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La adjudicataria de BiciMad compara el vandalismo con una guerra para pedir una inyección de 3,6 millones

Bonopark reclama al Ayuntamiento de Madrid más fondos acogiéndose a las causas de fuerza mayor previstas para incendios, guerras o inundaciones

El Consistorio quiere mantener el servicio porque está muy solicitado y en las próximas semanas decidirá si en este caso hay razones para aplicar la figura jurídica de 'fuerza mayor'

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escuderíaBiciMAD

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BiciMad se declara zona catastrófica. La empresa que gestiona el servicio de bicicletas públicas de Madrid necesita un rescate de 3,6 millones de euros. Para ello pretende acogerse a la misma fórmula jurídica que se utiliza en caso de catástrofes, inundaciones, atentados o guerras. Aunque el Ayuntamiento de la capital quiere estudiar el caso para mantener el servicio, fuentes del Consistorio aseguran que les ha "sorprendido" que Bonopark haya comparado su situación con "una guerra o una inundación".

"Ellos han pedido una solicitud de reequilibrio económico que está previsto en la Ley de Contrataciones Públicas. Esto lo va a valorar el Ayuntamiento pero solo se acepta en momentos de extrema gravedad". Según las mismas fuentes, los argumentos que sostiene la empresa para pedir esta inyección económica tienen que ver con el vandalismo que han sufrido tanto las estaciones como las bicicletas durante el primer año y medio de andadura.

Según la Ley de Contratación Pública, la Administración debe restablecer el equilibrio económico por razones de interés publico, cuando la Administración rompa "de forma directa y sustancial" los términos del contrato y por causas de fuerza mayor. Bonopark quiere agarrarse ahora a esto último y declarar BiciMad zona catastrófica.

Pero la ley no contempla el vandalismo como causa de fuerza mayor. Los supuestos que sí se tienen en consideración son: los incendios causados por la electricidad atmosférica, los fenómenos naturales como los maremotos, los terremotos o las erupciones volcánicas, o los destrozos que se pueden producir en tiempos de guerra, robos tumultuosos o alteraciones graves del orden público.

También es llamativa la cifra que le han pedido al gobierno de Manuela Carmena, exactamente 3,6 millones de euros. El Ayuntamiento de Madrid debe pagar cada año alrededor de 2,5 millones de euros a Bonopark por este servicio, unos 25 millones en doce años tal y como se describe en el pliego de condiciones del contrato. Es decir, Bonopark necesita una aportación de capital que supera en un millón de euros lo que factura cada año. 

El Ayuntamiento quiere mantener el servicio porque está muy solicitado y por eso en las próximas semanas tendrá que decidir, en primer lugar, si hay razones para aplicar esta figura jurídica, la de "fuerza mayor".

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