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El Hierro, La Gomera y La Palma. Una oportunidad de futuro

La política no es una ciencia exacta, pero sí una técnica para reparar errores e injusticias. Por ejemplo, para compensar los costes que ciertas islas pagan por su belleza y hechos diferenciales.

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Por amplísima mayoría, el Parlamento de Canarias aprobó la reforma de la Ley 6/2002 sobre Medidas de Ordenación Territorial de la actividad turística en las islas de El Hierro, La Gomera y La Palma, planteada por el Cabildo palmero y perfeccionada por nuestra Cámara legislativa.

Desde aquella promulgación, hace ya 14 años, estas islas no se pudieron incorporar al modelo económico de Canarias, tanto por dificultades de adaptación a la realidad, como por los dilatados y complicados trámites en el planeamiento, los sucesivos cambios normativos y la intervención de varios ámbitos administrativos,

Un ejemplo expresivo de su triste recorrido se explica en un hecho incuestionable. Durante su vigencia, solo se han podido autorizar unas 120 camas turísticas en las tres islas (64 de ellas en La Palma).

Ante esa situación, se impuso la urgencia y la demanda social de una alternativa de desarrollo, compatible con la conservación de la naturaleza, y la puesta en valor de los activos históricos, paisajísticos y artísticos a través de esta nueva ley, reformada y aprobada por el Parlamento de Canarias, en su sesión plenaria del pasado día 13 de septiembre.

La reforma se sustentó en la plena facultad de nuestra Cámara para legislar sobre la Ordenación del Territorio, según el artículo 35 del Estatuto de Autonomía, avalado por el Consejo Consultivo. Además, y en cuanto a materia medio ambiental, se ajusta plenamente a la legislación del Estado y a la normativa de la Unión Europea.

La nueva Ley permite recuperar actuaciones singulares y estratégicas incluidas en el Plan Territorial de Ordenación Turística de La Palma, aprobado en el año 2008. Asimismo, hace viables las explotaciones agrarias, mediante la construcción de pequeños alojamientos turísticos en las mismas, que complementen las rentas del sector primario, respetando la conservación del medio ambiente y la protección del paisaje en todas las actuaciones.

Es, sin duda, una alternativa modulada para complementar las rentas del sector primario en franco declive y, también, para viabilizar y agilizar las actuaciones singulares, cuyas competencias se residencian en los Cabildos, en coordinación con sus respectivos ayuntamientos.

Hay que señalar que contabilizando las plazas turísticas actuales de La Palma (unas 9.000) y las previstas en la ley (unas 8.000), están lejos de llegar a las 25.000 totales previstas para la isla. Debemos considerar que, con una superficie similar, sólo Lanzarote tiene más de 123.000 camas turísticas en uso: cualquier municipio de Lanzarote o Fuerteventura, tiene “construidas” actualmente más de 35.000 camas turísticas.

Las tres islas occidentales deben aprovechar esta oportunidad para acabar con el sangrante desequilibrio y la desigualdad económica que las convierte en territorios con menor renta per cápita, población más envejecida, mayor emigración juvenil, mínimas oportunidades para sus habitantes y mayores dificultades para su desarrollo.

Afortunadamente, una inmensa mayoría de la Cámara legislativa aprobó nuestra propuesta. La oposición de Podemos y Nueva Canarias, a quienes respetamos ese legítimo derecho, fortalece en la práctica la transparencia del proceso y el ejercicio de la democracia y, en definitiva, nos reafirmó en el cumplimiento del mandato de quienes nos dieron su confianza y su voto para representar a nuestras respectivas islas.
Curiosamente, la oposición a la reforma, procede de partidos políticos sin representación en las referidas tres islas que, por su cuenta y riesgo, se irrogan la exclusiva defensa de la naturaleza y el modelo de vida de sus habitantes, buscando con el ruido mediático, obstaculizar y retrasar una iniciativa necesaria y largamente demandada.

Por encima de los avatares puntuales, estamos ante una norma legal que posibilita el despegue económico y social de La Palma y también de La Gomera y El Hierro; una sólida y sencilla norma que, en manos de cada Cabildo y la participación de la iniciativa privada, debe aportar las cuotas de bienestar a unas islas tan necesitadas en estos tiempos y hacer posible abordar con mayor optimismo su futuro.

Antonio A. Castro Cordobez es diputado de CC-PNC por la isla de La Palma.

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