La “austeridad” en los coches oficiales se vuelve contra el PP en el Parlamento gallego
En el duro período electoral en el que Galicia estaba inmersa hace ahora cinco años, la temática automovilística tuvo un papel central. La estrategia de campaña del PP de Alberto Núñez Feijóo y Alfonso Rueda se centró en señalar la manera en que el Gobierno de coalición de PSdeG y BNG utilizaba los vehículos oficiales mayoritariamente comprados en tiempos de Fraga, sin que socialistas y nacionalistas quisieran o supieran encajar y responder a aquellos ataques. Los automóviles de la Xunta, su uso e incluso su marca –la alemana Audi pasó a estar proscrita frente a la francesa Citroën, que en Galicia fabrica furgonetas– se convirtieron en el centro de entonces novedosa doctrina de la “austeridad” y en una pieza inédita del tablero político. Media década después, y aunque en menor medida, es al PPdeG a quien se le reclaman explicaciones por el uso de los coches, y concretamente por los coches oficiales del Parlamento.
En el otoño de 2011, cuando los conservadores gallegos aún eran referencia de proceder “austero” en el conjunto del PP estatal, la Mesa del Parlamento –órgano rector de la Cámara– llegaba al acuerdo de que solo la persona que ostentara la Presidencia, en este caso Pilar Rojo, conservaría la prerrogativa de contar con automóvil oficial y chófer propios. El resto de los miembros de la Mesa, entonces de PP, PSdeG y BNG y actualmente solo de PP y PSdeG, únicamente podrían recurrir a los coches y a los conductores de manera eventual, cuando tuvieran que desplazarse para ejercer labores de “representación” del Parlamento, y en ningún caso tendrían automóvil oficial asignado individualmente. Según la oposición parlamentaria, este acuerdo está derogado por la vía de los hechos, aunque solo por parte de los miembros del PP: el vicepresidente, Miguel Santalices, y el secretario de la Cámara, José Manuel Balseiro.
La polémica y las suspicacias al respecto, latentes desde hace meses en el Pazo do Hórreo, explotaron definitivamente cuando, a finales de enero, Galicia Confidencial informó sobre el asunto. “Los medios de comunicación acaban de constatar que los tres miembros del PP en la Mesa están utilizando los vehículos a diario”, señaló en ese momento el PSdeG. La clave del incumplimiento, explicaban los socialistas, es que el PP considera que la asistencia a plenos, comisiones o reuniones de la Xunta de Portavoces y de la propia Mesa forman parte de esas “tareas institucionales de carácter representativo” para las que el uso de los coches sí está permitido. Esta laxitud en la interpretación de la norma “en ningún caso es admisible”, decía el PSdeG, y desde la Presidencia del Parlamento se aseguraba que el acuerdo de 2011 “continúa en vigor” y que “las solicitudes de vehículos se gestionan siguiendo los criterios fijados” en el mismo.
“Se sigue como antes, pero se intenta decir que no es así”
En este contexto, el PP atribuye la controversia a un intento de “polemizar” en período “preelectoral”, mientras desde la parte socialista de la Mesa se mantiene que el “espíritu” de la norma al que alude el PP, según el cual asistir a reuniones comunes también es una labor de “representación”, “no es tal”. La situación, explican fuentes parlamentarias consultadas por este diario, es que los populares volvieron “a la práctica” anterior al acuerdo de 2011, hasta el punto de que “hubo que sustituir a un chófer porque se jubiló” y se contrató “a un militante del PP del pueblo de uno de los miembros de la Mesa”. Por lo tanto, concluyen las mismas fuentes, “volvemos” a la situación en la que cada miembro de este órgano “tenía un vehículo propio y capacidad para contratar a una persona de su confianza como conductor”.
“Si el PP quiere modificar las reglas pactadas en su momento está en su derecho, tiene mayoría”, insisten los socialistas, mientras mantienen que, en cualquier caso, “las dos representantes del PSdeG” en la Mesa, Marisol Soneira y Concepción Burgo, “no van a utilizar ni a pedir el coche para actos que forman parte de sus deberes” cotidianos, “como ir a los plenos”. Con todo, afirman, el panorama actual consiste en que, a efectos prácticos, los miembros del PP en la Mesa –presidenta, vicepresidente y secretario– cuentan con coche oficial a su disposición y las dos representantes de la oposición, no.
Petición de publicación en internet
Dadas las circunstancias, el portavoz del PSdeG, José Luis Méndez Romeu, acaba de reclamar formalmente que la Presidencia ofrezca “información exhaustiva sobre el uso de los vehículos oficiales”, aclarando “la relación concreta de la persona que utiliza” cada coche, “del día en que lo hizo, de los kilómetros realizados” y de la “tarea institucional de carácter representativo o incidente” que tuvo que realizar. Además, a través de una iniciativa parlamentaria reclaman que de ahora en adelante “se proceda a publicar en la página web del Parlamento las causas que justifican la utilización por parte de los miembros de la Mesa o de los diputados y diputadas que utilicen vehículo oficial, excluida la Presidencia”, toda vez que, por ejemplo, según explican desde el Grupo Socialista, considerarían justificado que un miembro de la Cámara utilizara un coche de la institución si, por motivos de salud, no pudiera emplear otro vehículo.
Ante estas peticiones, la propia presidenta asegura que “transparencia, toda”, si bien evita aclarar su disposición a publicar los datos y, en una entrevista en la Cadena SER, atribuye la polémica a que la oposición “hace ahora otra interpretación” del acuerdo de 2011. “Los miembros de la mesa utilizan el coche de manera institucional, para las tareas representativas e institucionales”, afirma, en un contexto en el que, dice, estas afirmaciones se sustentan en su confianza en la “honorabilidad” de los miembros de la Mesa y en la “veracidad” ejercida en el “procedimiento por el cual ellos piden el coche”, en el que “están registrados” los “kilómetros que se hacen y a dónde van”. Ella, en todo caso, advierte, no va a ejercer de “espía”.
