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El Cabildo de La Palma apoya el restablecimiento por parte de España de la honorabilidad de la Masonería

También respalda la reconstitución o devolución de los bienes y derechos de contenido patrimonial incautados y la superación definitiva del trato discriminatorio.

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En la imagen, los masones en la Plaza de España. Foto: JOSÉ RODRÍGUEZ ESCUDERO.

Imagen de archivo de una marcha masónica celebrada en Santa Cruz de La Palma en septiembre de 2016. Foto: JOSÉ RODRÍGUEZ ESCUDERO.

El Cabildo de La Palma, en una declaración institucional aprobada por el Pleno de la primera Corporación celebrado este martes, reconoce  el restablecimiento de la honorabilidad de la Masonería. En concreto, ha acordado “apoyar la pretensión demanda de la Masonería española ante los organismos competentes, la reconstitución o devolución de los bienes y derechos de contenido patrimonial incautados por la aplicación de normas sobre responsabilidades políticas y demás disposiciones jurídicas concordantes y complementarias, por entender que las pretensiones de la Masonería española están ajustadas a derecho y afectan a sus Respetables Logias”. Esta pretensión, subraya, “se centra en el restablecimiento por parte del Reino de España de la honorabilidad de la Masonería y la superación definitiva del trato discriminatorio para quienes sufrieron de persecución, sanciones de cualquier clase, condenas penales, exilio o fueron ejecutados por razón de la defensa de la Masonería y de los ideales democráticos; y, por otra parte, el restablecimiento de situaciones jurídicas ilegalmente extinguidas en los aspectos que afectan a la Masonería en España”. 

En la declaración institucional acordada se expone que “los grupos políticos con representación en el Cabildo Insular de La Palma son sensibles a la pretensión de la Masonería española en su búsqueda de las herramientas legales oportunas que permitan el restablecimiento, por parte del Reino de España y de sus diferentes administraciones públicas, de la honorabilidad de la Masonería; además del restablecimiento de las situaciones jurídicas ilegítimamente extinguidas que les afectan”.

Apunta que  “a partir de la promulgación de la Constitución Española de 1978, se han aprobado diversas normas conciliadoras que tienden a superar las situaciones jurídicas derivadas de la Guerra Civil, la legislación y la actuación del régimen franquista, tales como: la Ley 24/2006, de 7 de julio sobre declaración del año 2006 como Año de la Memoria Histórica; la Ley 43/1998, de 15 de diciembre, de Restitución o Compensación a los partidos políticos de bienes y derechos incautados; la Ley 4/1986, de 8 de enero, de cesión de bienes de Patrimonio Sindical acumulado, modificada por el Real-Decreto Ley 13/2005, de 28 de octubre; la Ley 21/2005, de 17 de noviembre, de restitución a la Generalidad de Cataluña de los documentos incautados con motivo de la Guerra Civil custodiados en el Archivo General de la Guerra Civil española, y de creación del Centro Documental de la Memoria Histórica; y la propia Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura”.

En estas leyes se posibilita “la devolución de los bienes y derechos de contenido patrimonial incautados por la aplicación del Decreto nº108, de 13 de septiembre de 1936; la Ley de Responsabilidades Políticas, de 9 de febrero de 1939; y las demás normas ad hoc sobre dicha materia, ya sean disposiciones concordantes o complementarias, a todos los que fueron titulares o beneficiarios de esos bienes y derechos, o en su defecto, la compensación que proceda”.

Por consiguiente, “se entiende que la citada pretensión de la Masonería española está jurídicamente fundamentada y justificada para todos los partidos y agrupaciones mencionados en el párrafo segundo del Título Primero de la Ley de 9 de febrero de 1939, de responsabilidades políticas”.

Sin embargo, indica, “estas resoluciones no han reconstituido los bienes y derechos incautados a las logias masónicas [sic], lo cual, determina un cierto grado de indefensión, menoscabo u olvido de situaciones jurídicamente indeseables y reparables por el estado democrático”.

Tal y como queda recogido en la obra La masonería en La Palma del Profesor Don Manuel de Paz Sánchez,  agrega, “fue el 25 de enero de 1875 cuando se instala en la  la capital de nuestra isla de La Palma la primera Logia conocida como Abora, vocablo aborigen que significa la deidad suprema de los aguaritas, registrada en el Grande Oriente Lusitano Unido con el número 91. Fueron sus fundadores: Manuel Abreu Lecuona, “Budha”, grado 18, palmero, médico; José Moreno Martín, Tenagua, grado 18, de Gran Canaria; Antonio Yanes Volcán, Nivaria, grado 11, de Tenerife; José García Carrillo, Idafe, grado 14, palmero; Francisco Morales Duque, Nelson, grado 11, palmero; Fernando Arozena Henríquez, Franklin, grado 11, palmero; Manuel Pérez Abreu, “Cantillo”, grado 11, palmero; León Arozena Henríquez, Tobías, grado 11, palmero; Manuel Calero Rodríguez, Mayantigo, grado 11, palmero y Segundo Pestana Fierro Benahoare, grado 11, palmero, entre otros”.

