La Xunta reafirma su apuesta por los impuestos que no gravan la renta
Un “crecimiento solidario” basado en los impuestos que gravan los bolsillos de toda la ciudadanía por igual, con independencia de su renta. Esta podría ser una síntesis de la filosofía presupuestaria del Gobierno gallego para los próximos años o, cuando menos, de los propósitos de la máxima responsable de las finanzas públicas de la Xunta. La titular de Hacienda, Elena Muñoz, ha acudido este lunes al Parlamento para defender su proyecto presupuestario de 2014 frente a las enmiendas a la totalidad de la oposición, un debate en el que, cuando aún no habían intervenido PSdeG, AGE y BNG, la conselleira ya advirtió de que sus planes implican una apuesta por “más preponderancia de la imposición indirecta”.
Con unos Presupuestos en los que la ligerísima rebaja del IRPF es superada en 8 millones de euros por la subida del impuesto de carburantes, Muñoz asegura que prioriza la imposición indirecta para “rebajar la presión sobre el trabajo” y así, asegura, “beneficiar a quien más lo necesita”. El alarde de sinceridad de la conselleira ha sido visto por la oposición como todo un ejercicio de “descaro”, en palabras del portavoz del BNG, Francisco Jorquera, que le aplica esta definición al hecho de ver “justicia social” en los “impuestos que no distinguen en función de la renta, castigan más a las rentas del trabajo y castigan el consumo, evitando la recuperación de la demanda. ”Los que menos tienen pagarán más“ y esto, asegura, es tanto como ”robarles a los pobres para dárselo a los ricos“.
El discurso de “diligencia” y “rigor” de la responsable financiera del gabinete Feijóo tampoco cuaja en las filas de AGE, cuyo portavoz, Xosé Manuel Beiras, ve en las teóricas bajadas de impuestos una “chapuza capciosa y demagógica”. No en vano, subraya, las cifras del propio Gobierno dicen que “el total de la imposición indirecta crece el 1,3% y la indirecta, el 6,5%”. Intentar “compensar” estos números con un leve recorte del 0,5% del IRPF para una franja de población de la que “buena parte” está “exenta” de hacer la declaración no es más que “demagogia”, además de una “chapuza en el plano técnico y jurídico”. La Xunta, lamenta Beiras, no hizo “nada” hasta 2013 para “incrementar los ingresos comunes” y ahora hace “algo peor que nada”, mientras el 92% del “impuesto único progresivo”, el de la renta, procede de los ingresos de “asalariados”.
“Una herencia insoportable”
En este escenario, el portavoz del PSdeG, José Luis Méndez Romeu, se sitúa también en el polo opuesto a la diagnosis de un Gobierno que hace cuentas con una “suma” de “justicia social e ineficacia”. “Hemos retrocedido muchos años en el bienestar de las personas” hasta llegar a una “situación terminal” ante la cual la Xunta solo presenta “medidas paliativas”, dice el socialista. Para Romeu, a la política fiscal centrada en los asalariados hace falta añadir el endeudamiento que va a “gravitar” como una “losa sobre los gobiernos futuros, que además del necesario endeudamiento para sus políticas van a encontrar una herencia insoportable” que ya se acerca a los 10.000 millones de euros “consolidados”, a los que hace falta añadir los 3.000 millones de operaciones público-privadas. Pero Feijóo, ironiza, mantiene que la Xunta se administra “como cualquier familia”.
“Han triplicado la deuda, en eso debe consistir hacer más con menos”, concuerda Jorquera, para quien esta realidad, sumada a la mencionada “hipoteca de los más de 3.000 millones de las fórmulas público-privadas”, permite concluir que en Galicia “pierden todos excepto los bancos”. Tampoco cabe en esta coyuntura, advierte, “volver a repetir el Yo, pecador, me confieso” respecto al Gobierno bipartito. “De toda la deuda acumulada” solo el 6% corresponde al período de la coalición de PSdeG y BNG y, más aún, aquel Ejecutivo rebajó el peso del endeudamiento en el PIB, pasando del 7,3% en 2005 al 6,8% en 2008, destaca.
También Beiras pone el foco en el “descarado porcentaje” que los Presupuestos ponen “al servicio de la deuda”, un contexto en el que “hablar solo de la deuda que computa a efectos de la UE es una situación” tan “falsa” como la “solvencia financiera” de la que habla el Gobierno. “Ocultar” la deuda de las operaciones público-privadas o de las empresas públicas “constituye una inmoralidad” basada en la máxima de que “los que vengan detrás, que apanden”. “Esa sí que es una herencia podrida y altamente tóxica”, advierte.
Ingresos tributarios de la Xunta
