Una concejala de Ahora Madrid y dos del PSOE intentan parar el derribo del taller de artillería de Chamberí ordenado por Carmena

El derribo comenzó este jueves. Y hoy se ha encontrado con la oposición de activistas de Ganemos Madrid, de la concejal de Ahora Madrid Montserrat Galcerán y las ediles socialistas Mercedes Gonzalez y Mar Espinar. El derribo sigue, pero más de un camión ha tenido que dar media vuelta ante la presencia del medio centenar de personas concentradas a las puertas del Taller de Precisión de Artillería, en la calle de Raimundo Fernández Villaverde.

“Hemos impedido que pasaran algunos camiones”, explica José Enrique García Blanco, coportavoz de Ganemos Madrid, y presente en la protesta: “Ellos tienen licencia de derribo, pero no pueden construir de momento, necesitan que el Gobierno apruebe un convenio general para edificar, y además hay denuncias que tienen que dictaminar si el derribo sigue. De momento se ha prohibido que se hagan obras en el subsuelo. Estamos a expensas de lo que digan los tribunales, pero por el camino ya han derribo parte del patio, uno de los elementos más valiosos”.

El Ayuntamiento de Madrid de Manuela Carmena autorizó el derribo del taller de artillería de Chamberí para que se construya una urbanización de lujo en esa parcela. Ganemos Madrid, plataforma municipalista integrada en Ahora Madrid,  denuncia que el Ayuntamiento, así, “prioriza el lucro residencial sobre la protección patrimonial de un edificio histórico y sobre los beneficios que el aprovechamiento público y dotacional tendría para quienes habitan Madrid”.

Así, Ganemos entiende que “no existen razones para conceder la licencia que permite derribar el histórico edificio del TPA, puesto que no está aprobado el Convenio de Gestión necesario para poder edificar las nuevas construcciones, y también por prudencia, ya que existen abiertos varios frentes judiciales en la Fiscalía y en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid que podrían anular la operación urbanística”.

En noviembre de 2015, Ahora Madrid se partió en la aprobación de la operación inmobiliaria de lujo en Chamberí. Se aprobó, pero con el voto a favor de 14 concejales del equipo de Gobierno y seis votos en contra. El proyecto recibió el visto bueno gracias al apoyo del Partido Popular y Ciudadanos.

Del grupo municipal de Ahora Madrid se desmarcaron del proyecto defendido por el concejal de Desarrollo Urbano, José Manuel Calvo, el tercer teniente de alcalde, Mauricio Valiente; el concejal de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato; y los ediles Yolanda Rodríguez, Pablo Carmona, Rommy Arce y Montserrat Galcerán, esta última presente en la protesta de este viernes.

Estos seis concejales pertenecen a dos de las corrientes de Ahora Madrid: Valiente, Mato y Rodríguez son de Izquierda Unida (concurrieron a las primarias de Ahora Madrid en la lista A por ellos); y Carmona, Arce y Galcerán, vinculados a Ganemos Madrid y el Observatorio Metropolitano, disputaron las primarias de Ahora Madrid en la lista no oficial de Podemos, Madrid en Movimiento.

El PSOE votó entonces en contra, y dos de sus ediles se han concentrado este viernes para frenar el derribo.

¿Qué se está derribando?

El TPA Raimundo Fernández Villaverde es una parcela que ocupa el Taller de Precisión y Centro Electrónico de Artillería, un edificio del siglo XIX, en el distrito de Chamberí. El taller se levantó en 1898 y, hasta la subasta de 2014, era propiedad del Ministerio de Defensa. La parcela tiene una superficie de 14.569 metros cuadrados y una superficie construida actual de 16.560 metros cuadrados. Según Ecologistas, el plan general de ordenación urbana de Madrid (PGOUM) “permite un aumento notable de esa superficie construida, alcanzando los 54.225 metros cuadrados con destino residencial”.

A raíz de los cambios legislativos del Gobierno regional en 2013, se sustituyeron las cesiones de suelo obligatorias para zonas verdes y equipamientos por dinero. Es decir, que ahora no hace falta compensar las viviendas construidas con parques, sino con dinero.

Una vez conseguida esta modificación, explica Ecologistas, se produjo la subasta de Defensa y la adjudicación en noviembre de 2014 a Domo Gestora –que creó la cooperativa Residencial Maravillas– por 111 millones. Y, a continuación, llegó el siguiente paso: la aprobación inicial del proyecto por parte del Gobierno municipal de Ana Botella, el 29 de abril de 2015, a menos de un mes de las elecciones municipales.

Siete meses después, el proyecto volvió al pleno en noviembre de 2015, con la intención de su “aprobación definitiva”.

¿Y qué supone? Según describe Domo Gestora, “es una de las oportunidades más interesantes que ha ofrecido el mercado inmobiliario madrileño en mucho tiempo. La cooperativa ha resultado definitivamente adjudicataria de la más valorada y mejor ubicada parcela de las puestas en venta por las Administraciones públicas (Mº de Defensa) situada en la calle Raimundo Fernández Villaverde, 50, en el distrito de Chamberí. Con una superficie de más de 14.000 metros cuadrados y un uso residencial de vivienda libre, permite la construcción de  355 viviendas y locales comerciales. Viviendas de 1, 2, 3, 4 y 5 dormitorios, en urbanización cerrada con piscina y zonas comunes dotadas de todas las comodidades que favorezcan la calidad de vida de sus futuros propietarios. Todo ello en una zona privilegiada de Madrid, verdadero pulmón económico, comercial y empresarial de la capital. Situación inmejorable, accesibilidad absoluta desde cualquier punto de la ciudad, todo tipo de servicios –comerciales, asistenciales, educativos, deportivos- a mano. En resumen, una oportunidad única”.

Edificio neomudéjar

Por el camino, recuerda Ecologistas, “hay que demoler el edificio del siglo XIX y su arboleda centenaria. La nueva operación incrementa el número de viviendas sin aportar nuevas dotaciones, en una zona con un importante déficit de zonas verdes y equipamientos, lo que agravará la situación. Las instalaciones militares del TPA se concibieron como varios pabellones de estilo neomudéjar aislados en medio de un frondoso jardín. Debería considerase su inclusión en el Catálogo Municipal de Elementos Protegidos”.

En consecuencia, los colectivos reclaman “que se estudien alternativas que no condenen al distrito a la masificación, a la pérdida de patrimonio cultural y natural y al empeoramiento de su calidad de vida”.