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Todos los escándalos del caso Pujol

Imagen de la familia Pujol-Ferrusola al completo durante los años 80./EFE

El caso Pujol ha convertido de un plumazo a uno de los grandes referentes de la transición en un icono de la corrupción. El expresidente de la Generalitat aparece ahora, a sus 84 años, en el imaginario colectivo en el patriarca de un clan mafioso que lleva expoliando las arcas públicas de Cataluña durante las últimas tres décadas. Pero lo cierto es que no hay un solo caso Pujol.

De hecho, se mezclan especulaciones, filtraciones interesadas y rumores con hechos contrastados en el gran escándalo que azota la vida política de Cataluña. Pero, en realidad, los resultados de las investigaciones judiciales pueden acabar decepcionando a la población.

El caso está compuesto de un conjunto de escándalos que ya han condenado al clan Pujol ante el tribunal de la opinión pública, pero sólo algunos de ellos tienen posibilidades de prosperar en la Administración de Justicia. Entre otras cosas porque cada nueva revelación sobre las actividades ilegales de los Pujol apunta a que La Moncloa, fuera quien fuera su inquilino, estaba al corriente de muchas de esas corruptelas y las ignoró por dos razones: porque CiU ha sido en los últimos 30 años un elemento esencial para que los dos grandes partidos se alternen en el poder, y por la decisión de los diferentes gobiernos de administrar la información en el caso de necesitar un golpe fatal a la formación fundada por Jordi Pujol en 1974.

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Siete años de cárcel puede ser la pena que acepte Iñaki Urdangarin

La infanta Cristina, a su llegada a los juzgados de Palma para declarar ante el juez Castro. / Efe

El caso Nóos ha entrado en fase de negociación de las penas para los principales imputados antes incluso de que se cierre la instrucción de la causa. La Fiscalía Anticorrupción, representada en el procedimiento por el fiscal Pedro Horrach, acaba de oponerse a que Iñaki Urdangarin sea imputado por blanqueo de capitales. Fuentes judiciales apuntan que Horrach ha rechazado imputar nuevos delitos al duque de Palma porque las partes ya han iniciado los contactos para evitar el juicio con un acuerdo de conformidad.

Horrach ya tiene preparado el escrito de acusación contra la mitad de los 41 imputados en elcaso. El fiscal Anticorrupción de Palma tiene previsto pedir hasta 19 años de prisión para Urdangarin y 15 años para su socio Diego Torres.

La oferta inicial que se barajaba, cuatro años de prisión para los principales responsables del gigantesco fraude a las administraciones públicas, está descartada. En este momento, el estado de las negociaciones apuntan a una oferta menos atractiva: siete años de prisión para Urdangarin y cuatro para Torres, siempre que devuelvan las cantidades defraudadas y las multas correspondientes.

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Bárcenas cobró 900.000 euros de un banco de EEUU vinculado a la mayor adjudicataria de la Sanidad madrileña

El Hospital del Tajo, uno de los tres adjudicados a HIMA, el día de su inauguración. / Efe

El fantasma de Luis Bárcenas aparece en los más inesperados procesos políticos que impulsa el PP. La privatización de la gestión de los hospitales de la Comunidad de Madrid no es una excepción. HIMA San Pablo, la sociedad portorriqueña que se ha adjudicado la gestión de los hospitales Infanta Sofía, en San Sebastián de los Reyes, Infanta Cristina, en Parla, y Tajo, en Aranjuez, comparte vínculos financieros con el extesorero y exsenador del PP ahora encarcelado en el Centro Penitenciario de Soto del Real.

El nexo entre Bárcenas e HIMA San Pablo es el banco portorriqueño Eurobank. En una de sus múltiples versiones sobre el origen de su fortuna en Suiza ante el juez Pablo Ruz, el extesorero del PP aseguró haber recibido 900.000 euros de Eurobank como comisión por colocar un 15% del capital de la entidad, sin dar más explicaciones.

