La dirección de la Agencia Tributaria tiene instrucciones muy claras de su responsable directo, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para que los representantes del Fisco en el procedimiento judicial del caso Nóos eviten a toda costa perseguir o acusar a la hija del rey, Cristina de Borbón y Grecia, a pesar de que el instructor de la causa, el magistrado José Castro, la imputó por haberse beneficiado de los delitos fiscales supuestamente cometidos por su marido, Iñaki Urdangarin, en la administración de Aizóon, propiedad al 50% de los dos miembros del matrimonio, y el instrumento que utilizaban para apoderarse de los fondos que lograban de las administraciones públicas, según aseguran fuentes de la Hacienda.

Y, en este caso, apuntan las mencionadas fuentes, no se trata de una ocurrencia del ministro. Montoro ha transmitido a sus subordinados una decisión del Gobiernom especialmente defendida por su presidente, Mariano Rajoy.

En el discurso de Navidad de 2011, y a cuenta del incipiente escándalo del Instituto Nóos, el rey Juan Carlos declaró de forma solemne que "todos los españoles son iguales ante la ley". Olvidó precisar que él es el único ciudadano irresponsable ante los tribunales y que la cuestión de la igualdad no queda tan clara cuando el objetivo de la Justicia se apellida Borbón y, además, es su hija. El Gobierno está decidido, aun así, a minimizar tanto como pueda la grave crisis institucional en la que está sumida España.

El titular interí del jutjat d'instrucció número 5 de l'Audiència Nacional, el magistrat Pablo Ruz, ha minimitzat al màxim la instrucció del cas Pretòria, una causa que fa una mica més de tres anys va fer tremolar els fonaments de la política catalana perquè els responsables de la investigació, el representant de la Fiscalia Anticorrupció Luis Pastor i els agents de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil van acudir al predecessor de Ruz, Garzón, quan ja havien acumulat prop de 30 toms de documentació que, segons el seu criteri, acreditaven l'existència d'una xarxa de corrupció urbanística que afectava per igual als principals partits polítics catalans.

El jutge Ruz, malgrat l'abundant documentació aportada pels responsables de la investigació, sembla, segons informen fonts judicials, decidit a limitar el cas Pretòria a la influència que exercia l'antic lampista del PSC i del PSOE, Luis García Sáenz, reconvertit en intermediari immobiliari entre constructores i administracions socialistes, sobre l'exalcalde de Santa Coloma, el també socialista Bartomeu Muñoz.

Muñoz també està acusat de suborn impropi per la venda dediversos actius immobiliaris de la seva família al seu conmilitón per valor d'un milió d'euros. Les esmentades fonts asseguren que Ruz completarà l'acte d'obertura de judici oral amb la proposició que es jutgi els antics homes forts de CDC Lluís Prenafeta i Macià Alavedra per diversos delictes fiscals, després de trobar fons d'ambdós antics alts càrrecs en diferents paradisos fiscals , com Andorra, Suïssa, Liechtenstein, Madeira o l'Estat nord-americà de Delaware. I, per a consternació dels investigadors, això és tot.

El titular interino del juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, el magistrado Pablo Ruz, ha minimizado al máximo la instrucción del caso Pretoria, una causa que hace algo más de tres años hizo temblar los cimientos de la política catalana. Entonces, los responsables de la investigación, el representante de la Fiscalía Anticorrupción Luis Pastor y los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil acudieron al predecesor de Ruz, Baltasar Garzón, cuando ya habían acumulado cerca de 30 tomos de documentación que, según su criterio, acreditaban la existencia de una red de corrupción urbanística que afectaba por igual a los principales partidos políticos catalanes.

A pesar de la abundante documentación aportada, el juez Ruz parece, según informan fuentes judiciales, decidido a limitar el caso Pretoria a la influencia que ejercía el antiguo fontanero del PSC y del PSOE, Luis García Sáenz, reconvertido en intermediario inmobiliario entre constructoras y administraciones socialistas, sobre el exalcalde de Santa Coloma de Gramenet, el también socialista Bartomeu Muñoz.

Muñoz también está  acusado de cohecho impropio por la venta dediversos activos inmobiliarios de su familia a su conmilitón por valor de un millón de euros. Las citadas fuentes aseguran que Ruz completará el auto de apertura de juicio oral con la proposición de que se juzgue a los antiguos hombres fuertes de Convergència Democràtica Lluís Prenafeta y Macià Alavedra por diversos delitos fiscales, tras hallar fondos de ambos antiguos altos cargos en diferentes paraísos fiscales, como Andorra, Suiza, Liechtenstein, Madeira o el Estado norteamericano de Delaware. Y, para consternación de los investigadores, eso es todo.

