Primeros medidas legales contra la respuesta policial al 15-M, que protestó ante la Interparlamentaria del PP en Salamanca

Gaspar Llamazares en el Congreso de los Diputados, en representación de IU. El Movimiento Acampada de Salamanca 15-M, con una queja ante la Subdelegación del Gobierno en Salamanca. Estas son las dos primeras medidas en contra de la “respuesta” policial a las protestas del 15-M ante los dirigentes del PP que el 17 de mayo se reunieron en Salamanca a celebrar su Interparlamentaria.

Hubo convocatorias a través de las redes sociales para los dos días que duraba la reunión del PP. Eso hizo que no solo lo supieran los salmantinos que quisieron hacer un escrache a los dirigentes populares, sino que los policías también conocían esas intenciones.

Así, y según el escrito de queja del Movimiento Acampada de Salamanca 15-M al que ha tenido acceso La Meseta, el viernes 17 de Mayo de 2013, a partir de las 10:30 “un grupo de exactamente 15 jóvenes, la mayoría de ellos integrantes del 15M-Acampada Salamanca, tuvieron la intención de realizar una protesta pacífica, una concentración con una pancarta a las puertas del Parador de Salamanca, con motivo de la celebración de la reunión interparlamentaria del PP”. Pero lejos de llegar a este centro hotelero, los manifestantes no pudieron hacerlo porque “la respuesta policial fue interceptarles en el Puente Romano, a más de 800 metros del Parador, impidiéndoles el paso e identificándolos, para finalmente, una vez en las inmediaciones del Parador atacarles porra en mano, sin que la unidad policial fuera capaz de evitar el ser grabada durante tal acción”.

Según denuncian en este escrito, los policías golpearon a varios manifestantes, por lo que consideran que “los derechos fundamentales han sido vulnerados sin razón ni justificación alguna”, unos hechos que causaron la detención de cuatro miembros del colectivo social a los que se les ha acusado de “cometer varios delitos”, una decena de apaleados y varios policías “acusados de faltas y también delito de lesiones”.

En este sentido incide el diputado por IU, Gaspar Llamazares, quien en una pregunta al Congreso de los Diputados relata que “el 17 de mayo, se blindó la ciudad con unos 200 policías nacionales, decenas de furgones y agentes de la UIP (brigada antidisturbios), procedentes de Valladolid”. También señala que tras la protesta de una veintena de personas “varios agentes de policía cargaron contra los manifestantes que se retiraban y, sin mediar palabra, les golpearon, tanto en la calle como en un portal donde se habían refugiado, con un balance de cuatro detenidos y seis personas heridas, que necesitaron asistencia médica; cuatro manifestantes y dos policías ligeramente dañados en los puños”.

Por ello, Llamazares preguntó esta semana en el Congreso si el Gobierno ha abierto “una investigación” y sobre las “medidas” que piensa tomar “para impedir que determinados agentes policiales vulneren la integridad física de los ciudadanos, el derecho a la libertad de expresión y a la libertad de circulación y abusen del poder con injurias, trato degradante, discriminación sexual y denuncias falsas”.

En este sentido, el colectivo Movimiento Acampada de Salamanca 15-M ha reclamado al subdelegado del Gobierno que explique “las medidas que piensa tomar frente a los posibles errores, negligencias, irregularidades, faltas e incluso los posibles delitos de los policías actuantes”, así como la política general en el futuro “respecto escraches y concentraciones a personalidades”.