La fiscalía de Brasil acusa a Temer de obstrucción a la justicia
El presidente de Brasil, Michel Temer, y el excandidato presidencial Aecio Neves actuaron conjuntamente para impedir el avance de investigaciones de corrupción, según ha señalado el Fiscal General de la República, Rodrigo Janot, en un documento hecho público este viernes.
Según Janot, Neves, “en articulación, entre otros, con el presidente Temer”, intentó obstaculizar la operación 'Lava Jato'“, sobre la trama corrupta en la estatal Petrobras, a través de ”medidas legislativas“ y ”el control del nombramiento de comisarios de policía“ que conducían las investigaciones.
“De esta forma, se ve también la posible práctica del delito de obstrucción a la Justicia”, ha subrayado el fiscal Janot, citado en un documento en el que el magistrado del Supremo, Edson Fachin, autorizó el jueves la apertura de una investigación contra Temer.
El presidente, de 76 años, se vio salpicado directamente por la confesión efectuada ante la justicia por uno de los dueños del gigante cárnico JBS, que colocó al presidente brasileño en el centro de un escándalo de corrupción.
El empresario confesó que JBS le paga sobornos a Temer desde 2010, según documentos difundidos este viernes por la Corte Suprema, y grabó una conversación hecha pública esta semana y que compromete directamente al jefe de Estado. La confesión del empresario ha llevado al Tribunal Supremo de Brasil a autorizar una investigación contra el presidente.
De acuerdo con la Fiscalía, la grabación demuestra que Temer dio “aval” al empresario Joesley Batista para comprar el silencio de Eduardo Cunha, expresidente de la Cámara de los Diputados y en prisión por corrupción.
El mandatario, en el poder de manera efectiva desde la destitución de Dilma Rousseff el pasado agosto, ha negado cualquier tipo de acto ilícito y el jueves se dirigió a la nación para afirmar enérgicamente que no renunciará a su cargo, a pesar de las presiones de la oposición y de algunos sectores de su base.
No obstante, Temer pudiera ser desalojado del poder si se instaura un proceso penal en su contra, lo cual debería avalado por el Parlamento.
