Villar Mir fracasa en el intento de vender sus centrales hidroeléctricas gallegas
La Xunta no autoriza la segregación de las actividades de Ferroatlántica en la Costa da Morte, como pedía el grupo Villar Mir para la posterior venta de las centrales hidroeléctricas, por “no existir garantías suficientes para el mantenimiento de la actividad industrial”. Así lo ha asegurado este miércoles el Gobierno gallego en un comunicado después de haber informado a los alcaldes de la comarca y a los representantes de los trabajadores de las fábricas de la compañía en Galicia, que siempre han defendido que los planes de la multinacional no garantizaban el futuro. El propio Alberto Núñez Feijóo telefoneó los regidores para darles la noticia.
El Ejecutivo gallego asegura que, tras “evaluar en detalle la documentación, se ha dictaminado que la solicitud no cumplía con los requisitos necesarios que fija la legislación para eliminar la condición esencial prevista en la concesión, que consiste fundamentalmente en garantizar el mantenimiento de la actividad industrial”. La decisión llega de Augas de Galicia, organismo encargado de elaborar el informe mediante el cual, según dice el Gobierno, la Xunta “cumple con los compromisos adquiridos” de “estar del lado de la ley, respetando el principio de legalidad, y salvaguardar el interés público de la concesión, que en este caso en concreto está determinado por la continuidad de la actividad industrial en la comarca de A Costa da Morte”.
La resolución, amparada por el informe de la Asesoría Jurídica de la Xunta, advierte que con el proceso elevado por Ferroatlántica no se dan “las condiciones necesarias ni se cumplen los requisitos legales para suprimir la condición actualmente vigente en la concesión, que tiene por finalidad garantizar el mantenimiento de la actividad industrial y los puestos de trabajo en la comunidad autónoma”. Por tanto, la condición de no segregar las actividades de las centrales y de las factorías de ferroaleación. Así, según el Ejecutivo, “carece de las condiciones que establece la propia concesión de velar por el interés público”.
Fue a principios del pasado mes de mayo cuando Ferroatlántica solicitó a la Xunta la segregación de las centrales hidroeléctricas de los ríos Xallas y Grande de las plantas de ferroaleación de Cee y Dumbría. La compañía pedía oficialmente a Augas de Galicia -después de reclamarlo anteriormente de muchas otras formas- que, “en aplicación del interés general y de acuerdo a derecho”, devolviera las concesiones hidráulicas a su estado original. Y advertía que la autorización sería la “única” manera de mantener el empleo y el futuro de la compañía en territorio gallego.
La empresa propiedad del empresario Villar Mir -imputado en el caso Bárcenas por presunta financiación ilegal del PP e investigado en la operación Lezo- reclamaba la “eliminación de la prohibición” de segregar las actividades de ferroaleación y producción eléctrica que data de los años 90, de cuando el empresario pasó a controlar los activos, y que considera que se aplicó “de forma excepcional” y “en circunstancias especiales”. Todo, con los trabajadores del comité de Cee-Dumbría-Centrales Hidroeléctricas, los alcaldes de la comarca y la oposición política gallega en contra.
El plan de la compañía estaba más que trazado. Ferroglobe, resultado de la fusión de Ferroatlántica con la multinacional Globe, había previsto vender las centrales por 255 millones, de las que el grupo recibiría 153 descontados los gastos financieros, tal y como informó en el hecho relevante destinado a las autoridades de la Bolsa de Londres y Nueva York a principios de año. Además, y a pesar de no disponer de autorización alguna para separar las actividades, la firma ya había registrado en el Boletín Oficial del Registro mercantil (BORME) la escisión a nivel empresarial de su división industrial en una nueva sociedad denominada Ferroatlántica de Electrometalurgia.
Ferroglobe presionó el Gobierno gallego, a los alcaldes y a los trabajadores y pidió al Ejecutivo que “autorice la operación que garantice el futuro de la compañía en Galicia” tras advertir que la cancelación de la “extemporánea” prohibición vigente permitiría “la venta de las centrales y, con ella, ejecutar el plan industrial de futuro avalado por la mayoría sindical el pasado 8 de abril”. Aquel acuerdo a nivel estatal, rechazado por 20 de los 27 delegados de las diferentes empresas del grupo en Galicia, provocó que los delegados de CCOO y UGT en Ferroatlántica abandonaran los sindicatos.
Una segregación vetada desde hace más de 20 años
A pesar de que Ferroglobe aseguraba que la prohibición “vulnera el derecho fundamental a la libertad de empresa” y es “contraria al ordenamiento jurídico”, son varias las sentencias en contra de la segregación. Fallos del Tribunal Superior de Justicia de Galicia y del Supremo certifican que las dos ramas -la de ferroaleación y la de energía hidroeléctrica- son una sola actividad productiva, después de que Villar Mir recurriera en varias ocasiones. El grupo empresarial se propuso hace más de veinte años comprar la división de ferroaleaciones de Carburos Metálicos separando las actividades en dos empresas y convertir así las centrales eléctricas, destinadas a la provisión de energía a las fábricas de Cee y Dumbría, en simples productoras de energía eléctrica para su venta en el mercado.
Después, el Gobierno de Manuel Fraga con la aprobación del Parlamento había condicionado la autorización administrativa para el cambio de titularidad de las concesiones que Carburos tiene de los aprovechamientos hidroeléctricos en el Xallas y Grande a la no segregación en dos sociedades distintas de la actividad de ferroaleaciones y producción de energía eléctrica, preservando así su interés público y condicionando que la producción energética esté vinculada a los usos industriales de las factorías.
En 1994 la Xunta exigió además a la empresa compradora un plan de viabilidad que garantizase la solvencia de la explotación conjunta de los aprovechamientos hidroeléctricos y de la producción industrial. Villar Mir aceptó todas las condiciones pero interpuso recurso contencioso-administrativo ante el TSXG, que falló a favor del Gobierno gallego, al igual que el Supremo en 2001 tras otro recurso de Ferroatlántica.
