La Xunta admite “ciertos riesgos” de que las personas que tutela cometan o sean víctimas de delitos

El Gobierno gallego niega la mayor y, frente a las sentencias judiciales que evidencian que personas adultas tuteladas por la Xunta no han sido atendidas correctamente y a las quejas de entidades sociales por desviar hacia ellas esa responsabilidad, la Consellería de Política Social dice que cuida de sus protegidos “de la mejor manera posible”. Así lo aseguró este miércoles en el Parlamento de Galicia la directora general de Familia, María Amparo González Méndez, ella misma directora hace unos años de la Fundación Pública Gallega para la Tutela de Personas Adultas (Funga).

La directora general fue preguntada en el Parlamento por la diputada de En Marea Paula Vázquez Verao por los diversos defectos en el funcionamiento de la Funga desvelados por Praza.gal, pero la mayoría de sus respuestas se atuvieron a las que este diario obtuvo en su momento de la Xunta, en las que se destacó la legalidad de sus actuaciones sin entrar a valorar si el trato que reciben las personas tuteladas es el adecuado. Sin embargo, este miércoles, cuando se le preguntó a la responsable autonómica por los casos de tutelados que cometieron o fueron víctimas de delitos, la respuesta de la directora general fue que es un riesgo que se corre, sin indicar quién lo asume, si el propio tutelado incapacitado, la Funga o la sociedad en general.

“El hecho de estar bajo a guardia de la Funga no supone una pérdida de derecho, una pérdida de libertad, y por lo tanto no todos tienen el deber de residir en un centro, por lo que existe la posibilidad, siempre existió, de que ocurran determinados sucesos e incluso en algún momento de asunción de ciertos riesgos”, dijo la directora general, para añadir que “en los casos ocurridos hasta ahora, en los que los tribunales dictaron una sentencia, hay que decir que en todo momento se eximió de responsabilidad a la Funga y no se determinó una mala praxis”.

González Méndez cifró en 3.436 las personas atendidas actualmente por la Funga, de las que el 54% lo están bajo la figura de la tutela mientras que el resto son curatelas, pretutelas o defensas judiciales. De las personas tuteladas, el 64%, según dijo, “están institucionalizadas en centros residenciales o psiquiátricos”. Ante las críticas de que el personal de la Funga, 23 trabajadores en la actualidad, es insuficiente para atender de ellas, la directora general se defendió destacando que el año pasado se incrementó la plantilla en cuatro personas, lo que cifró en un incremento de un 21% respecto a las 19 que había previamente.

Del mismo modo, la directora general indicó que los presupuestos de la Funga vienen aumentando en los últimos años y para 2018 lo volverán a hacer en un 4%, lo que supone unos 40.000 euros en unas cuentas que ascienden a un total de alrededor de un millón de euros. La Funga “hace con los recursos que cuenta un buen trabajo”, dijo quien es la responsable de dotarla de esos recursos desde la Administración.

González Méndez también se refirió a la situación de la dirección de la Funga, vacante desde 2015. Según dijo, “en todo momento se cubrieron las funciones y responsabilidades inherentes a su cargo”. Y añadió que “en las próximas semanas está prevista su cobertura”, respuesta similar a la obtenida por este diario hace un mes. La directora general también se comprometió a hacer públicas en breve las memorias anuales de la Funga, de las que la de 2012 es la última conocida. Y frente a las críticas por desviar la supervisión de sus tutelados a entidades sociales como Cáritas o a los departamentos de trabajo social de los ayuntamientos, la directora general optó por dar una visión alternativa: “En todo momento hay una coordinación con los servicios sociales”, dijo.

Sin previsión de aumentar personal

La directora general destacó el incremento de 19 a 23 trabajadores que tuvo la Funga en 2016, pero nada dijo de que el año próximo el personal seguirá siendo el mismo a pesar de prever ya que las personas atendidas seguirán creciendo. Tal y como admite la Xunta en su documento presupuestario, actualmente en trámite en el Parlamento, desde que la Funga fue creada en 1996 el número de personas a las que atiende “no dejó de crecer”. Desde menos de 100 a mediados de los 90 se pasó a las 3.249 “con los que se trabajó en el año 2016” y “la previsión actual es que tal tendencia se mantenga en los próximos años” a causa de factores como “el progresivo envejecimiento de la población”, así como “el incremento, en los últimos tiempos, de personas beneficiarias, cada vez más jóvenes, diagnosticadas con trastornos mentales”. A estos elementos se añade, admite la propia fundación, “el desarraigo familiar existente en nuestra sociedad en relación con estos sectores de la población, motivado en muchos casos por las dificultades que entraña a las familias la atención a personas con este tipo de padecimientos”.

Pese a su previsión de aumento de personas atendidas, su presupuesto para personal continuará en 2018 en unos 838.000 euros. Los salarios son, precisamente, el grueso del presupuesto de la FUNGA, de alrededor de un millón de euros para el año próximo.

Dependientes de entidades sociales

La deficiente atención padecida por las personas tuteladas desde la Xunta provoca que, en numerosas ocasiones, estas acaben dependiendo de entidades sociales para poder satisfacer necesidades básicas incluso de higiene o mantenimiento. A una de las entidades que trabaja con personas en riesgo de exclusión, Cáritas, acudió el pasado lunes el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, para, con motivo de la inauguración de las nuevas instalaciones del Centro Vieiro en Santiago -entidad que recibe financiación de la Xunta, de la Diputación de A Coruña y del Ayuntamiento santiagués- destacar la política social de su gobierno.

Tres años después de desdeñar las alertas de esta ONG católica en materias como la nutrición infantil o la falta de vivienda e incluso cuestionar la fiabilidad de los datos que maneja la entidad, el presidente ensalzó a Cáritas como “un agente imprescindible para una política social real y efectiva” para lo cual “garantiza” el “apoyo” de la Xunta. “A pesar de que la situación económica está mejorando y cada vez más personas tienen un empleo, la Adminstración autonómica sigue reforzando los fondos destinados a la lucha contra la pobreza”, dijo Feijóo, que se empeñó en subrayar el nuevo incremento de la partida para financiar la Renta de Inclusión Social (Risga) a pesar de que esta parte del presupuesto varía en función del número de personas que precisan esta ayuda y, por lo tanto, su incremento indica un aumento del volumen de población sin dinero para subsistir.