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GALICIA

Más de 100.000 firmas exigen que el Congreso investigue el accidente del Alvia

Víctimas del siniestro ferroviario de Santiago demandan que una comisión parlamentaria desarrolle una investigación política sobre las causas y responsabilidades políticas del suceso.

 

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Presentan en el Congreso 115.000 firmas pidiendo una investigación sobre el Alvia

Las víctimas, este martes ante el Congreso de los Diputados / EFE

La Plataforma Víctimas Alvia 04155, que agrupa a más de 150 víctimas directas (y sus familiares) del accidente que en el verano de 2013 acabó con la vida de 81 personas en Angrois, ha entregado este martes en el Congreso las más de 115 mil firmas que nos últimos meses ha recogido a través de change.org en demanda de una comisión parlamentaria de investigación sobre el siniestro. La entidad considera que aún no han sido aclaradas y explicadas suficientemente varias de las causas de la tragedia, y que tampoco se han asumido las responsabilidades políticas exigibles, empezando por los presidentes de las empresas públicas implicadas directamente, ADIF y RENFE. Pocos días después del accidente PP, PSOE, CiU y PNV se pusieron de acuerdo para impedir la creación de esta comisión en el Congreso de los Diputados.

Además de la demandar la creación de la Comisión de Investigación, las víctimas exigen que se "depuren responsabilidades políticas del Gobierno actual del PP y del Gobierno anterior del PSOE". La entidad subraya que año y medio después del siniestro y "tras conocerse informes periciales que demuestran descuidos, falta de evaluación de riesgos, asunción de riesgos intolerables y engaños, aún no se ha dado ninguna explicación convincente de las causas por parte de los responsables políticos, ni se ha producido ninguna dimisión ni el cese de quienes estaban y están al frente del Ministerio de Fomento, de ADIF y de RENFE".

Jesús Domínguez, uno de los portavoces de la plataforma, explica que "entendemos que además de las responsabilidades judiciales, que las hay y que tardarán en resolverse, hay también responsabilidades políticas, porque hablamos de empresas públicas". Para la plataforma de víctimas, la reclamada comisión de investigación "adquiere aun más relevancia por los informes periciales que acabamos de conocer, sobre todo el de César Mariñas, el perito independiente al que nadie ha puesto en tela de juicio". "Esos informes dejan claro que ADIF no hizo bien su trabajo y que su actuación y el hecho de haber ignorado las advertencias puso en riesgo las vidas de los pasajeros", señalan.

Recientemente, los informes de los peritos encargados de estudiar el accidente señalaron que ADIF no analizó suficientemente las condiciones de las vías y el riesgo que implicaba un exceso de velocidad en la curva de A Grandeira. El maquinista fue señalado por la justicia como el único responsable del siniestro, de modo que una docena de antiguos directivos de ADIF imputados en primer término fueron eximidos de su responsabilidad, pues las irregularidades de la vía y del trazado no suponían el incumplimiento de ninguna norma. Sin embargo, los recientes informes periciales han vuelto a señalar a la gestora de infraestructuras. Por lo tanto, en el accidente habría intervenido no solo el exceso de velocidad, sino otras circunstancias, como la modificación del proyecto inicial, la desconexión del ERTMS, la falta de señalización en la curva o la falta de análisis de riesgo.

Para Jesús Domínguez, los informes periciales confirman "las mentiras sobre la alta velocidad que nos quisieron vender". "Hay claras responsabilidades políticas, además de las penales, que puede haberlas o no, subraya. "Y es en el Congreso de los Diputados, con luz y taquígrafos, donde se deben dar las explicaciones".

Los informes periciales les permiten a las víctimas y a sus familiares ser "algo más optimistas", asegura. "Pero tenemos que enfrentarnos a dificultades muy grandes: peleamos contra todo el aparato del Estado" –dice–. "Hablamos de Fomento, de Renfe, de la alta Velocidad... Es un tema que claramente no quieren que se toque. PP y PSOE tienen un acuerdo tácito para no hacerlo". "Lo tenemos difícil", concluye.

La Plataforma ha dirigido una carta pública a la Fiscalía encargada del caso, señalando que "faltan pruebas y testigos cruciales del accidente del AVE Ourense-Santiago que el fiscal debe exigir antes de hablar de reparación". Denuncian a este respecto las dificultades y obstáculos que han venido encontrando para encontrar información o para ahondar en las investigaciones, unas dificultades que incluso han sido cuestionadas por un senador norteamericano a instancias de una de las víctimas. De igual manera, critican que varias de las personas que señalan como responsables no solo no hayan sido castigadas, sino que por el contrario han sido "premiadas" con nuevos cargos o con ascensos, como en el caso de José Blanco (ministro de Fomento en el momento de la inauguración de la línea y hoy eurodiputado), Rafael Catalá (entonces secretario de Estado de Infraestructuras y hoy ministro de Justicia) o Julio Gómez-Pomar (antiguo presidente de Renfe y ahora secretario de Estado de Infraestructuras).

Además, en los últimos meses la plataforma ha llevado a cabo una campaña de crowdfunding para conseguir financiación para elaborar y difundir un documental y un libro sobre el accidente, bajo el título de Frankenstein-04155. En total, han recaudado más de 50 mil euros, que permitirán que el film se pueda ver después del verano. Antes, el 24 de julio, y coincidiendo con el segundo aniversario de la tragedia, se mostrará un adelanto. La plataforma quiere que el documental participe en festivales internacionales y tenga difusión en las semanas previas a las elecciones generales.

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