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La capital ve difícil evitar un reintegro al Estado

CONFÍA EN LA VÍA DE LO CONTENCIOSO

El pleno aprobó este martes la delegación del ejercicio de acciones judiciales y administrativas y defensa del Consistorio en relación con las obras del Fondo de Inversión Local.

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El teniente de alcalde y concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, Juan José Cabrera Guelmes, ve "muy difícil que en vía administrativa se nos exonere de la obligación" de devolver al Estado los 372.000 euros que reclama al haber detectado una serie de irregularidades en la ejecución, en el año 2009, de una obra en la cancha deportiva de El Pilar, enmarcada en el denominado PlanE. El Pleno de la Corporación, en una sesión plenaria celebrada en la tarde-noche de este martes, ha aprobado por unanimidad la delegación del ejercicio de acciones judiciales y administrativas y defensa del Ayuntamiento en relación con las Obras del Fondo Estatal de Inversión Local.

Imagen de archivo de una sesión plenaria.

Imagen de archivo de una sesión plenaria.

Cabrera Guelmes y el arquitecto municipal, junto con la senadora María de Haro, mantuvieron una reunión en Madrid con responsables de la Dirección General de Coordinación de Competencias de las Comunidades Autónomas y Entidades Locales al objeto de buscar asesoramiento y de aclarar "si teníamos alguna salida por la vía administrativa a este expediente de reintegro que se nos ha iniciado ya después de los recursos presentados, obligándonos a devolver las cantidades que fueron objeto de subvención para la cancha deportiva de El Pilar", explicó a LA PALMA AHORA.

El Ayuntamiento, según comentó, "ya ha presentado alegaciones a ese expediente de reintegro". "La conclusión que hemos sacado de esa reunión es que va a ser muy difícil que en vía administrativa se nos exonere de esa obligación de devolver los 372.000 euros, pero hemos salido esperanzados en que quizás por la vía de lo contencioso podamos conseguir algo".

Guelmes detalló que "hemos hecho alegaciones y hemos solicitado que se nos exonere de devolver ese dinero como medida cautelar hasta que se resuelva el procedimiento por lo contencioso, de forma que las arcas municipales no se vean afectadas en estos momentos tan difíciles". El objetivo es "prorrogar en el tiempo esa obligación de devolver". El primer teniente de alcalde confía en que "el juez sea más proclive a utilizar un criterio que no se puede usar en la vía administrativa y que es el de la proporcionalidad, es decir, en función de la gravedad de las irregularidades cometidas, y que se nos aplique un porcentaje de esa devolución y no la totalidad".

En la obra del polideportivo de El Pilar "se detectaron irregularidades, algunas de las cuales fueron ya aclaradas por el Ayuntamiento, pero el Estado persiste en otros asuntos importantes como la demora en la contratación y el hecho de que la empresa que finalmente fue elegida para realizar los trabajos no tenía las clasificaciones pertinentes para acceder a esa licitación, dos asuntos lo suficientemente graves como para que nos exijan la devolución de todo el importe de la subvención, a pesar de que se ha demostrado que la obra se culminó y que la finalidad perseguida que era el fomento del empleo también se había logrado", recordó Guelmes. No obstante, reconoce que "tanto la Ley de Contratos Públicos como la Ley General de Subvenciones tienen unos requisitos y todas las administraciones debemos ceñirnos a ellos".

El concejal de CC Antonio Acosta, en la sesión plenaria celebrada este martes, transmitió el apoyo de su formación al grupo de Gobierno (PP-PSOE) en este asunto y dijo que en la obra de El Pilar hubo "un control exhaustivo" por lo que "no entendemos que se reclame ahora esa cantidad". Insistió en que "le damos la mano al Gobierno para estar con él hasta el final". Por su parte, el portavoz nacionalista, Juan Ramón Felipe, intervino para aclarar que "CC no es la responsable de que se tengan que devolver 400.000 euros al Estado". Recordó que la obra fue aprobada en el año 2009 por la mesa de contratación en la que están presentes las tres fuerzas políticas de la Corporación y los técnicos municipales. "El dinero está invertido en esa obra, y si no lo hicimos bien es responsabilidad de todos y tenían que haber parado antes al Ayuntamiento", dijo.

Por otro lado, la edil nacionalista Carmen Brito se dirigió al alcalde, el socialista Sergio Matos, para exponerle su preocupación por las quejas de algunos vecinos que aseguran haber recibido "mal trato" en algunas concejalías. Brito preguntó asimismo si era cierto que en el pacto de gobierno firmado entre PP y PSOE se acordó que "el alcalde no puede intervenir en las concejalías". Matos mostró su sorpresa por la cuestión planteada y señaló que "me preocupa que en la calle haya quejas de mal trato" porque "todos tenemos que velar por la imagen del Ayuntamiento". Recomendó a la concejal de CC que "si tiene pruebas de mal trato humano, hágalo saber".

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