Ven “injusto” que no tengan las periféricas ruta marítima OSP y las islas capitalinas sí
El presidente de la Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme) de La Palma, Tomás Barreto, ha asegurado este viernes que “es injusto” que las islas periféricas no cuenten con una conexión marítima con la Península con aportación del Estado y las capitalinas sí. La patronal ha remitido una carta a la ministra de Fomento, Ana Pastor, en la que solicita “la paralización del concurso de la gestión de servicios de la línea de interés público Península-Canarias, que ha dejado fuera a La Palma, Lanzarote y Fuerteventura, en los términos que está publicado, y que se redacte otro garantizando la conectividad directa de estas islas con la Península”.
Los empresarios han celebrado este viernes una reunión para analizar la Obligación de Servicio Público (OSP) de la línea marítima entre La Palma y Cádiz a la que han invitado a representantes de todas las formaciones políticas. Asistieron al encuentro la portavoz de CC en el Cabildo, Guadalupe González; los diputados del Parlamento de Canarias José Luis Perestelo (CC); Rosa Pulido (CC), Manuel Marcos Pérez (PSOE), Maite Pulido (PP), junto a la senadora María de Haro, el diputado nacional del PP, Ernesto Aguiar; el vicepresidente del Cabildo, Carlos Cabrera, y los consejeros insulares de Agricultura, Basilio Pérez, y Promoción Económica y Comercio, Mariano Hernández. Estuvieron también presentes el delegado insular de la Cámara de Comercio, Mauro Fernández; el presidente del Consejo de Usuarios, Juan Manuel Guillén; el presidente de la Asociación de Empresarios del Casco Histórico, Juan Arturo Sangil, y el presidente del Centro de Iniciativas Turísticas de La Palma, Antonio Sosa.
En el pliego de condiciones del citado concurso, según se recoge en el escrito remitido a Ana Pastor, “sólo aparecen Gran Canaria y Tenerife, pero no La Palma, Lanzarote y Fuerteventura, cuando son las que, precisamente, necesitan la garantía de conectividad, ya que las dos mayores, por su población y actividad económica, y por tanto, por el flujo de transporte, difícilmente podrían quedar sin el servicio adecuado”.
La convocatoria “hace correr el riesgo de que se disminuyan las frecuencias de escalas, se impongan transbordos, o se produzca un incremento del precio de los fletes para esta islas, provocando un incremento de las desigualdades y falta de oportunidades al limitar su capacidad de conectividad marítima”.
Condiciones “llamativas”
En opinión de Cepyme, “resultan llamativas las condiciones que aparecen en este concurso de Obligación de Servicio Público, que en el caso de Canarias contempla para los puertos de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria una subvención de 6,5 millones de euros (en el año 2006 ascendía a 11,4 millones), cuando en otro caso, con una población de aproximadamente 80.000 habitantes y mucho más próxima a la Península, la subvención asciende a 15,4 millones, una cantidad que consideramos desproporcionada con respecto a La Palma, Tenerife y Fuerteventura, que tiene una población aproximada de 331.000 habitantes, y Canarias en total más de dos millones”.
Tomás Barreto ha asegurado que “no hay razón” para que Gran Canaria y Tenerife tenga conexión marítima con respaldo estatal y el resto de las islas, no. Expresó su satisfacción por lograr un frente común con todos los partidos políticos en esta reivindicación, aunque dijo que “este viernes estaba previsto que el Ministerio de Fomento tomara algún acuerdo sobre el pliego de condiciones del concurso, que finaliza el día 20 de enero, y no estamos convencidos que lo vaya a hacer”. Adelantó que este sábado se celebrará en Lanzarote una reunión empresarial para abordar este asunto.
La senadora María de Haro manifestó que “todos estamos de acuerdo en la necesidad de mantener esta línea, que es absolutamente fundamental para el transporte de mercancías y pasajeros”. Aseguró que “me consta la preocupación del Ministerio de Fomento, de la Secretaría General de Transporte y de la Dirección General de la Marina Mercante” para resolver este asunto.
Manuel Marcos Pérez resaltó que “es imprescindible que Canarias y La Palma sigan contando con esta escala, porque lo contrario supondría un ataque brutal que elevaría los costes de la doble insularidad”. De no corregirse el pliego de condiciones, expuso, “se vulnerarían los derechos de los canarios”. Esta escala “es imprescindible para garantizar nuestro desarrollo económico y social”.
Por su parte, Guadalupe González, aclaró que mejorar el concurso no supone puntuar con 50 puntos a las navieras que cubran la línea, puesto que no están obligadas a prestar el servicio. Recordó que las islas que tienen “más difícil conexión, más apoyo del Estado precisan”. Se preguntó qué ocurriría “si se dejara a una región española sin trenes”. Fue muy crítica con el Ministerio de Fomento y con el PP, a los que acusó de practicar una política “especialmente agresiva con Canarias y con las islas no capitalinas”. “Los ciudadanos canarios tenemos derechos, no privilegios, y los recortes que está llevando a cabo el Estado retrotraen a La Palma a los años 60 y 70”, afirmó. Abogó por hacer “un frente común, porque este concurso se tiene que parar”.
El vicepresidente del Cabido, Carlos Cabrera, rechazó “la visión apocalíptica” que se está dando de este asunto y aseguró que desde la Corporación insular “nuestro objetivo es trabajar para que se modifique el pliego de condiciones y que La Palma no tenga que estar supeditada a nadie”. Destacó “el apoyo unánime” que se ha logrado en esta reivindicación, porque, precisó, “tenemos que unirnos y no distanciarnos”.
