El 'catastrazo' que añade más incertidumbre al rural gallego
Un nuevo obstáculo para el campo y su economía. La revisión catastral que se desarrolla en Galicia provocará un importante impacto en los bienes inmuebles del rural. Granjas, galpones, invernaderos y naves pasarán a pagar ahora la contribución, el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). Supone una actualización derivada del plan de regularización extraordinaria -con la que entre 2013 y 2016 el Ministerio de Hacienda pretende hacer brotar instalaciones agrarias ocultas- y de las revisiones de los catastros con los que los Ayuntamientos pretenden aumentar sus ingresos y rematar también con la relajación fiscal en muchos municipios.
En definitiva, Hacienda identifica y valora los bienes que estaban sin regularizar o no constaban para incluirlos en el Catastro y es luego el Ayuntamiento quien decide sobre el impuesto y los tipos. Fueron Unións Agrarias (UUAA) y Ventonoso las organizaciones que han alertado de una problemática que puede dañar todavía más a un rural golpeado por la crisis del lácteo. A la regularización de muchas instalaciones se une el cambio en la valoración de muchas que la tenían tan baja que “en la práctica no pagaban nada”, como dice Jacobo Feijóo, secretario de Desarrollo Rural del sindicato.
Cuadras, alpendres o invernaderos que estaban exentos tendrán que pagar ahora la contribución y la actualización del Catastro revisará también las casas por si hubiese ampliaciones o nuevas construcciones. Lo que paguen las instalaciones agrarias depende ahora de cada ayuntamiento, ya que la norma permite una tasa de entre 0,3% y el 0,9% del valor de la propiedad. UUAA solicita que las administraciones locales apliquen el mínimo ante la situación que atraviesan muchas de las explotaciones lácteas y solicita también bonificaciones por jubilación o familia numerosa, posibilidades en municipios que no estén en situación de rescate a través del Estado.
Como ejemplo, la organización agraria advierte que una explotación valorada en 100.000 euros podría pasar a pagar una cuota anual de IBI rústico de 900 euros de aplicársele el tipo máximo, frente a los 300 del mínimo. Y las bonificaciones podrían hacer aun más asumible los pagos, que incluso pueden descender a los 30 euros. UUAA y Ventonoso piden a los ayuntamientos que tengan en cuenta la “grave crisis económica del rural” y advierten de que este Catastrazo -así denominan estas actualizaciones- influyen incluso en las becas de estudio de sus hijos.
Además, las organizaciones agrarias alertan de que el Catastro advertirá a los propietarios de la actualización e incluso de una amnistía por no haber comunicado las teóricas ampliaciones previo pago de 60 euros, un abono que muchas personas consideran que ya salda el recibo, aunque no es así. También se pueden reclamar los últimos cuatro años de retrasos. UUAA cita un caso en Chantada, donde un propietario que pagaba 50 euros pasó a abonar 300. Esa diferencia de 250 euros, incluida la reclamación de los cuatro años anteriores, provocó que el primer recibo tras la revisión superase los 1.000 euros.
