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Informe de la calidad de la sanidad pública

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Según los datos del último informe sobre los servicios sanitarios de las Comunidades Autónomas de 2012, publicado por la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), Canarias ocupa el penúltimo lugar del país en la clasificación de calidad de la sanidad pública.

Está descrito, además, que la tasa de muertes prematuras en las Islas es mayor que la media nacional, siendo las principales causas de estos fallecimientos los debidos a ictus, neumonía, cardiopatía isquémica o Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica.

Este indicador de mortalidad prematura se calcula sobre los Años de Vida Potencialmente Perdidos (A.V.P.P.), que mide los años que han dejado de vivir los individuos fallecidos prematuramente, es decir, antes de lo que indica la expectativa de vida.

Canarias sufre, por otra parte, las listas de espera mayores de todo el Estado. Estamos a la cabeza de la prevalencia de la obesidad, hipertensión, enfermedades metabólicas y cardiovasculares. Somos la comunidad con más carencias de personal sanitario de todo el país. Estamos a la cola de todo el Estado, tanto en prestaciones como en servicios, en el cumplimiento de la Ley de Dependencia.

La aplicación de los recortes que viene afectando en los últimos años a la sanidad pública canaria ha agravado una situación que ya era de mínimos. Todo esto está provocando que miles de enfermos que esperan una intervención quirúrgica, una consulta hospitalaria, una prueba diagnóstica o para ser atendidos por su médico de cabecera, tropiecen con las barreras que suponen unas listas de espera excesivamente masificadas y que ponen en un permanente peligro la salud y la vida de la población.

Ante esta preocupante realidad del estado de la atención sanitaria en nuestras islas, se hace necesaria la defensa y aplicación de las propuestas recogidas en la Iniciativa Legislativa Popular del Foro Social Canario por la Defensa y Promoción de la Salud y la Sanidad Pública Canaria y que en síntesis son las siguientes:

Derecho a la Salud. Políticas Públicas para la Salud

El derecho a la salud se vincula, además de a los programas y servicios de Salud Pública, a los derechos a la igualdad sin discriminación alguna ni exclusión, la educación, el trabajo, a una vivienda digna, cultura física y ambiente sano.

Se deberá garantizar estos derechos mediante la formulación coordinada de políticas públicas económicas, sociales, culturales, educativas y ambientales; así como, mediante el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de la salud física, salud mental, salud sexual y salud reproductiva.

Se potenciará la calidad de los servicios públicos sanitarios y la calidad en la atención sanitaria y sociosanitaria prestada.

Potenciación de las infraestructuras y programas de Medicina Preventiva y Salud Pública

Los programas y servicios de Salud Pública deberán ser gestionados por una única estructura administrativa, la Agencia Canaria de Salud Pública, con actividades básicas en cuanto a prevención y control de:

1.- La higiene alimentaria y su relación con las principales causas de enfermedad y muerte. La salud bucodental, conforme a las recomendaciones de la OMS ha de integrarse en los dispositivos de salud pública.

2. La salubridad ambiental y exposiciones asociadas epidemiológicamente a elevadas tasas de incidencia y mortalidad por cáncer en Canarias (El 90% de los casos de cáncer están causados por factores ambientales, según la OMS)

3.- La salud laboral debe estar integrada en los dispositivos de salud pública y no a cargo de las mutuas laborales.

4.- Los programas de prevención y promoción de la salud deben ser sistemáticos, evaluados y con incorporación de la población en sus estrategias a través de la participación en el Consejo Canario de Salud Pública.

Atención Primaria y Especializada Extrahospitalaria

Se priorizará en la planificación sanitaria pública potenciándose adecuadamente la Atención Primaria y Especializada en el ámbito extrahospitalario. Se deben equiparar los ratios de personal a la media del Estado español.

Atención a las Drogodependencias

La Atención a las Drogodependencias se integrará en el sistema público sanitario y en la red especializada de Salud Mental

Salud Mental, Cuidados Paliativos y de Geriatría

Los programas y servicios comunitarios de Salud Mental, así como los programas de Cuidados Paliativos y de Geriatría, se formularán con la participación activa de las asociaciones y colectivos de familiares de pacientes afectadas.

La atención sociosanitaria a las personas dependientes y los derechos contemplados en la Ley de Dependencia formarán parte de la atención integral a las mismas.

Plan Integral de Urgencias y Emergencias

Para las islas no capitalinas y para las poblaciones en las que se justificara por la lejanía de servicios de urgencias, es necesario garantizar la presencia física durante las 24 horas del día de un médico/a y un enfermero/a en los Centros de Salud.

Profesionalización de los gestores sanitarios

Debiéndose separar las responsabilidades políticas de las administrativas.

Fomento de la Participación Ciudadana

Se crea un Observatorio Social de la Salud en Canarias, como organismo adscrito al Servicio Canario de Salud y dependiente del Consejo Canario de Salud, formado íntegramente por organizaciones sociales y expertos designados por aquéllas, encargado del análisis y estudio de la realidad sanitaria en las islas, así como de la formulación de propuestas para la mejora del sistema.

Declaración de Urgencia de la construcción, dotación y puesta en funcionamiento de los hospitales comarcales públicos, tanto de la isla de Gran Canaria como de la de Tenerife, con todas las especialidades que se contemplan para un hospital de segundo nivel.

Serán de exclusiva titularidad y gestión pública. Para ello es necesaria la derogación de las leyes 3/2000 y 4/2000 del Parlamento de Canarias que lo cuestionan.

Los centros, servicios y establecimientos de entidades privadas en toda la Comunidad Autónoma de Canarias, dejarán de ser objeto, progresivamente, de conciertos o convenios singulares, dedicándose cada vez más los fondos públicos a los centros del sector público para reducir las listas de espera e incrementar la calidad de la atención. Mientras esto se lleva a la práctica, se debe delimitar claramente el papel del sector privado, evitando la descapitalización del sector público y la financiación tecnológica encubierta de los centros privados. Para garantizar la calidad de sus tratamientos, se establece la acreditación periódica de los centros y empresas privadas con los que el sector público ha establecido conciertos, exigiéndoseles los mismos parámetros de calidad que al sector público.

Se crearán los centros sociosanitarios públicos necesarios y mientras eso se materializa se supervisará la calidad del servicio prestado por los centros y plazas concertadas con dinero público a cargo de la Comisión de Control de los Conciertos con el sector privado, dependiente del Consejo Canario de la Salud.

Ley de Dependencia

En Canarias debe establecerse un plan de inversiones que de cumplimiento a lo contemplado en la Ley 39/2006 en cuanto a las prestaciones y servicios.

El Parlamento canario, con fecha 7 de marzo de 2012, aprobó por unanimidad, admitir a trámite esta Iniciativa Legislativa Popular (ILP), sobre la salud y la sanidad pública en Canarias.

Desde entonces, nada indica que la cámara legislativa se haya ocupado de tomar en consideración esta iniciativa, respaldada por unas 25.000 firmas.

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