Los ladrones de derechos

La Constitución española está bajo un asedio nunca antes visto. Los derechos y libertades que en ella se recogen para garantizar un marco de convivencia pacífico llevan días cercenándose a pasos agigantados.

Los derechos fundamentales que vienen recogidos en nuestra Carta Magna no son otra cosa que límites a la actuación del poder sobre los ciudadanos, conquistas sobre la acción de los gobernantes resultantes de luchas y victorias progresivas de muchos hombres y mujeres. Sería ingenuo pensar que dichas conquistas son eternas y no requieren de defensa alguna para su mantenimiento y ampliación.

Una crisis siempre supone una excusa perfecta para poder mutilar poco a poco este sistema de libertades civiles. A modo de ejemplo de mayor a menor intensidad hemos podido ver estas amputaciones, en sistemas democráticos, en la crisis venezolana, el autogolpe de Erdogan en Turquía, en muchos países occidentales por la amenaza terrorista; y ahora, en España, gracias a la crisis que estamos viviendo por la cuestión catalana.

Por un lado, una mayoría del Parlament de Cataluña junto con la Generalitat, decidieron saltarse numerosos preceptos de nuestra Constitución española, entre ellos el artículo 9 que proclama la sujeción de ciudadanos y poderes públicos al ordenamiento jurídico o lo que es más grave, algunos derechos fundamentales como el de participación política en los asuntos públicos recogido en el artículo 23.

Por otro lado, algunos miembros del Poder Judicial y la Fiscalía, han atacado a su vez, algunos derechos, también fundamentales como son el de libertad de expresión (art. 20 CE) o el de libertad de reunión (art. 21 CE), no en Cataluña, sino en comunidades autónomas como Madrid o el País Vasco, en actos organizados en favor del derecho a decidir, amparándose en la providencia del Tribunal Constitucional que de lo único que advierte es de impedir “la preparación y/o la celebración del referéndum sobre la autodeterminación de Cataluña” por lo que no parece que prohibir actos, conferencias o manifestaciones públicas no es algo que pueda interpretarse de los pronunciamientos del TC, y, mucho menos, cuando son expresiones del ejercicio de derechos constitucionalmente protegidos.

La brecha abierta en Cataluña, y que también empieza a resquebrajar parte del Estado, tiene a largo plazo una posible solución en una reforma constitucional completa que ofrezca una alternativa a la dicotomía dentro/fuera en la que se está planteando el debate independentista. Y a corto plazo, en una restauración del marco de convivencia y de diálogo iniciándose con el art. 155 CE que garantiza un debate democrático entre el Gobierno, grupos políticos, Comunidades Autónomas y Generalitat de Cataluña en el marco del Senado que restablezca el respeto al Estado de Derecho en todo el Estado en su conjunto. ¿No sería mejor que empiecen a cumplir la Constitución y las leyes aquéllos que quieren exigir su cumplimiento?