No todos somos víctimas de la crisis que ha arrasado la economía occidental desde 2008. Una selecta minoría se está haciendo de oro desde la debacle. El dinero que circulaba hace seis años no se ha volatilizado. No es ningún secreto que los fondos que los estados preveían destinar a cubrir las necesidades de la sociedad han salido de las arcas públicas para acabar en unas pocas manos: las de los fondos de inversión y de pensiones y los hedge funds, las entidades que administran las grandes fortunas. Ahora han empezado a aprovechar la ausencia de flujo de crédito de la banca para convertirse en prestamistas sin escrúpulos, dispuestos a imponer a las pymes acreedoras de la Administración faltas de liquidez las condiciones más draconianas. Y, como no son entidades de crédito ni de hecho ni de derecho, no se ven sujetos a la supervisión del Banco de España.

¿Cómo han logrado sobrevivir a la crisis y, sobre todo, cómo logran aún ganar dinero en medio de este desastre? Primero torcieron voluntades políticas e hicieron uso de información privilegiada para proteger sus intereses e, incluso, hacer crecer los saldos de sus cuentas. Luego, cuando resultó imposible ocultar que el sistema bancario occidental estaba quebrado y que los estados se iban a ver obligados a salvarlo a costa de la ciudadanía, buscaron otra veta y empezaron a apostar contra la deuda soberana de las economías más débiles de la Eurozona.

Ahora que el Banco Central Europeo ha flexibilizado su postura y se muestra más dispuesto a ayudar a los miembros de la Unión con serias dificultades para lograr financiación en los mercados –es decir, con elevadas primas de riesgo–, al tiempo que deja los tipos de interés en el 0,5%, los depredadores de los mercados ya han encontrado una nueva manera de obtener pingües beneficios de la crisis.

El proper curs judicial s'acosta calenta per l'Audiència Nacional. No només per al titular del jutjat central d'instrucció número 5, Pablo Ruz, que s'encarrega de la instrucció del cas Gürtel i del cas Bárcenas, sinó per la Sala Penal de l'Audiència. El tribunal que presideix el magistrat Fernando Grande Marlaska ha de jutjar, a partir del proper 16 de setembre, un dels presumptes majors casos de blanqueig de capitals registrats a Espanya fins a l'esclat del cas Gao Ping.

Grande Marlaska, amb dos companys més, decidirà sobre el futur dels presumptes integrants d'una xarxa de blanqueig de capitals encapçalada per l'ex advocat penalista Juan Piqué Vidal, que suposadament va aflorar il.legalment prop de 80 milions d'euros a principis del segle XXI.

Hi ha una diferència fonamental, però, entre la xarxa de Gao Ping i la trama organitzada per Piqué Vidal. Mentre els clients del ciutadà xinès Gao Ping, en la seva majoria només pretenien amagar diner negre al fisc espanyol, segons afirma la investigació, els diners de la trama de Piqué Vidal, d'acord amb l'acusació, procedia exclusivament d'un càrtel de narcotraficants mexicans que , suposadament, intentaven blanquejar els beneficis de les seves activitats delictives a Espanya.

El próximo curso judicial se avecina caliente para la Audiencia Nacional. No sólo para el titular del juzgado central de instrucción número 5, Pablo Ruz, que se encarga de la instrucción del caso Gürtel y del caso Bárcenas, sino para la Sala Penal de la Audiencia. El tribunal que preside el magistrado Fernando Grande Marlaska deberá juzgar, a partir del próximo 16 de septiembre, uno de los presuntos mayores casos de blanqueo de capitales registrados en España hasta el estallido del caso Gao Ping.

Grande Marlaska, junto a dos compañeros, decidirá sobre el futuro de los presuntos integrantes de una red de blanqueo de capitales encabezada por el ex abogado penalista Juan Piqué Vidal, que supuestamente afloró ilegalmente cerca de 80 millones de euros a principios del siglo XXI.

Hay una diferencia fundamental, sin embargo, entre la red de Gao Ping y la trama organizada por Piqué Vidal. Mientras los clientes del ciudadano chino Gao Ping, en su mayoría sólo pretendían ocultar dinero negro al fisco español, según afirma la investigación, el dinero de la trama de Piqué Vidal, de acuerdo con la acusación, procedía exclusivamente de un cártel de narcotraficantes mexicanos que, supuestamente, intentaban blanquear los beneficios de sus actividades delictivas en España.

Oriol Pujol Ferrusola es amigo de sus amigos y no abjura de sus relaciones personales aunque estas puedan ocasionarle problemas judiciales. El secretario general de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) está apartado de sus funciones a causa de su imputación en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) por tráfico de influencias en relación con el caso de las ITV amañadas. El pasado 16 de abril, demostro en su declaración ante el juez Enric Anglada que es, sin duda, amigo de sus amigos.

