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GALICIA

El teniente de alcalde de A Coruña quiso evitar que se certificase el acoso laboral a un testigo protegido

La instructora de la Operación Pokémon asegura que un trabajador del Ayuntamiento coruñés, clave en la investigación de la presunta trama corrupta, fue acosado por "haber colaborado con la Justicia"

La magistrada denuncia que fue víctima de una detención "anómala" en Ferrol y de "ensañamiento periodístico" para "perjudicarlo"

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Flores (derecha), junto al alcalde de A Coruña y el resto de su gabinete

Flores (derecha), junto al alcalde de A Coruña y el resto de su gabinete

El teniente de alcalde del Ayuntamiento de A Coruña, Julio Flores (PP), intentó impedir que se certificara el acoso laboral al testigo protegido de la operación Pokémon. Los abogados del número dos del gobierno local presentaron un recurso de apelación contra una providencia de enero con el cual intentaban que no se llevara a cabo la diligencia pericial de reconocimiento médico-forense para determinar si dicho testigo había sufrido una situación de mobbing o acoso laboral.

Los abogados del testigo pidieron la impugnación y nulidad del recurso de apelación presentado por Julio Flores, al entender que el intento de sus abogados de que se incluya también el historial clínico del testigo no tiene sentido, según las diligencias previas a las que ha tenido acceso este diario. Interpretan que es una maniobra para intentar anular las posibles pruebas del acoso laboral sufrido, basándose solo en el hecho de que el testigo ya había padecido anteriormente baja laboral, lo que supondría entender que estos antecedentes implican que el trabajador no puede sufrir una situación de mobbing.

La jueza que lleva el caso Pokémon, Pilar de Lara, aclara que se admitió indebidamente el recurso de Julio Flores y da de plazo a los abogados de Flores para que interpongan otro recurso de reforma en el plazo de tres días e "insten a lo que a su derecho convenga sobre una posible nulidad de la providencia" impulsada por los representantes del teniente de alcalde de A Coruña.

En todo caso, la magistrada ya había aclarado en un auto de casi 50 páginas del pasado 9 de enero que le otorgó a este trabajador, cuyo testimonio es "esencial" en la presunta trama corrupta, la condición de testigo protegido para frenar el "acoso" que viene sufriendo por, asegura, colaborar con la Justicia.

Ya en el otoño de 2012, dos semanas después del estallido de la Operación Pokémon, este trabajador del Acuario de A Coruña se dirigió a la Policía Nacional para "denunciar las irregularidades" que había detectado en las contrataciones del organismo, dependiente del Ayuntamiento coruñés. No obstante, no le "recogieron la oportuna denuncia" ni "se puso en conocimiento" del juzgado de Lugo que instruye el caso, según advirtió De Lara.

Aquel infructuoso acercamiento a la Policía fue solo el primer episodio de los avatares sufridos por el trabajador, quien se vio obligado a coger la baja en su puesto de trabajo en febrero del pasado año por la "situación de acorralamiento laboral que venía sufriendo por causa de oponerse a prácticas que consideraba ilícitas". "No cabe duda", dice la jueza en el auto, a cuyo contenido ha tenido acceso este diario, "de que la situación de acoso laboral" está en "íntima relación" con su denuncia de prácticas irregulares en el Ayuntamiento coruñés y "vinculada a la trama urdida por el Grupo Véndex para, en connivencia con diversos funcionarios públicos y autoridades políticas de A Coruña, conseguir la adjudicación" de contratos del Acuario. "Según obra en la causa", quien ahora es testigo protegido "parecía ser un importante obstáculo" para los supuestos líderes de la trama.

Una detención extraña y polémica

El trabajador "se opuso a las pretensiones de ilícita adjudicación del concurso de mantenimiento biológico" del Acuario a una filial de Véndex, tras lo que "fue objeto de una campaña de persecución y acoso" y de "represalias" de sus "superiores jerárquicos", actitudes que continuaron incluso tras su baja, cuando "aparecieron forzados varios armarios de su despacho" en el propio Acuario. Ese incidente motivó que De Lara enviara a la Policía Nacional al despacho para investigar un posible delito de "obstrucción a la Justicia". Pero, "extrañamente", ya había estado allí "interfiriendo en la investigación" la Policía Local, "dependiente directamente del alcalde y, más concretamente, del teniente de alcalde", Julio Flores, "imputado en la causa, entre otras cosas", según recuerda la jueza, por las "manipulaciones presuntamente urdidas" junto al responsable de Véndex en Galicia, José María Tutor, para "tratar de beneficiar a la empresa" con contratos del propio Acuario.

Lo más grave vendría más tarde. El suceso que llevó al trabajador a solicitar la protección judicial fue la detención que sufrió en Ferrol a finales de octubre, cuando, tras bajar del autobús en una parada equivocada, le pidió a una conductora si lo podía acercar a su destino. Desde el cuerpo policial ferrolano se detallaron lo que la jueza define como un "cúmulo de infortunios", tales como el supuesto "fallo del sistema de grabación de llamadas" que impide conocer las palabras de la conductora que informó de la presencia del trabajador en la vía pública o la "pérdida del parte de asistencia médica" de la que fue objeto tras ser detenido, toda vez que, a pesar de tener un brazo escayolado y una pierna lesionada, fue esposado.

Las "notables y flagrantes divergencias" en las sucesivas "narraciones" policiales se suman, según la jueza, al "dato relevante" de que "el actual jefe de la Policía Local de Ferrol (...) fuera hasta 2013 inspector principal de A Coruña bajo el mando del teniente de alcalde, Julio Flores", y que además este mando policial "figura en las listas de Véndex como receptor de regalos".

A todo esto se suma, asimismo, la "filtración" de la detención desde Ferrol al periódico La Voz de Galicia, cuya exposición de los hechos lleva a De Lara a "entender que existe una especie de conjura para perjudicar al testigo, publicando información inveraz para desprestigiarlo públicamente y desacreditar tanto su testimonio como el resultado de la instrucción, aprovechando casualmente o no" el "lamentable incidente" de la detención.

En el último auto, en el que se implica al alcalde Carlos Negreira en lo que la jueza denomina la "agencia de colocación" de "enchufes" del Ayuntamiento, la magistrada advierte de las "conexiones" de los correos intercambiados por el delegado de La Voz en A Coruña con Julio Flores y el "episodio" de la "detención en circunstancias ciertamente anómalas" del testigo por parte de la Policía Local de Ferrol. Y alerta del "denunciado ensañamiento periodístico producido con la difusión de información falaz por La Voz de Galicia", cuyo delegado en A Coruña "sería la persona que habría conseguido que se le filtrara el atestado policial llevado de la Policía Nacional de Ferrol" sobre dicha detención, además de haber encomendado a su subordinado la redacción del artículo sobre lo acontecido".

El testigo clave fue puesto en libertad sin figurar en el Libro de Detenidos y los agentes implicados llegaron a emplear la cuenta oficial de Twitter de la Policía Local de Ferrol para colgar material supuestamente requisado al trabajador del Acuario, junto a frases poco afortunadas.

 

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