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El Gobierno israelí vota a favor de legalizar los asentamientos en Cisjordania
El Gobierno israelí ha aprobado por unanimidad un proyecto de ley para legalizar de forma retroactiva los “outpost” o asentamientos temporales en el territorio ocupado de Cisjordania, hasta ahora ilegales según la legislación israelí.
Con este nombre se conocen las construcciones levantadas en propiedades palestinas que suelen preceder al establecimiento de un asentamiento y que, además de ser ilegales para la comunidad internacional, lo son también en la normativa israelí porque carecen de permisos.
La propuesta se ha llevado a votación pese a la objeción del primer ministro, Benjamín Netanyahu, que ha tenido un encontronazo con el titular de Educación y uno de los principales socios de su coalición, Naftali Bennet, a quien ha calificado de “infantil e irresponsable” por insistir en su votación en el orden del día.
Netanyahu pidió aplazar la votación hasta que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre la prórroga de siete meses que la Fiscalía solicitó el 1 de noviembre para ejecutar el desalojo del “outpost” de Amona, que por orden judicial tendría que ser evacuado antes del 25 de diciembre.
El fiscal general había advertido de que la votación sobre ese proyecto de ley antes de que el tribunal emita su dictamen podría “perjudicar significativamente” la concesión de dicha prórroga, según el periódico Haaretz.
Sin embargo, la presión de sus socios de Gobierno ha llevado a incluir finalmente el proyecto, que, de aprobarse en el Parlamento, evitaría la evacuación de Amona y reconocería otras colonias similares actualmente ilegales para Israel.
Según la ONU, hay un centenar de estas colonias prematuras, que se suman a los 150 asentamientos, todos ellos contrarios al derecho internacional. “Esta aprobación revela que Israel ha asumido el papel de legislador en Cisjordania y pone en evidencia su intención de anexionarla sin asumir los derechos civiles de sus residentes”, denunció en un comunicado la OHG israelí Yesh Din.
Esta organización considera que es una propuesta “discriminatoria y autoriza la explotación y confiscación de la capacidad de los propietarios palestinos de hacer uso de sus tierras, al negarles el derecho de apelar”, asegura la nota.