Añade que “en una España aún sin libertades, los callejeros urbanos de diferentes municipios de nuestra Isla, fueron ejemplos de la tradicional tolerancia de los ciudadanos palmeros, así como del respeto a las personas, a la diversidad de ideas y a culturas diferentes que desde siempre nos han caracterizado como pueblo. Baste recordar las múltiples calles dedicadas a masones significados por sus actividades sociales, económicas, políticas y culturales que podemos encontrar en muchos de nuestros pueblos y ciudades.”

Ese mismo “espíritu fraternal y de consenso fue el que pudo aunar a políticos, notarios, médicos, sastres, periodistas o militares, para construir juntos los cimientos de una isla como La Palma, en las que los principios y la actividad de la Masonería fueron los valores más importantes durante décadas. Una labor que a lo largo del tiempo permitió numerosas obras filantrópicas, como la formación de las clases más humildes o socorrer en momentos de extrema necesidad a personas que la sociedad había dejado en desamparo”.

Expone que “en una gran parte de la historia de la Isla de La Palma podemos encontrar importantes referencias a masones ilustres, tales como Leocricia Pestana Fierro, Valeriano Fernández Ferraz, Antonio Díaz Paz, Eugenio Abreu y Creach, Agustín Amaro Rodríguez, Domingo y José Acosta Guión, Juan Bethencourt González , Diógenes, Pelayo y Aníbal Díaz Cabrera, Walterio Díaz Duque, Álvaro Fernández,  Juan B. Fierro Hernández, Cristóbal García Cáceres, Blas Hernández Luján, Antonio y Fernando Isidro Durán, Ventura de León Carballo, José Lozano Pérez, Cesar Martínez de La Barreda, Rosendo, Ernesto y Pedro Méndez Martín, Alonso Pérez Díaz, Francisco, Salvador y Antonio Pérez Algarrada, Ezequiel Pérez Martín, Antonino Pestana Rodríguez, Manuel Rodríguez Conde, Domingo Rodríguez Isidro, Manuel Ruiz Regidor, Luis Wandevalle Álvarez, Juan Vidal Cabrera, Manuel Álvarez Ortega y un largo número de personas de toda La Palma o de fuera de ella, deja constancia del papel de la Masonería en La Palma, en Canarias y en América a lo largo del Siglo XIX”.

Subraya que “en la historia de La Palma han existido ineludiblemente personas e instituciones cuya vida, obra y acción fueron directamente decisivas y trascendentes para su devenir y el de sus ciudadanos, para la materialización de la identidad urbana de sus distintas poblaciones y para asentar muchos de los capítulos que hoy conforman las historias local e insular de las mismas, la Masonería, cuya presencia, sus trabajos y el de las muchas personas que la integraron en muy diversas épocas, tuvo una enorme incidencia y trascendencia en el desarrollo y transformación urbana, económica, social y cultural, a través de las distintas logias aquí existentes a lo largo del siglo XIX y las tres primeras décadas del siglo XX, o de personalidades vinculadas a la misma desde fechas muy anteriores y que hoy son verdaderos símbolos del progreso de La Palma, por lo que se entiende que es en derecho y en justicia histórica reconocer pública, formal y oficialmente toda esta aportación de la que esta isla y sus habitantes, tanto se beneficiaron”.

Apunta que “también debe resaltar el Pleno del Cabildo Insular de La Palma que, si bien La Palma ha tenido a lo largo de los siglos una importancia fundamental por su carácter de punto de encuentro y trasvase  económico, social y cultural en el Atlántico, como resaltan oportunamente importantes instituciones económicas y culturales de la Isla, también se debe subrayar y reconocer la importancia trascendente y los beneficios que de estos encuentros y de los contactos entre las tres orillas atlánticas, con los navegantes que los hicieron posible, tuvieron la acción y los trabajos de la Masonería y sus integrantes de todos los tiempos para el progreso de toda La Palma, constituyendo por ello un capítulo tan esencial para La Palma lo reconozca expresamente.

Por lo expuesto y “argumentado, a petición de la Masonería de nuestra Isla, se propone al Pleno del Cabildo Insular de La Palma la adopción por unanimidad” de la citada declaración institucional.

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