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Una denuncia del Sindicato de Policías Locales obliga a Breña Alta a elaborar una RPT

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo insta al Ayuntamiento a crear una Relación de Puestos de Trabajo para “cumplir con la legalidad”.

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El juzgado de lo Contencioso de Santa Cruz de Tenerife obliga al Ayuntamiento de Breña Alta a elaborar una Relación de Puestos de Trabajo (RPT) por una denuncia del Sindicato Independiente de Policías de Canarias (SIPC) que representa a los agentes de la Corporación, según se informa en una nota de prensa.

Recuerdan que “se exige al alcalde la elaboración de una RPT, ya que actualmente la Corporación carece de ella, estando obligada por ley desde el año 1995, lo que denota, una vez más, la dejadez y mala gestión llevada a cabo por el equipo de Gobierno del PP y el PSOE, ya que pudieran existir fuertes intereses del equipo de Gobierno en la no elaboración y exposición pública de dicho documento, lo cual deja de manifiesto algún tipo de interés que se ignora, en que no se aplique la legalidad vigente”, aseguran.

El Sindicato de Policías Locales pone de manifiesto que “en pasadas fechas, el primer teniente de alcalde, del Partido Popular, salió en los medios confundiendo a los ciudadanos, con unas declaraciones de desprestigio a este colectivo de trabajadores, las cuales se contradicen con lo que esta sentencia viene a decir, y que no es otra cosa que se cumpla la legalidad en la Corporación de Breña Alta, y que los puestos de trabajo sean elegidos basándose en el instrumento técnico para ello, que no es otro que la RPT”.

Asimismo, recuerda que mantiene “un total de 20 demandas judiciales en el juzgado debido a la intolerancia de este grupo de Gobierno a negociar las reivindicaciones del colectivo de la Policía Local”.

El SIPC lamenta “tener que acudir al juzgado buscando que se le reconozcan los derechos que desde el grupo de Gobierno niegan tajantemente, con el consiguiente gasto que ello supone para las arcas municipales en defensa jurídica para la administración, por la negativa de sus gobernantes a sentarse a negociar para evitar los procedimientos judiciales”, concluyen.

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