Avión, barco y helicóptero privado en un viaje que organizó la Gürtel a Bárcenas

El ex tesorero del PP, Luis Bárcenas. / Efe

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Solicitud de rectificación

En cumplimiento de la ley Orgánica 2/1984, de 26 de marzo, eldiario.es publica esta nota de rectificación recibida en la redacción:

Escrito de Eduard Bajet

Respecto lasnoticias aparecidas en eldiario.es el 30/07/2013 con el titular “La Guardia Civil investiga la sede del financiero del caso ERE en Barcelona durante su oportuno viaje a Venezuela” y del 08/09/2013 “Tiroteado en Venezuela el presunto financiero de los ERE en Barcelona”,

Eduard Bajet posee documentación de la Dirección general de la Guardia Civil en que se manifiesta explícitamente “le puedo informar tras realizar las oportunas gestiones que elgrupo de la UCO de la Guardia Civil que llevó a cabo la investigación de los ERES en Andalucía no ha realizado ninguna actuación hacia su persona relacionada con dicha operación, así como no ha efectuado registro alguno en su domicilio y despacho”.  Es decir, desmiente categóricamente cualquier registro en el domicilio del señor Eduard Bajet o su despacho profesional así como que este haya sido objeto de investigación alguna sobre su persona.

Del mismo modo,Eduard Bajet posee documentación de la dirección general de la policía de Catalunya-Mossos d’Esquadra en que se niega registro alguno tanto en su casa como en el despacho profesional.

Eduard Bajet aporta documentación de la compañía de mensajería en Venezuela en que justifica su presencia en dicho país en continuas ocasiones a lo largo de 2013 de manera regular y constante. Esto obedece a las responsabilidades de Eduard Bajet en la compañía que son públicas y publicitadas en múltiples medios de comunicación. Los viajes de ida y vuelta entre España y Venezuela se circunscriben en la actividad profesional de Eduard Bajet en esta compañía y no han sido ni puntuales ni “oportunas” sino frecuentes y continuadas en el tiempo -y en laactualidad también- fruto de su responsabilidad en dicha empresa.

Eduard Bajet no ha recibido ningún tiroteo en Venezuela ni se “desplazó a Venezuela en julio, coincidiendo con las actuaciones de los agentes de la UCO” unas actuaciones que nunca existieron según certifica la propia Guardia Civil, anteriormente referida.

Eduard Bajet no es financiero. Su actividad profesional está vinculada al Derecho y al mundo de la empresa.

Eduard Bajet no es el abogado del señor Eduardo Pascual ni mantiene relación profesional alguna con el mismo.


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El PP convierte la Fiscalía Anticorrupción en la defensa de oficio de los poderosos

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El fiscal jefe Anticorrupción, Antonio Salinas, durante una rueda de prensa. / Efe

Ya no es una garantía. Hasta hace poco más de un año, cuando la Fiscalía Anticorrupción intervenía como acusación en cualquier procedimiento, sólo cabían dos lecturas: el procesado había perdido el favor del aparato del Estado que, además, necesitaba que las diligencias llegaran hasta el final. No siempre recibía autorización para intervenir, pero cuando lo hacía asumía la condición de implacable perro de presa.

Eso empezó a cambiar cuando la instrucción del caso Nóos, en el que se acusa al duque de Palma, Iñaki Urdangarin, de enriquecerse a costa de las administraciones públicas a cambio de servicios ficticios, dejó claro que más pronto que tarde habría que tomar una decisión sobre la imputación de la esposa del investigado, nada menos de la infanta Cristina.

Fue entonces cuando el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, y el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, decidieron hacer uso del escalafón y aprovechar que la Fiscalía es un cuerpo jerárquico para tirar de galones y hacer que el fiscal anticorrupción personado en el caso Nóos, Pedro Horrach, un funcionario de trayectoria intachable y cuyo compromiso contra la corrupción se había probado con creces, centrara todos sus esfuerzos en lograr que el juez instructor de la causa, José Castro, no imputara a la infanta Cristina.

