El Parlamento aprueba sin consenso la Ley del Suelo de Canarias
El pleno del Parlamento canario ha aprobado este miércles sin el consenso de todos los partidos políticos la Ley del Suelo de Canarias, avalada por CC, PP y ASG, fuerzas que aglutinan 33 de los 60 diputados de la Cámara regional.
La falta de consenso ha sido la principal crítica del PSOE, Podemos y NC, fuerzas que han votado en contra de esta normativa, cuyo objetivo, según se indica en el propio anteproyecto, es establecer normas y reglas que aseguren la protección, ordenación y uso del suelo y ordenar el conjunto de intereses legítimos, tanto públicos como privados, que confluyen sobre el mismo, de un modo racional y sostenible.
Sin embargo, el Gobierno ha defendido que ha hecho un esfuerzo porque ésta sea “la ley de todos”, al haberla mejorado con la aprobación de “muchísimas” enmiendas propuestas por las diferentes formaciones políticas.
Durante el debate de este miércoles se han votado las casi 400 enmiendas que quedaron vivas en los debates de la ponencia y de la comisión y aunque algunas fueron aprobadas, no suponen cambios sustanciales en el texto.
La diputada del PSOE Nayra Alemán ha resaltado en su intervención que es tradición que las legislaciones sobre el territorio se aprueben con una amplia mayoría, incluso con unanimidad.
“Es una lástima que esta vez el Gobierno no haya estado a la altura”, ha afirmado la diputada socialista, quien ha alertado de que la nueva normativa va a llevar a Canarias “al peor desarrollismo urbanístico”.
Alemán ha lamentado que el Gobierno haya legislado de espalda a la ciudadanía con un texto impuesto y se haya malgastado una oportunidad de oro para ordenar el territorio de Canarias, al tiempo que ha hecho hincapié en que gracias al PSOE la ley aprobada es “mucho mejor” que la que se inició en la Consejería de Política Territorial.
Asimismo, ha indicado que el PSOE cree y confía en la visión cercana de los ayuntamientos y cabildos, por eso defiende el poder del Gobierno como balanza para defender sus intereses y no entiende que esta ley desmantele las competencias del Ejecutivo y despiece a Canarias en siete reinos de taifas.
El diputado el PP Jorge Blanco ha destacado la participación de colectivos de toda índole en la formulación de la ley, “tanta participación ha habido que con dinero público se ha pagado una jornada contra la ley del suelo”.
Jorge Blanco ha indicado que es evidente que el modelo actual no ha funcionado y ha precisado que de los 88 ayuntamientos que hay en Canarias solo 26 tienen sus planes de ordenación aprobados, lo que avala su tesis de que la Cotmac ha perjudicado más que beneficiado.
Con esta normativa, ha continuado, el Gobierno mantiene su competencia exclusiva en urbanismo y responde a las exigencias de la ciudadanía, que demanda leyes cortas, claras, precisas y entendidas por todos.
Para el diputado del PP hubiera sido deseable consenso general, pero éste nunca estuvo en la voluntad de los partidos que desde un inicio se mostraron en contra y que, aún si el Gobierno hubiese aceptado sus enmiendas, no hubiesen cambiado de opinión.
La diputada de Podemos Soledad Monzón ha resaltado que esta ley solo va a beneficiar a los grandes propietarios del suelo, al desregular y desaparecer la ordenación.
Ha criticado también que se haya aprobado sin consenso una ley, que desregula, fomenta el desarrollismo y no contribuye al proyecto regional, sobre una materia tan sensible como es el territorio.
“No engañen a la gente con que esta ley es la panacea de la creación de puestos de trabajo”, ha aseverado Monzón, quien ha comentado que la nueva normativa legisla para que lo que no se podía hacer se convierta en “carta blanca” para aquel que tenga dinero por encima de la ordenación del territorio.
Todo ello llevará a la liberación de controles, a la inseguridad jurídica y al incremento “hasta el infinito” de la discrecionalidad de los poderes públicos.
El diputado de Nueva Canarias Luis Campos ha explicado que su fuerza política ha votado en contra de la ley porque los aspectos negativos de la normativa son mucho mayores que los positivos.
Luis Campos ha detallado que esta ley, a pesar de ser la más estratégica que cualquier parlamento puede aprobar, rompe el proyecto común de Canarias al debilitar el papel de los cabildos, no partir de un diagnóstico claro y, además, no está basada en el consenso.
La aprobación de la ley es para el diputado de NC una derrota en términos políticos, ya que Fernando Clavijo, es el primer presidente canario que aprueba una ley “tan nuclear” sin consenso con una mayoría pírrica de 33 diputados frente a 27.
Ha avanzado que hoy no finaliza una etapa, pues NC va a seguir trabajando para construir una mayoría alternativa y así reconstruir regenerar y reconducir los aspectos “más negativos” de la ley, que, según Campos, tiene aspectos positivos como simplificar y unificar criterios.
El diputado de la Agrupación Socialista Gomera Casimiro Curbelo ha defendido que el equilibrio entre la protección y el crecimiento es posible y ha destacado que esta ley protege los espacios naturales y fomenta el desarrollo sostenible.
Sin embargo, ha alertado, hay posturas demagógicas que señalan que con la nueva normativa se favorece el ladrillo y el cemento “como si una especie de barra libre se tratara”, lo cual ha dicho que es mentira.
Esta ley es un proyecto ambicioso al unificar, simplificar racionalizar y actualizar “la maraña normativa actual” y, además, ha agregado, otorga mayor protección al suelo rústico y mayor transparencia a la regulación del suelo, al tiempo que mantiene la contención en consumo de suelo y protege el medio ambiente.
El diputado de CC José Miguel Ruano ha opinado que se trata de una ley “buenísima” porque simplifica y porque en correspondencia con la simplificación que esta ley propugna, los mecanismos territoriales y urbanísticos son más transparentes.
Además, con la nueva normativa se atenderán las demandas del sector primario, “por muchos que algunos quieran trivializarlo”, y facilitará que se hagan cosas donde se puedan hacer y que no se hagan donde no puedan hacerse.
Y esto, ha añadido, no es incompatible con la conservación, “el territorio protegido seguirá protegido” y tampoco está reñido con la generación de rentas complementarias a la actividad de los profesionales del sector agrario.
También ha aclarado que la nueva ley contempla un órgano ambiental autonómico que sustituya a la Cotmac, que cuente con criterios públicos, objetivos y reglados para garantizar su máximo rigor.
Según Ruano, en ningún caso este cambio supondrá que el Gobierno de Canarias se desentienda de sus obligaciones hacia la protección del territorio.
