Trabajadoras de las casas de acogida para mujeres piden a Cifuentes que no “subaste” estos servicios
Las trabajadoras de los centros públicos que acogen a víctimas de violencia de género cuando huyen de sus casas se han concentrado esta tarde ante la sede de la Comunidad de Madrid para exigir a la presidenta Cristina Cifuentes que deje de “subastar” el servicio, gestionado por empresas privadas.
Las educadoras sociales piden que las adjudicaciones a estas empresas no estén marcadas por la oferta económica, que ahora es el criterio que más pesa para elegir a una u otra. “Pedimos que se vuelvan a estudiar los pliegos, para nosotras y para cualquier recurso social de este tipo. No puede ser que se priorice la bajada económica a la hora de adjudicar porque se pierde calidad”, explica Elena, presidenta del Comité de empresa de Intress, una de las que gestionan varios centros.
Las profesionales se han colocado tras una pancarta de “Basta precariedad en la red de violencia de género” frente al edificio de la Puerta del Sol que aloja el Gobierno regional. “Los servicios públicos no se venden”, han gritado a pocos metros del despacho de Cristina Cifuentes.
Las trabajadores se reconocen “muy preocupadas” por la situación. “Nos preocupa la precariedad laboral que sufrimos, no llegamos casi a los 1.000 euros. Pero luchamos también por que las víctimas, a las que se ha animado a denunciar para salir de la violencia, estén atendidas con recursos, con intervención educativa... para que podamos darles las herramientas que necesitan para empoderarse y volver a empezar. Y en la situación que tenemos ahora, esto no es posible”, explica una educadora social de uno de los centros a eldiario.es.
En diciembre, las trabajadoras de Intress firmaron un comunicado en el que manifestaban su malestar por los “recortes presupuestarios”. En 2013, los pliegos solo incluían un criterio, el económico, eliminando la valoración del proyecto o las mejoras. Esto provocó, explican, que “muchas empresas tuvieron que contratar a personal por encima del contemplado en los pliegos para poder garantizar una atención adecuada para las mujeres” porque el presupuesto no era suficiente.
“En los de 2017, hemos observado que dichos recursos vuelven a ser licitados con carencias que imposibilitan ofrecer un servicio adecuado”, denuncian las trabajadoras.
La portavoz de Podemos Lorena Ruiz-Huerta ha apoyado la concentración. “El Gobierno está recortando las jornadas de trabajo, que no es suficiente para atender 24 horas y con calidad a las mujeres que salen de sus hogares huyendo de la violencia de género”, ha señalado.
