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Cuando la lucha es que el sistema electoral siga tan desproporcionado como ya está

Feijóo, en una sesión de control parlamentaria

David Lombao

Fue presentada como urgente hace quince meses y va camino de aprobarse la próxima primavera, tras dos años apareciendo y desapareciendo de la agenda. El recorte de escaños en el Parlamento de Galicia lleva un tiempo considerable en la recámara política del PP, de la que entra y sale en función de los acontecimientos, léase por ejemplo el escándalo de las fotografías de Alberto Núñez Feijóo con el narco Marcial Dorado. Durante estos meses, los conservadores han expuesto argumentos de todo tipo para justificar el tijeretazo, desde el ahorro –ahora ya cifrado, genéricamente, en “millones de euros”– hasta el “simbolismo”, pasando por pagar guarderías. Ahora Feijóo mantiene que su intención es sacar adelante la reforma antes del verano de 2014 y su grupo muestra una ligera apertura a negociar el mínimo de escaños por provincia para mantener la representatividad tal y como está. De desproporcionada.

En la actualidad, las cuatro circunscripciones electorales en las que se divide el país gallego tienen un mínimo asignado de 10 escaños y reparten los 35 restantes en función de la población (14 en A Coruña, 5 en Lugo, 4 en Ourense y 12 en Pontevedra). Esta distribución ya sobrerrepresenta a las provincias del interior, tradicionales graneros de votos de la derecha desde los tiempos de UCD, en una línea en la que ahondó Manuel Fraga al subir la barrera del 3% al 5% para obtener representación parlamentaria. Así las cosas, mientras grupos parlamentarios como el BNG o AGE ya advierten de que no negociarán, el PSdeG abre la puerta a las conversaciones para intentar mantener, en la medida de lo posible, el statu quo actual, que también le es perjudicial respecto al PP.

Partiendo de la base de que el “fallo” está en el “origen” de la ley y que el debate es “de números” y no “de ahorro”, el economista y analista electoral Carlos Neira explica que tocar los mínimos provinciales es imprescindible para, cuando menos, dejar las cosas como están. “Si se reduce la cuota fija que se asigna a cada provincia, se mantendría la proporcionalidad”, si bien esa reducción tendría que situarse, cuando menos, “a partir de 8” escaños por provincia para hacerse en una “proporción semejante” al recorte total de 14 diputados y diputadas, esto es, del 20% del hemiciclo. No hacerlo implicaría que el PP introduce una “nueva distorsión a su favor”.

Composición actual del Parlamento de Galicia

Las variaciones de población y la Ley d'Hondt

Pero ni siquiera la reducción de las cuotas provinciales mantendría las proporciones del sistema electoral gallego tal y como fue concebido en 1981, cuando se elegían 71 escaños –en medio de las cifras estipuladas en el Estatuto–. Ni siquiera como en tiempos del tripartito, que decidió incrementar el hemiciclo hasta 75 miembros. “La evolución demográfica va agravando la desproporción”, subraya Neira, ya que, por ejemplo, las circunscripciones interiores “en aquel momento tenían 350.000 habitantes y no 300.000”, como en la actualidad. Así, señala, incluso para mantener las proporciones actuales habría que tener en cuenta la relación entre número de escaños y cifras poblacionales actuales. Y “eso daría menos diputados para el interior”.

Del mismo modo, el analista advierte de “otro efecto” del plan de Feijóo, “más sutil” que el de la mencionada sobrerrepresentación de Lugo y Ourense. La Ley d'Hondt, que rige la distribución de los escaños en función de los votos obtenidos, “tiene efectos desproporcionales mayores cuanto menor es el número de diputados a repartir”. Neira explica este efecto con un caso “extremo”: si en una circunscripción hubiera dos escaños a repartir, si un partido “obtiene el 67% de los votos, si lleva el 100% de los escaños”. “Al final –destaca– es una cuestión de números” que el PP podría aplicar correctamente “si quisiera”. Pero si hay algo “claro” es que el PP “no va a cambiar las tornas para el lado contrario”. Los populares, ironiza, “no van en la línea del 15-M”, bien al contrario, concluye, “nos podremos dar con un cuanto en los dientes si el cambio final pasa por que negocien el fijo provincial” y dejan la proporcionalidad “como está”.

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