en la calle. “Yo, personalmente, no podía ni costear un cambio” y, además, “para acceder a un alquiler precisas disponer de una fianza, cuando no de un aval bancario, cosas que obviamente, dada la situación, yo no tenía”.

“Gracias a la ayuda de algún amigo” y “casi por casualidad, pude alquilar un piso” pocos días antes de que el IGVS ejecutara el desahucio. “Pero sigo desempleada y el pago se me hace casi imposible, por lo que sigo con la espada de Damocles encima de mí”. Tampoco desapareció la angustia: “Aún sigo sobresaltándome cuando alguien llama a la puerta”, porque “no puedo olvidar” los días de espera por el desalojo.

El único consuelo que le queda a Carme de todo el proceso es que, gracias a ese pequeño margen de días “mi hijo, que por suerte está ya independizado y que ha ayudado en cuanto ha podido, no tuvo que soportar el bochornoso espectáculo” de asistir al desahucio. “No le deseo a nadie que tenga que pasar por esto”, concluye.

Casi 20 desahucios al día en Galicia en lo que va de 2012

Dieciséis. Es el número medio de lanzamientos hipotecarios, esto es, de desahucios que se produjeron cada día en Galicia en el primer semestre del presente 2012. Es el último dato disponible en el archivo estadístico del Consejo General de él Poder Judicial (CGPJ), en el que queda reflejado que entre enero y junio de este año perdieron su vivienda o local comercial 3.037 propietarios y propietarias, una cifra que crece espectacularmente sobre los 1.885 de todo 2011, de los 1.887 de 2010, de los 1.195 de 2009 o de los 1.027 de 2008. La razón es que esta vez el CGPJ ofrece una fotografía mucho más real, incluyendo en su recopilación los lanzamientos acordados en juzgados de primera instancia.

El drama de las personas que pierden su hogar no parece que vaya a disminuir ya que, según la misma estadística, en los seis primeros meses de 2012 fueron formalizadas en Galicia 1.320 ejecuciones hipotecarias, esto es, el inicio del procedimiento judicial que puede durar unos dos años y que, las mayoría de las veces, termina con el desahucio. El incremento del problema se observa, por ejemplo, al comparar esta cifra de seis meses con la registrada a lo largo del conjunto del año 2008, cuando se iniciaron 1.369. En cifras globales, entre 2008 y 2011 se ordenaron en Galicia 7.367 ejecuciones y, en el mismo período, siguiendo las cifras oficiales, los desahucios fueron 5.994.

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