De poco le sirvió al dirigente nacionalista llegar con media hora de antelación a la Sala Civil y Penal del TSJC, ni hacer una exhibición del apoyo del partido al aparecer acompañado, además de por su abogado, Javier Melero, por Josep Rull, Lluís Corominas y Jordi Turull, los tres dirigentes que han asumido las funciones del secretario general de CDC mientras dura su imputación. Porque la declaración no se inició hasta las 10.30, treinta minutos después de cuando estaba convocada, y se prolongó hasta las 20 horas, con una breve pausa de una hora para almorzar.

Fuentes judiciales señalan que el magistrado instructor de la causa contra Oriol Pujol por un supuesto delito de tráfico de influencias, Enric Anglada, dividió la comparecencia en dos partes: una primera en la que pidió al secretario general de CDC que aclarara la naturaleza de la relación que le une al resto de los imputados en la trama para amañar las concesiones de estaciones de Inspección Técnica de Vehículos, y una segunda, en la que se reprodujeron las conversaciones intervenidas a Pujol Ferrusola y se le pidió que explicara a qué respondían las intervenciones del dirigente nacionalista.

Oriol Pujol Ferrusola, el quart dels fills homes de l'expresident de la Generalitat, tindrà el dimarts 16 d'abril el dubtós honor de ser el primer dels seus germans a prestar declaració davant un magistrat del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), imputat per un presumpte delicte de tràfic d'influències.

Oriol Pujol apareix en l'epicentre d'una trama per arreglar les concessions d'estacions d'Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV) per afavorir un grup d'empresaris encapçalats per Sergi Pastor i, sobretot, per Sergi Alsina, company de pupitre des de la infància del secretari general de Convergència Democràtica, apartat temporalment del càrrec, i veí seu a Urús, la localitat de la Cerdanya on es cou a l'estiu cada curs polític.

El fill de l'expresident prestarà declaració davant un jutge que no és aliè a la família Pujol, perquè el magistrat designat pel TSJC per a la instrucció de la causa contra Oriol Pujol ja va ser, entre 1984 i 1988, amb tot just 30 anys, instructor adjunt del magistrat de l'Audiència de Barcelona encarregat de la instrucció de la querella presentada pels fiscals Carlos Jiménez Villarejo i José María Mena contra 25 exdirectius de Banca Catalana, entre ells el llavors president de la Generalitat. El ple de l'Audiència va acabar per arxivar la causa en una controvertida decisió en què molts van veure la mà del llavors president del Govern, Felipe González.

Oriol Pujol Ferrusola, el cuarto de los hijos varones del expresidente de la Generalitat tendrá el martes 16 de abril el dudoso honor de ser el primero de sus hermanos en prestar declaración ante un magistrado del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), imputado por un presunto delito de tráfico de influencias.

Oriol Pujol aparece en el epicentro de una trama para amañar las concesiones de estaciones de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) para favorecer a un grupo de empresarios encabezados por Sergi Pastor y, sobre todo, por Sergi Alsina, compañero de pupitre desde la infancia del secretario general de Convergència Democràtica, apartado temporalmente del cargo, y vecino suyo en Urús, la localidad de la Cerdanya donde se cuece en verano cada curso político.

El hijo del expresidente prestará declaración ante un juez que no es ajeno a la familia Pujol, porque el magistrado designado por el TSJC para la instrucción de la causa contra Oriol Pujol ya fue, entre 1984 y 1988, con apenas 30 años, instructor adjunto del magistrado de la Audiencia de Barcelona encargado de la instrucción de la querella presentada por los fiscales Carlos Jiménez Villarejo y José María Mena contra 25 exdirectivos de Banca Catalana, entre ellos el entonces presidente de la Generalitat. El pleno de la Audiencia acabó por archivar la causa en una controvertida decisión en la que muchos vieron la mano del entonces presidente del Gobierno, Felipe González.

Corinna puede acabar convirtiéndose en la peor enemiga de Iñaki Urdangarin. La delicada situación por la que atraviesa la Casa del Rey se ha agravado a raíz de la campaña pública de la pseudoprincesa para distanciarse del caso Noós, por el que el juez de Palma de Mallorca José Castro imputa al yerno del rey delitos de evasión de capitales, fraude a la administración, blanqueo y malversación.

La irrupción de Corinna ha forzado a la Casa Real a tomar las riendas de la defensa del duque de Palma para controlar el proceso judicial. El objetivo, sin embargo, es que el escándalo se quede en Urdangarin y no afecte más a la ya deteriorada imagen del monarca, aunque eso suponga que el marido de la infanta Cristina acabe cumpliendo parte de una pena de prisión.

Por esa razón, fuentes próximas al bufete Brugueras García-Bragado, Molinero & Asociados, al que pertenece el abogado de Urdangarin Mario Pascual Vives, aseguran que hace algo más de un mes que el letrado del duque, que originalmente parecía una elección completamente ajena a la Corona, rinde cuentas ahora al Palacio de la Zarzuela y, en particular, al asesor jurídico del rey, José Manuel Romero Moreno, conde de Fontao y compañero de pupitre del monarca.