Así están las seis operaciones inmobiliarias más polémicas de la era Botella heredadas por Carmena

¿Herencia recibida? Lo cierto es que son miles de millones en contratos comprometidos por la anterior alcaldesa, Ana Botella. Y que afectan a los intereses de grandes empresas, como el grupo Villar Mir, BBVA, FCC, Mahou o el grupo chino Wanda, propietario del 20% del Atlético de Madrid. El Ayuntamiento de Manuela Carmena se encuentra en proceso de negociación con todas ellas para enmendar, modificar y, en algún caso, paralizar los proyectos.

Operación Chamartín

Lleva rondando los despachos municipales desde 1993. Es el megaproyecto urbanístico para el norte de Madrid, que la anterior alcaldesa, Ana Botella, puso en marcha en el último suspiro de su mandato. La operación ahora se llama Distrito Castellana Norte, está capitaneada por BBVA y supondría una inversión de casi 6.000 millones de euros.

El programa de Ahora Madrid abogaba por “impulsar la paralización” de la mayor promoción urbanística prevista en España, en la que el Gobierno central se ha empleado a fondo, ya que supondría unos ingresos de unos 1.000 millones para las empresas públicas Renfe y Adif, dependientes del Ministerio de Fomento.

Después de 100 días en el Ayuntamiento, el Gobierno municipal se encuentra negociando con el consorcio: “Estamos en conversaciones para que sea más coherente, no por fases, y que tenga una evaluación de impacto integral en todo el entorno. Necesitamos que se revise el proyecto. Se está avanzando, pero es un proyecto muy grande y lleva su tiempo”.

“En todo caso”, dicen otras fuentes municipales, “el proyecto tiene una complicación evidente que lo hace poco viable: ahora mismo no existe demanda para tanto urbanismo. Es muy poco realista y no está acorde con los tiempos. El supuesto IBI que podríamos recaudar no llegará”.

Edificio España

El edificio tiene la declaración de Bien Interés Cultural y está incluido en el Catálogo General de Protección de Edificios. Fue vendido en 2014 por el Banco Santander al magnate chino Wang Jianlin. Prometió invertir 100 millones para construir en su interior un centro comercial de 15.000 metros cuadrados, unas 300 viviendas y un gran hotel de lujo respetando únicamente la fachada principal, que da a la Plaza de España.

Pero, para ello, decía que necesitaba “desmontar” y reconstruir la fachada. La obra fue denunciada en los tribunales por Ecologistas en Acción, y el Ayuntamiento de Madrid ha rechazado la demolición.

El delegado del áera de Desarrollo Urbano Sostenible del consistorio, Jose Manuel Calvo, afirmó que mantener la fachada del edificio, que está protegida junto a las dos laterales por tratarse de un edificio con una protección en Nivel 3 grado parcial, es “viable tanto técnica como económicamente”. Asegura que “tanto los expertos municipales como los independientes que han estudiado el caso están de acuerdo en que no es necesario tirar”. “Lo que Wanda presenta es un proyecto de demolición, porque el montaje y el desmontaje de una fachada de ladrillo no es viable”, explicó el delegado: “La palabra desmontaje es un eufemismo de demolición”, ha señalado Calvo.

El proyecto está parado a la espera de acometer la reforma respetando la fachada.

Complejo Canalejas

Esta obra está a punto de acelerarse, aunque con modificaciones con respecto al proyecto inicial. Impulsada por el grupo Villar Mir, consiste en convertir los seis edificios ubicados en la plaza de Canalejas y en los números 6, 8, 10, 12 y 14 de la calle de Alcalá, junto a la Puerta del Sol, en un complejo hotelero y comercial de lujo. El grupo del exministro Juan Miguel Villar Mir, que compró la antigua sede de Banesto al Santander a finales de 2012 por 215 millones de euros, quiere unificar los seis bloques en uno y levantar un hotel de cinco estrellas de la cadena Four Seasons; pisos de lujo con una planta total de 6.000 metros cuadrados, y un centro comercial. En total, 285 millones de inversión inversión inicial.

El Ayuntamiento está dispuesto a conceder la licencia definitiva si se cierran este viernes los últimos flecos de las negociaciones. Para ello, el complejo tendrá menos altura de la prevista, las aceras serán más anchas (se retranqueará la fachada), se suprime el intercambiador previsto y los autobuses seguirán teniendo restringida la circulación por la Puerta del Sol.

Operación Mahou-Calderón

La operación Manzanares era el sueño de constructoras, de la cervecera Mahou –presidida por Javier López del Hierro, sobrino político de María Dolores de Cospedal, la secretaria general del PP–, del Atlético de Madrid y de los ideológos de las candidaturas olímpicas madrileñas. Es el mayor desarrollo urbanístico previsto en el interior del anillo de la M-30.

El proyecto fue recurrido por Ecologistas en Acción y se judicializa. La corporación municipal anterior “recurre ese recurso para bloquearlo” y, la actual renuncia a él. Así, facilita que prospere el recurso de Ecologistas en los tribunales, “donde ha de revisarse”, explican en el Ayuntamiento.

La idea suponía demoler el estadio Vicente Calderón –el Atlético se mudaría a una Peineta remozada– para levantar en su lugar unas 2.000 viviendas de precio libre y dos rascacielos.

Plaza Río 2

Ana Botella aprobó este proyecto en el último tramo de su mandato. Y ahora se está revisando. “Hay problemas con las licencias”, explican en el Ayuntamiento: “No hay licencias de bomberos, por ejemplo, y ocupa una calle de paso público. En todo caso, las conversaciones siguen abiertas”.

Plaza Río 2 es un centro comercial en Madrid Río, junto a la calle Antonio López, con una superficie de 40.000 metros cuadrados en tres plantas, 1.500 plazas de garaje y 180 negocios. La promotora es la Sociedad General Inmobiliaria de España (LSGIE), que estaba presidida hasta su muerte a mediados de septiembre por Robert de Balkany, un multimillonario rumano-francés emparentado con la monarquía europea y amigo íntimo del rey Juan Carlos, y que tiene entre sus consejeros a Jaime de Marichalar, exmarido de Elena de Borbón. La inversión prevista es de unos 150 millones de euros.

Operación Campamento

Wanda también se ha interesado por los terrenos de la operación Campamento –promete una inversión de 3.000 millones de euros–, aprobada por el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. Años después la iniciativa sigue a la espera, con los cuarteles ya derribados. “Son terrenos del Ministerio de Defensa”, explica el Ayuntamiento: “Se está tramitando según la ley, en tiempo y forma lo que solicitan. Sigue adelante”.

En 2013, el Consejo de Ministros autorizó a Defensa y Fomento a suscribir un acuerdo, a través de Sepes y el Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (INVIED), por el que Defensa recupera el 75% de los terrenos que cedió al Ministerio de Fomento para esta operación y que ahora le urge vender: son 2,1 millones de metros cuadrados de suelo en los que se había proyectado vivienda libre, protegida, comercio, un intercambiador y un túnel entre la avenida de Portugal y la carretera de Boadilla.