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CiU prepara la Generalitat para convertir Catalunya en un Estado vigilado

El conseller de Interior de la Generalitat, Ramon Espadaler, en el Parlament de Catalunya. / Efe

Controlar a la población parece haberse convertido en la obsesión del Gobierno de la Generalitat, en manos de CiU. La clase política catalana está embarcada en el agitado debate sobre el derecho a decidir y el eventual referéndum sobre la independencia de Catalunya. Pero para el Ejecutivo catalán hay otra prioridad: recopilar por cualquier medio el máximo de información de las autoridades y de los ciudadanos. El Centro de Seguridad de la Información de Cataluña (Cesicat), un organismo nacido en 2010 para prevenir ataques informáticos contra la Administración catalana, junto con la brigada de información de los Mossos d’Esquadra, han pasado a ser los principales instrumentos para servir a ese objetivo, pero no son los únicos.

Los acontecimientos de las últimas semanas evidencian que la paranoia se ha instalado entre los dirigentes políticos catalanes y no siempre en relación con el proceso soberanista. Todo empezó a finales de octubre, cuando Anonymus, gracias a la documentación aportada por un exempleado del organismo, filtró que el Cesicat, concebido como un cortafuegos, se había dedicado a elaborar informes sobre activistas y periodistas de izquierdas en colaboración con los Mossos d'Esquadra.

El último episodio ha sido la difusión por parte de Ciutadans de un informe atribuido al Cesicat que propone invertir 28 millones de euros y desplegar 300 mossos durante los próximos cinco años para la creación de una Agencia Nacional de Seguridad destinada a espiar las comunicaciones y las actividades en Internet de los ciudadanos en las redes sociales. Un proyecto que evidencia que CiU concibe un futuro Estado catalán como un Estado vigilado. Vigilar a la población es más importante para ellos que preparar un proceso constituyente en el que se establezcan los derechos y libertades de los catalanes.

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Dos de los tres hijos de Artur Mas trabajan en empresas concesionarias del Govern o del Ayuntamiento de Barcelona

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La ministra Ana Pastor, el 'president', Artur Mas, y el patrón de Tradebe, Josep Creixell. / Europa Press

La tradición continúa. La familia del presidente de la Generalitat, Artur Mas, mantiene estrechos vínculos económicos con las administraciones públicas controladas por Convergència i Unió (CiU), aunque sea de forma indirecta. Dos de los tres hijos del president trabajan en empresas concesionarias de la Generalitat y del Ayuntamiento de Barcelona, ambos gobernados por CiU. El tercero de los hijos de Mas, Artur, no trabaja porque está concluyendo sus estudios en Montreal (Canadá). 

Los descendientes del matrimonio entre Artur Mas y Helena Rakosnik siguen así los pasos de los hijos del primer presidente de la Generalitat de CiU, Jordi Pujol. De los siete hijos de Jordi Pujol, la práctica totalidad han trabajado con compañías que han recibido contratos de la Administración catalana mientras su padre ocupaba la presidencia de la Generalitat, cuando no han trabajado directamente para el Govern.

Mas, que es presidente también de Convergència Democràtica y de su federación con Unió, CiU, tiene como secretario general en el partido a Oriol Pujol Ferrusola, hijo de Jordi Pujol, y uno de los principales rostros del partido. Aunque Oriol Pujol es un cargo electo y ganó su escaño en las elecciones autonómicas, inició su carrera política al ser nombrado director general de Asuntos Interdepartamentales en 1997 por designación directa cuando gobernaba su padre.

