55 días de huelga de hambre en defensa de los derechos de los reclusos
Javier Guerrero Carvajal es un joven gaditano de 33 años, preso en la cárcel de A Lama (Pontevedra). Lleva 55 días en huelga de hambre, desde el pasado 11 de diciembre, reivindicando el cumplimiento del Reglamento Penitenciario y el respeto a los derechos de los reclusos. El origen de su protesta está, entre otros motivos, en los retrasos que -denuncia- habitualmente se producen en los procedimientos judiciales por la falta de personal y medios en la prisión y en los juzgados. Estos retrasos provocaron que se pospusiese desde el pasado mes de mayo una posible revisión de grado.
Guerrero ha perdido ya más de veinte kilos y desde Avogados Novos de Vigo advierten que continuará con su protesta hasta que no se resuelva su situación. “Somos conscientes del colapso en los distintos órganos de la administración de justicia, pero esta dilación no puede terminar con la vida de un hombre que está acabando de cumplir su pena”, señalan Raúl López Izquierdo y Sheila Fernández Míguez, integrantes de la Comisión de Derechos Humanos de este colectivo de abogados.
Denuncian además que “no existe un trato igualitario dentro de la cárcel para personas internas” y que “en muchas ocasiones no es respetado el Reglamento Penitenciario por parte de la administración, quedando las reglas al arbitrio de los funcionarios, lo que provoca una constante sensación de inseguridad en las personas internas y en el trabajo de las abogadas y abogados”. Recuerdan que, a mayores, cada prisión tiene sus propias normas internas, lo que “atenta contra el principio de seguridad jurídica”.
“Lo peor es que este tipo de situaciones no sólo las sufre Javier Guerrero, hay muchos más reclusos en A Lama y en otras cárceles que están sufriendo los mismos problemas”, señala Raúl López Izquierdo. Durante el verano otro preso llevó a cabo una huelga de hambre para exigir que se respetasen los derechos de los reclusos. “No es un caso aislado, la situación es muy difícil y es por eso que Javier está arriesgando su vida de esta manera”, dice.
Las razones de una huelga
El pasado 8 de mayo Guerrero, que ya ha cumplido dos terceras partes de su condena, tuvo una revisión de grado, en la que la Junta de Tratamiento propuso el mantenimiento de su actual situación, negándole el acceso al tercer grado, pero concediéndole el traslado a prisión de Sevilla. La decisión le fue notificada al preso, al director del centro penitenciario, que le dio aval a la propuesta de la Junta de Tratamiento, y fue enviada a Madrid al Centro Directivo de Instituciones Penitenciarias, que confirmó la propuesta, de nuevo remitida al preso para que pudiese recurrirla ante Vigilancia Penitenciaria. Todo este procedimiento se retrasó tanto que llegó a solaparse con la siguiente revisión de grado, en noviembre, lo que llevó al juez de Vigilancia Penitenciaria de Pontevedra a archivar el primer proceso, pues el criterio es no tener abiertos simultáneamente dos recursos del mismo preso sobre la revisión de grado.
Avogados Novos denuncia que la decisión vulneró “el derecho de Javier a una tutela judicial efectiva, sobre todo en cuestiones de tanta relevancia como son la revisión de grado, que implica puesta en libertad y traslados, cuestiones fundamentales en la vida de la persona”. “Estas dilaciones aumentan la sensación de inseguridad e impotencia de la persona presa y la situación de indefensión se agrava”, añaden.
Durante los 55 días que Guerrero lleva sin comer, ha realizado también dos huelgas de sed, una del 3 al 7 de enero, que tuvo que interrumpir por llegar a una situación de riesgo vital, y una segunda que inició el día 16 de enero y que interrumpió el día 18 por presentar problemas renales. El 5 de enero tuvo que ser ingresado en el Hospital Provincial de Pontevedra debido a su delicada situación de salud. En la actualidad, destacan sus abogados, “carece de electrolitos, de proteínas, de glóbulos blancos, no le funcionan los riñones, está al borde del paro cardíaco y de sufrir trombos. El pasado 23 de enero fue intervenido del riñón derecho y se le instaló un catéter; y a raíz de la intervención tiene inflamada la pierna izquierda”.
El recluso, casado y con una hija de cinco años, solicita el acceso al tercero grado y que se compute toda su estancia en prisión, que se tengan en cuenta los buenos informes psicológicos y del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, y que se valoren informes médicos y las citas y tratamientos programados.
Otras denuncias de vulneración de derechos
Además del perjuicio sufrido por el recluso por culpa de los retrasos en los procedimientos judiciales, Javier Guerrero denuncia otras situaciones relacionadas con la vulneración de los derechos y garantías vinculadas a las prestaciones sanitarias. En concreto, desde Avogados Novos explican que Guerrero, que sufre fibromialgia, tenía una cirugía digestiva no de urgencia programada para el pasado 16 diciembre, que le había sido comunicada a la dirección de la cárcel “con tiempo suficiente para programar el traslado, ya que la misma estuvo sujeta a las listas de espera del Sergas”. Sin embargo, el centro penitenciario de A Lama no realizó el traslado del preso al hospital de Pontevedra, alegando que no tenía ninguna patrulla de la Guardia Civil disponible ese día, impidiendo la realización de la intervención quirúrgica programada.
Para Raúl López Izquierdo y Sheila Fernández Míguez este es un ejemplo más de las “evidentes dificultades” que las personas privadas de libertad tienen para acceder a la sanidad. “La sanidad penitenciaria sigue sin estar dentro del sistema nacional de salud y continúan las competencias sin estar transferidas a las comunidades. Como consecuencia, el personal sanitario no tiene acceso al expediente de salud de la persona presa”, comentan. “A esto tenemos que añadir traslados de prisión que no tienen en cuenta los tratamientos sanitarios” y “la pérdida de las citas sanitarias externas, incluso las intervenciones quirúrgicas”, como puede suceder en este caso si Guerrero es trasladado a Sevilla, pues “un traslado implica el inicio de todo el proceso en un nuevo centro sanitario”.
“Tenemos que conseguir que la población reclusa disfrute de todos los derechos fundamentales”, pues “contribuir con la efectiva reinserción de las personas encarceladas es el pilar fundamental de la ejecución de las penas”, dicen. “Desde que iniciamos la asistencia jurídica a Javier Guerrero Carvajal, vemos como por parte de la administración penitenciaria se dificulta todo lo posible el trabajo del abogado, estableciendo trabas en la realización de peritajes, en la obtención y admisión de pruebas, dilaciones y errores en la información al interno sobre su expediente penitenciario, e incluso la denegación en el acceso al mismo para el abogado”, critican.
Concluyen que “denunciar y corregir las irregularidades de la administración de las penas debería ser entendido como un deber para todas aquellas personas que conformamos el sistema de justicia”. “Somos garantes del efectivo cumplimiento de los derechos humanos y de la correcta aplicación y desarrollo de la legislación, y por este motivo debemos hacer frente a las vulneraciones de derechos y tremendas injusticias que crean, y a las anomalías e insuficiencias del sistema penitenciario”, concluyen.
