Seis acciones del PP que contradicen las promesas de transparencia de la Xunta

“A todos nos corresponde hacer examen de conciencia”. La pasada semana el presidente de la Xunta comparecía en el Parlamento para presentar su “plan de impulso democrático”. Tras más de 40 vetos a las solicitudes de comparecencia formuladas por la oposición sobre casos de presunta corrupción como la trama Zeta, Alberto Núñez Feijóo proclamaba de este modo que las actitudes corruptas y poco transparentes son cosa de todas las formaciones y que, por lo tanto, a todas les corresponde corregirlas. Así, el titular del Gobierno gallego anunciaba un plan de “cincuenta medidas” que pasa, entre otros movimientos, por la aprobación de cinco leyes que, en última instancia, dicen, están llamadas a “regenerar la vida pública”. No obstante, algunas acciones y comportamientos de los populares gallegos en los últimos años van justamente en la dirección contraria de estas promesas.

1-Nueva ley de transparencia

Según el documento difundido desde el Gobierno, con la aprobación de esta ley “se busca la consolidación de un modelo de gobierno abierto” que “garantice la transparencia en la actividad de la Administración pública y el derecho de la ciudadanía a acceder a la información pública” y a “participar en los procedimientos de toma de decisiones”. Si bien es cierto que algunas de las previsiones anunciadas supondrán, de aplicarse, pasos adelante, no lo es menos que el actual Ejecutivo aún incumple algunos de los preceptos nucleares de la ley de transparencia que lleva vigente en Galicia casi una década, la impulsada por el Gobierno bipartito en 2006.

Como ya ha detallado eldiario.es todavía es imposible conocer, por ejemplo, los sueldos de todo el personal asesor al servicio del Ejecutivo aunque la normativa vigente obliga a hacerlo. Además, miembros del Gobierno aceptaron regalos de personas directamente vinculadas a contratos y ayudas de la Administración cuando ya estaban prohibidos. Del mismo modo, y según ha denunciado la oposición en el Parlamento, la Xunta no ofrece toda la información legalmente obligatoria sobre sus contratos públicos.

2-Nuevo registro de convenios

El desarrollo de la ley de transparencia de 2006 incluyó la puesta en marcha del registro de convenios, el portal de internet en el que la Xunta tiene el deber de publicar los acuerdos con todo tipo de entidades y asociaciones que firma con esta forma jurídica y que, la mayoría de las veces, incluyen aportaciones de dinero público. A pesar de ser ya una disposición legal, las diferentes consellerías suelen publicar con tardanza estos convenios, la información que ofrecen al respecto suele ser escasa y, además, algunos ni siquiera llegan a ser publicados.

El Gobierno gallego anuncia ahora que “además de estar accesibles los convenios” a través de la Red “dentro de los primeros veinte días de los meses de enero, mayo y septiembre” se publicarán en el Diario Oficial de Galicia “una relación de los suscritos referida al cuatrimestre anterior”, esto es, exactamente a lo que obliga el artículo 11 de la vigente ley de transparencia. Del mismo modo, la Xunta explica que “cuando dichos convenios impliquen deberes económicos” tendrá que “señalarse con claridad el importe de estas, el objeto del convenio y la persona o entidad destinataria de la prestación”, lo que equivale a reproducir literalmente el último párrafo de ese mismo artículo 11.

3-Impulso de los datos abiertos

En este plan el Gobierno se compromete también a impulsar la publicación de los datos de la Administración en formato abierto para que estos puedan ser consultados y reutilizados por la ciudadanía. Se tratará, en buena medida, promete, de difundir más y mejor el actual portal de Open Data de la Xunta, integrándolo con el Portal de la Transparencia que la nueva normativa estatal obliga a crear. “La publicación de los datos que poseen las Administraciones en formatos abiertos es una forma excelente de generar confianza en las instituciones porque expone el trabajo que se realizan” y “muestra cómo se gestionan e invierten los recursos públicos”, explican.

