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Turismo, desarrollo y protección ambiental

No podemos compartir que, aprovechando la situación de grave crisis económica y social que seguimos padeciendo y que se traduce en pobreza y desempleo, se nos venda esta Ley.

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Estos días he leído con cierto estupor, en diversos medios de comunicación, algunas notas de prensa y he escuchado entrevistas y declaraciones, en la que algunos que llevan más de 30 años gobernando en esta Isla y en Canarias, o cogobernando con unos y con otros, y que tiene una gran responsabilidad de la situación de estancamiento económico en la que nos encontramos, se pretenden erigir ahora en salvadores de la patria, convirtiendo a La Palma en un solar.

Parecen olvidar, pues no hay en sus palabras el mínimo de autocrítica, que sus decisiones equivocadas, su incompetencia o incapacidad de gestión, sus despilfarros o sus favores y redes clientelares, han contribuido en gran medida, a que estemos en una situación tan crítica: con una población envejecida; con un alto porcentaje de hogares por debajo del umbral de la pobreza; con un tejido productivo limitado y poco diversificado, precario e inestable; con falta de oportunidades, sobre todo para los más jóvenes; con un éxodo poblacional que desangra a la isla un día tras otro…

Y ahora pretenden, con la modificación de la Ley de ordenación del modelo turístico insular de las llamadas islas verdes y con la Ley del suelo, que inicia su andadura en el Parlamento, desregular el territorio. En el primer caso, para que sean los cabildos insulares lo que decidan qué se puede o no hacer en cada momento, sin planificación previa y de forma discrecional y arbitraria; y en el otro, para trasladar las competencias urbanísticas a los 88 cantones de Canarias, para que se pueda hacer cualquier cosa en cualquier parte del territorio, generando mayor inseguridad jurídica, lo que se convertirá en el caldo de cultivo de una mayor judicialización de la gestión urbanística.

En el caso de la Ley Turística, algunos compartíamos la propuesta inicial del Cabildo Insular de La Palma que pretendía simplificar la norma y favorecer el desarrollo turístico a través de una revisión del Plan Insular de Ordenación, de manera democrática y participativa. Pero no podemos compartir las enmiendas coladas en último momento por la derecha insularista, sin un debate previo y sosegado, que modificaron sustancialmente la propuesta inicial y que ponen en serio riesgo nuestra mayor riqueza, nuestro patrimonio natural y ambiental, el legado que recibimos del pasado, que vivimos en el presente y que debemos transmitir en las mejores condiciones a las generaciones futuras.

No podemos compartir que aprovechando la situación de grave crisis económica y social que seguimos padeciendo, que se traduce en pobreza y desempleo para nuestro pueblo, se nos venda esta Ley con la milonga de generar riqueza y empleo, como si fuera la panacea que va a curar todos los males de nuestra maltrecha economía insular. Es el mismo cuento de siempre para justificar una norma que viene a significar un ataque frontal contra nuestra tierra, contra un modelo diferente de desarrollo turístico singular, adaptado a nuestra realidad, de alta calidad, basado en la sostenibilidad territorial y en el respeto al medio ambiente, buscando siempre el necesario equilibrio entre el crecimiento económico y  la protección de nuestro frágil patrimonio natural.

No podemos compartir que se pretende implantar un modelo fracasado, que sólo favorece a la economía especulativa, a los “intermediarios del suelo” y a la economía del cemento y no del conocimiento, iniciando un proceso que nos puede llevar a la destrucción de los suelos agrarios y de protección ambiental, provocando la depredación del territorio, matando así a nuestra “gallina de los huevos de oro”.  Es más, quienes se llenan la boca con la palabra empleo, lo hacen a sabiendas del nivel de precariedad laboral que provoca su modelo económico. Y el ejemplo lo tenemos en otras islas que ahora parecen ser el modelo a seguir y en las que, a pesar del desmesurado crecimiento de la oferta turística, tienen un porcentaje de paro similar al nuestro.

Por ello afirmamos que somos firmes defensores de que, en la Isla, se genere riqueza y empleo cualificado y de calidad con un nuevo modelo económico. Un modelo en el que: se favorezca la implantación de energías renovables, avanzando hacia la soberanía energética; se potencie la agricultura ecológica y la ganadería, protegiendo nuestras producciones locales, para avanzar hacia la soberanía alimentaria; se establezca un modelo turístico diferenciado, ordenado y respetuoso con nuestro entorno; y se desarrolle la llamada economía del conocimiento; y todo ello sin necesidad de destrozar nuestro patrimonio natural y ambiental... Pero hay otros que han elegido un modelo desarrollista ya fracasado, a través del camino de la desregulación territorial, del aquí vale todo, que nos conduce al "pan para hoy y hambre para mañana".

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