La administración Trump sale a la caza de disidentes por la Red
El pasado 12 de julio, el Departamento de Justicia estadounidense envió una orden de registro a DreamHost, una empresa de hosting, alojamiento web y dominios con sede en Los Ángeles. Les pedían todos los datos y metadatos de usuarios de la página disruptj20.org, incluyendo todas las IPs de los visitantes del dominio y contenidos que hubieran sido guardados pero no publicados en la página, como fotos, borradores de correos o entradas en el blog.
Se solicitaban los “nombres, direcciones, números de teléfono y otros identificadores, e-mails, información corporativa, duración del servicio (incluyendo fecha de inicio), método y fuente de los pagos realizados por el servicio (incluyendo tarjetas bancarias y números de cuenta corriente) y la información sobre cualquier registro de dominio”.
Según la empresa, habría datos de más de 1.3 millones de personas, incluyendo activistas, periodistas, curiosos y visitantes accidentales.
Los “matices” del juez
Considerando que se vulneraban derechos fundamentales y amparándose en la Cuarta enmienda, DreamHost se negó a facilitar los datos de sus usuarios. La empresa hizo pública la orden, explicando que la información requerida “podría ser usada para identificar a cualquier persona que haya usado la página para ejercitar su derecho constitucional a ejercitar su expresión política”. Le pidió al gobierno que limitara su búsqueda a datos que fueran específicos a su investigación. La administración Trump se negó y DreamHost fue a juicio.
Contra todo pronóstico, ahora el juez de la Corte Superior de Washington D.C. Robert E. Morin ha fallado en su contra, aunque con matices. El gobierno deberá facilitar una lista completa de todos los agentes que tendrán acceso a los datos y de los métodos que serán utilizados en la investigación, que será supervisada por la Corte. También deberán justificar todo el material que consideren “pertinente”, mientras que el resto quedará sellado y no será accesible al gobierno sin una orden del propio juez. Además, el gobierno no podrá compartir los datos con ninguna otra agencia estadounidense, ni mucho menos de otro país.
Aunque esta última clausula crea un precedente interesante, y la empresa de hosting los ha celebrado como una pequeña victoria, lo cierto es que el gobierno tendrá que vigilarse a si mismo para no faltar a las peticiones del juez. Si DreamHost no recurre, cualquiera que haya visitado la página de la protesta será sujeto de una investigación criminal. Peor todavía: no es ni la primera, ni la única vez.
Objetivo, protestantes contra Donald Trump
El pasado mes de abril, el Ministerio de justicia empezó a investigar las manifestaciones no autorizadas que tuvieron lugar el 20 de enero en Washington DC, con motivo de la Investidura presidencial del hasta entonces presidente electo Donald Trump. La protesta, presuntamente coordinada a través de la web anti-capitalista y antifascista DisruptJ20, tenía como objetivo manifestar rechazo contra las políticas del nuevo presidente.
El objetivo era detener las festividades, incluyendo la investidura y la gala de manera pacífica, bloqueando las calles. Se trataba de una protesta pacífica pero, a lo largo del día, el ambiente se fue caldeando y algunos manifestantes rompieron ventanas de establecimientos e hicieron pintadas con spray. La jornada se saldó con 235 detenidos, entre ellas cinco menores y varios periodistas.
Varios medios, entre ellos el Guardian, acusaron a las autoridades de acosar a los manifestantes de manera desproporcionada y agresiva usando gases lacrimógenos, granadas de concusión, cañones de agua y pulverizadores de pimienta. Varias personas han interpuesto demandas contra la policía por abuso de autoridad.
En abril, el Departamento de Justicia acusó a 217 personas de vandalismo, destrucción de propiedad privada y resistencia a la autoridad. Entre los acusados hay dos periodistas, incluyendo Aaron Cantu, colaborador de Vice, The Nation, The Guardian o The Intercept y el fotógrafo Alexei Wood, que había documentado toda la marcha por streaming.
Algunos de los delitos están penados con decenas de años de cárcel y 250.000 dólares de multa. Los juicios han sido programados para octubre de 2018. Uno de los abogados dijo en la vista que no sucederían, porque Trump será destituido antes de que tengan lugar.