Esto sucede en un escenario en el que, efectivamente, fue el actual Gobierno el que creó el antes inexistente portal de Open Data. No obstante, en este portal abundan los datos estadísticos que ya era posible consultar a través del Instituto Galego de Estatística y otros, como listados de prestaciones, instalaciones o fechas que, a pesar de tener utilidad en ámbitos concretos, son escasamente relevantes para los principales actos de la gestión política del Gobierno. Mientras, la mayoría de las consellerías siguen publicando gran parte de los pliegos de condiciones en la Plataforma de Contratación Pública en documentos cuyo texto es imposible reutilizar. Del mismo modo, en la documentación y respuestas parlamentarias que le ofrece a la oposición el Gobierno suele utilizar documentos previamente impresos y después escaneados como si fuesen imágenes, lo que dificulta su análisis y difusión por parte de las fuerzas políticas y los medios de comunicación.

4-Regulación de la asistencia jurídica a altos cargos

Entre las normas anunciadas por Feijóo figura una nueva Ley de ordenación de la asistencia jurídica de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia y de su sector público. La intención, dice el Gobierno es establecer los mecanismos oportunos“ para que la Xunta sufrague ”sólo la defensa de aquellas personas que no hayan actuado de manera ilegítima“ ni ”mantengan en el proceso intereses contrapuestos“ a la propia Administración pública. La ley se aprobará, admiten, aunque los ”criterios“ básicos para estas situaciones están definidos en un decreto del año 2006 y, además, existe ”jurisprudencia del Tribunal Supremo“ al respecto.

Esta decisión se anuncia menos de un año después de que más de la mitad del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Santiago, del PP, fuera inhabilitado judicialmente por prevaricar, según la sentencia, con la decisión de pagar con fondos públicos la defensa jurídica de uno de los concejales del propio gabinete, Adrián Varela, imputado en el caso Pokémon. La condena se produjo porque, atendiendo a dicha jurisprudencia del Supremo, ese gasto solo se podría realizar si la imputación se produjera por una actuación con “origen o causa directa” en el ejercicio del cargo y siempre y cuando no hubiese habido “abuso, exceso, desviación de poder” o “intereses particulares”. También cabría el pago a posteriori, en caso de que “se declare la inexistencia de responsabilidad criminal”.

5-Financiación de los partidos políticos

Como viene anunciando desde hace meses el propio Feijóo, el PP tiene intención de aprobar una ley de financiación de los partidos políticos “en el ámbito autonómico”. Más allá de que esta intención pueda llegar a colisionar con la normativa -vigente y futura- del ámbito estatal desde la Xunta se justifica esta ley por los “acontecimientos producidos en los últimos tiempos”, que “ponen de manifiesto” la “necesidad” de aplicar “medidas conducentes a restringir la financiación de los partidos políticos a los fondos que se fijen en los presupuestos públicos y a las aportaciones de sus afiliados y simpatizantes” vetando, entre otras cuestiones, las donaciones de empresas.

Esta declaración de intenciones se produce en un contexto en el que las indagaciones del caso Gürtel mantienen la sombra de la duda sobre la financiación del PP de Galicia y en el que, además, las instrucciones de casos como Pokémon y Zeta siembran también las dudas sobre posibles aportaciones irregulares a los populares en, al menos, Ourense y A Coruña. Además, según el Tribunal de Cuentas y el Consejo de Cuentas, el PP ha sido el partido que, con diferencia, más donaciones de empresas privadas ha recibido en los últimos años.

6-Limitación de los gobiernos en funciones

Otro de los puntos estrella del plan gubernamental es el establecimiento de “limitaciones” en la acción de los gobiernos en funciones, esto es, de las decisiones que puede tomar el Ejecutivo desde que se celebran unas elecciones al Parlamento de Galicia y hasta que se forma un nuevo gabinete. En este punto el Gobierno admite que la ley reguladora de la Xunta y de su Presidencia ya limita “la gestión” del gobierno en funciones al “despacho de asuntos comunes”, evitando “adoptar medidas que condicionen aquellas que deba definir el gobierno que lo sustituya”. No obstante, señala, la nueva regulación impedirá, por ejemplo, adquirir compromisos de gasto que no tengan “consideración de gasto corriente” o modificar relaciones de puestos de trabajo.

Esto sucede después de que, en la última ocasión en que un Gobierno gallego saliente era del PP, en 2005, el gabinete vicepresidido por el propio Alberto Núñez Feijóo tomara controvertidas decisiones como contratar edificios de la Cidade da Cultura -años después, en 2011, Feijóo aseguró no sentirse “orgulloso” de aquella decisión-. Además, cuando apenas restaban unos días para que PSdeG y BNG accedieran a la Xunta, aquel mismo gabinete adjudicó las dos licencias de la televisión autonómica privada.