La Junta de Castilla y León, en manos del PP desde hace 28 años, sabe muy bien utilizar el decreto ley. Si un proyecto, o macroproyecto, es declarado ilegal por la Justicia, pues se asume, se utiliza la frase “no estoy de acuerdo, pero acato lo que marquen los tribunales”, y firmo un decreto ley para legalizarlo.
Esta es una constante. Ni una, ni dos, ni tres ocasiones. La mayoría, relacionadas con el medio ambiente. Y la última es más que evidente: el Tribunal Constitucional ha declarado ilegal la posibilidad de construir una pista de esquí en San Glorio, entre Cantabria, León y Palencia, dentro del Parque Natural Fuentes Carrionas y Fuente Cobre-Montaña Palentina. Y el portavoz del Ejecutivo regional, José Antonio de Santiago Juárez, dijo ayer, tras el Consejo de Gobierno, que “no se van a poner cortapisas a iniciativas empresariales”.
El origen de este conflicto está en mayo de 2010, cuando el Gobierno de Castilla y León aprobó la Ley 5/2010 de Declaración del Parque Natural de Fuentes Carrionas y Fuente Cobre-Montaña Palentina (Palencia), a través de la que se permitía que en esta zona natural se implantaran estaciones de esquí alpino.
Sin embargo, ahora el Tribunal Constitucional declara “nula” e “inconstitucional” esa Ley. Pero la respuesta de la Junta de Castilla y León, no deja lugar a dudas de sus pretensiones: “la Junta nunca va a poner cortapisas a ninguna iniciativa empresarial privada que genera riqueza y empleo, nunca”, según dijo De Santiago Juárez.
Y añadió que la decisión de hacer un decreto ley para declarar el proyecto de “interés regional” se debe a que la sentencia no entra en el fondo y contenido de los usos del parque, en relación a los aspectos medioambientes y urbanísticos. Por ello, ese futuro decreto ley se hará para legalizar un proyecto que nació ilegal.
Ecologistas en Acción reconoce que no es el primer ejemplo de “leyes a la carta”, y recuerda caso como el vertedero de Santovenia de Pisuerga (Valladolid), la Ciudad del Medio Ambiente de Soria y el Complejo de Ocio “Meseta Ski” de Tordesillas (Valladolid).
Respecto al de la estación de esquí de San Glorio, el colectivo ecologista dice que con la sentencia del Tribunal Constitucional se da “la puntilla a un proyecto inmobiliario megalómano con 23 remontes, 71 pistas con 58 kilómetros de longitud, 12.000 plazas de aparcamiento, 14 kilómetros de carreteras, 25 kilómetros de líneas eléctricas, 352 cañones de nieve, 93.000 metros cúbicos de balsas de agua, 6.000 plazas hoteleras, mil viviendas secundarias, dos centros comerciales, dos palacios de deportes, dos clubs náuticos, 4 campos de golf, un centro hípico y otro de 4x4, promovido por un grupo empresarial encabezado por Eulen”.
Al no salir adelante este proyecto, Ecologistas en Acción pide la dimisión a dimisión del presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera; de la senadora por el PP, María Jesús Ruiz; y los todavía portavoces de los grupos parlamentarios popular y socialista en las Cortes de Castilla y León, Carlos Fernández-Carriedo y Ana Redondo, que aprobaron “conjuntamente la ley declarada inconstitucional, aprovechándose de la inmunidad parlamentaria para dictar a sabiendas una resolución injusta que ha sacrificado el interés general al interés particular de una empresa”.
La estación de esquí de San Glorio iba a construirse dentro de los Parques Naturales de Picos de Europa y Fuentes Carrionas, en Castilla y León, incluidos también en la Red Natura 2000 de la Unión Europea, y afectaba al ámbito de los planes de recuperación de dos especies emblemáticas de la fauna ibérica como son el oso pardo y el urogallo cantábrico, ambas en peligro de extinción.