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El financiero de los ERE pide la libertad porque está arruinado a pesar de los bienes hallados en su zulo de Barcelona

El financiero Eduardo Pascual Arxé, durante uno de los procedimientos en los que está implicado. / Efe

La del financiero Eduardo Pascual Arxé sería una triste historia. La de un próspero hombre de negocios que hace diez años estaba en la cresta de la ola gracias a su dedicación a empresas y mutuas del sector asegurador y que se comprometió a salvar el banco catalán Eurobank y, para colmo, se ha visto envuelto en el caso de los ERE irregulares de la Junta de Andalucía. Esta es la razón por la que está encarcelado desde el pasado 9 de abril por orden de la jueza Mercedes Alaya, titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla.

Según alegó en su último recurso contra el auto de prisión eludible bajo fianza de 300.000 euros dictado por la jueza Alaya, encargada de la investigación del caso de los ERE, la situación económica de Pascual es tan desesperada que no tiene más remedio que permanecer encarcelado porque está en la ruina, especialmente al llevar dos años en paro. Pero el hallazgo de múltiples y exclusivos bienes durante el registro de una caja fuerte oculta en un zulo en el domicilio de Pascual en Barcelona desmonta completamente el relato de su supuesta ruina económica.

La historia sería realmente triste si los distintos jueces que instruyen los procedimientos que se siguen en los tribunales contra Pascual Arxé, hasta tres, no acreditaran que el financiero se ha apoderado de buena parte de la caja de las compañías que ha administrado. Porque el financiero catalán es el principal encausado en dos escándalos económicos más, además del caso de los ERE, que instruye la jueza Alaya.

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Narcís Serra autorizó a su sucesor a cobrar más de veinte millones de CatalunyaCaixa entre salario y pensión

Adolf Todó, a la izquierda, sucedió a Narcís Serra en la presidencia de Caixa de Catalunya. / Efe

La generosidad de Narcís Serra con sus subordinados era ilimitada. Al menos con el que fue su director general en la antigua Caixa de Catalunya (hoy CatalunyaCaixa) y posteriormente su sustituto en la presidencia de la entidad financiera, Adolf Todó. Serra autorizó a Todó a cobrar de CatalunyaCaixa más de 20 millones de euros entre salario y pensión cuando la caja ya estaba inmersa en el proceso de fusión con las cajas de Manresa y Terrassa y ya se había anunciado que la nueva entidad fusionada iba a necesitar del FROB más de 1.200 millones de euros. Finalmente la cantidad ha superado los 5.000 millones de euros.

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La Fiscalía de Castellón investiga irregularidades en los informes geológicos del proyecto Castor

Imagen aérea de la planta de Castor dedicada a la inyección de gas en un almacén submarino. / Efe

La Fiscalía de Castellón investiga desde mediados de septiembre los estudios geológicos que permitieron autorizar el proyecto Castor, por si se hubieran producido irregularidades. Castor, la planta de almacenamiento submarino de gas que provocó más de 400 terremotos en la zona del Golfo de Valencia, lleva más de un mes con las actividades paralizadas, pero los vecinos de la zona exigen al Ministerio de Industria que haga públicos los nuevos estudios geológicos y desmantele la planta cuanto antes.

Durante el mes de septiembre, y tras tener conocimiento de que la Fiscalía había abierto diligencias para investigar la sucesión de terremotos en la zona atribuidos a Castor –alguno de los cuales alcanzó los 4,6 puntos en la escala de Richter–, un ingeniero de minas presentó una denuncia ante el ministerio público en la que relacionaba diversas deficiencias en el Instituto Geológico y Minero de España y en el Consejo Superior de Colegios de Ingenieros de Minas con la posibilidad de que los estudios que permitieron poner en marcha Castor fueran irregulares.

El pasado 15 de octubre, la fiscal encargada del caso, Dolores Ofrecio, comunicó al ingeniero denunciante, Miguel Ángel Gallardo, la incoación de diligencias de investigación por el ministerio público con el número 367/13, para esclarecer los hechos denunciados.

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