El Gobierno autoriza el convenio con el Cabildo de La Palma para el reconocimiento de la discapacidad
El Consejo de Gobierno de Canarias ha autorizado este lunes a la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda a suscribir “la segunda adenda al convenio de colaboración suscrito con el Cabildo Insular de la Palma para encomendar la gestión de la actividad consistente en la elaboración de informes médicos, psicológicos y sociales para el dictamen del reconocimiento del grado de discapacidad, al amparo de lo establecido en la cláusula décima del propio convenio, dado el resultado positivo del mismo obtenido durante su vigencia y prórroga y en aras del interés público y social perseguido con su suscripción y que las partes suscribientes tienen interés en prorrogar su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2018”, se informa en una nota de prensa del Ejecutivo regional.
El objeto del acuerdo abarca “la realización de informes médicos, psicológicos y sociales que sirvan de base para el dictamen del reconocimiento del grado de discapacidad de aquellas personas que así lo precisen y que residan en la isla de La Palma, conforme a la normativa vigente tal y como se prevé en el artículo 9 del Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, de procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad, con carácter previo a la formulación de dictámenes por el equipo de valoración y orientación (EVO) que le afecta y a la reglamentaria que por le Gobierno de Canarias pudiera dictarse”.
Igualmente se incluye en “el objeto del convenio la redacción de los informes relacionados con la discapacidad previstos en la Orden de 18 de octubre de 2013 y que tienen que ver con los informes técnicos para vivienda de protección oficial, ingreso en centros residenciales sociosanitarios, acceso y adecuación a puestos de trabajo y acceso a planes de ayudas de los ayuntamientos”.
En la nota se apunta que “el personal de que deberá disponer el Cabildo de La Palma para el desempeño de esta encomienda de gestión se fija con carácter mínimo en cuatro profesionales, un médico, un psicólogo, un trabajador social y un auxiliar administrativo”.
