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La administración Trump sale a la caza de disidentes por la Red

Un juez de Washington ordena a una web de hosting que facilite las identidades de los usuarios de una web antiTrump

Las implicaciones para el derecho a la libre expresión y la libre asociación en EEUU son enormes

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Miles de personas abarrotan Washington para una marcha por los derechos de las mujeres que puede ser histórica.

Miles de personas abarrotan Washington para una marcha por los derechos de las mujeres que puede ser histórica. EFE

El pasado 12 de julio, el Departamento de Justicia estadounidense envió una orden de registro a DreamHost,  una empresa de hosting, alojamiento web y dominios con sede en Los Ángeles. Les pedían todos los datos y metadatos de usuarios de la página  disruptj20.org, incluyendo todas las IPs de los visitantes del dominio y contenidos que hubieran sido guardados pero no publicados en la página, como fotos, borradores de correos o entradas en el blog.

Se solicitaban los "nombres, direcciones, números de teléfono y otros identificadores, e-mails, información corporativa, duración del servicio (incluyendo fecha de inicio), método y fuente de los pagos realizados por el servicio (incluyendo tarjetas bancarias y números de cuenta corriente) y la información sobre cualquier registro de dominio".

Según la empresa, habría datos de más de 1.3 millones de personas, incluyendo activistas, periodistas, curiosos y visitantes accidentales. 

Los "matices" del juez

Considerando que se vulneraban derechos fundamentales y amparándose en  la Cuarta enmienda, DreamHost se negó a facilitar los datos de sus usuarios. La empresa hizo pública la orden, explicando que la información requerida "podría ser usada para identificar a cualquier persona que haya usado la página para ejercitar su derecho constitucional a ejercitar su expresión política". Le pidió al gobierno que limitara su búsqueda a datos que fueran específicos a su investigación. La administración Trump se negó y DreamHost fue a juicio.

Contra todo pronóstico, ahora el juez de la Corte Superior de Washington D.C. Robert E. Morin ha fallado en su contra, aunque con matices. El gobierno deberá facilitar una lista completa de todos los agentes que tendrán acceso a los datos y de los métodos que serán utilizados en la investigación, que será supervisada por la Corte. También deberán justificar todo el material que consideren "pertinente", mientras que el resto quedará sellado y no será accesible al gobierno sin una orden del propio juez. Además, el gobierno no podrá compartir los datos con ninguna otra agencia estadounidense, ni mucho menos de otro país. 

Aunque esta última clausula crea un precedente interesante, y la empresa de hosting  los ha celebrado como una pequeña victoria, lo cierto es que el gobierno tendrá que vigilarse a si mismo para no faltar a las peticiones del juez. Si DreamHost no recurre, cualquiera que haya visitado la página de la protesta será sujeto de una investigación criminal. Peor todavía: no es ni la primera, ni la única vez.

La policía trata de retener a unos manifestantes que bloqueaban una de las entradas de la ruta del desfile de inauguración, cercano a la avenida Pennsylvania, como protesta contra el presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, en Washington, Estados Unidos, hoy, 20 de enero de 2017. EFE

La policía trata de retener a unos manifestantes que bloqueaban una de las entradas de la ruta del desfile de inauguración EFE

Objetivo, protestantes contra Donald Trump

El pasado mes de abril, el Ministerio de justicia empezó a investigar las manifestaciones no autorizadas que tuvieron lugar el 20 de enero en Washington DC, con motivo de la Investidura presidencial del hasta entonces presidente electo Donald Trump La protesta, presuntamente coordinada a través de la web anti-capitalista y antifascista D isruptJ20, tenía como objetivo manifestar rechazo contra las políticas del nuevo presidente.

El objetivo era detener las festividades, incluyendo la investidura y la gala de manera pacífica, bloqueando las calles. Se trataba de una protesta pacífica pero, a  lo largo del día, el ambiente se fue caldeando y algunos manifestantes rompieron ventanas de establecimientos e hicieron pintadas con spray. La jornada se saldó con  235 detenidos , entre ellas cinco menores y  varios periodistas

Varios medios, entre ellos el Guardian, acusaron a las autoridades de acosar a los manifestantes de manera desproporcionada y agresiva usando gases lacrimógenos, granadas de concusión, cañones de agua y pulverizadores de pimienta. Varias personas han interpuesto demandas contra la policía por abuso de autoridad. 

En abril, el Departamento de Justicia acusó a 217 personas de vandalismo, destrucción de propiedad privada y resistencia a la autoridad. Entre los acusados hay dos periodistas, incluyendo  Aaron Cantu, colaborador de Vice, The Nation, The Guardian o The Intercept y el fotógrafo Alexei Wood, que había documentado toda la marcha por streaming.

Algunos de los delitos están penados con decenas de años de cárcel y 250.000 dólares de multa. Los juicios han sido programados para octubre de 2018. Uno de los abogados dijo en la vista que no sucederían, porque Trump será destituido antes de que tengan lugar.

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