La Junta de Castilla y León no para de ver cómo surgen dudas sobre la gestión de sus empresas públicas. Si el Consejo de Cuentas, un órgano autónomo pero dirigido por políticos, ya puso el dedo en la herida al descubrir anomalías, ahora se conoce que tres sociedades públicas tienen deudas importantes, que todavía nadie sabe cómo se van a sufragar.
Así, la Cadena Ser de Valladolid destapa esta semana que la Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial de Castilla y León generó obligaciones económicas de manera irregular en el edificio administrativo, situado en Arroyo de la Encomienda (Valladolid), por más de 2,5 millones de euros.
Esta Agencia empresarial, que es pública, nació tras fusionarse EXCAL, ADE Financiación y ADE Europea. Esta unión empresarial se vendió en los primeros meses de legislatura como una forma de reducir los gastos del Gobierno de Castilla y León. Se unieron en todo, en personal, en gastos y, también, en deudas.
En la información emitida en Radio Valladolid se revela que un informe de la Intervención General reconoce que esas empresas dejaron a deber el alquiler de las oficinas que ocuparon entre 2010 y 2013 en ese edificio de Arroyo de la Encomienda. Además, ese inmueble también tuvo su miga informativa, ya que la Junta de Castilla y León pagó por él 52 millones de euros en 2009, un precio que se consideró entonces “de mercado”, según dijo la entonces viceconsejera de Economía y Empleo, Begoña Hernández.
Además, el informe de la Intervención general apunta que el hecho de que las empresas públicas no firmaran ningún contrato “vulnera el carácter limitativo de los presupuestos”, según la información emitida. “Este hecho supondría una infracción tanto de la Ley de Hacienda de Castilla y León como de la Ley de Contratos del sector público”, se añadía.
Pero todo este desmadre de gestión en las empresas públicas no es nada nuevo. En octubre del pasado año, el Partido Castellano denunció ante la Fiscalía de Castilla y León la “presunta comisión de actividades potencialmente constitutivas de delito por parte de los responsables de las empresas públicas de Castilla y León -Provilsa, Somacyl, ADE Parques y ADE Financiación- durante los ejercicios económicos 2010 y 20112”, que podrían haber incurrido en una “administración desleal, tráfico de influencias, estafa, malversación de fondos públicos y prevaricación, tipificados todos ellos como delitos en el Código Penal”.
Posteriormente, en diciembre se amplió esa denuncia contra los responsables de las empresas públicas de Castilla y León Provilsa, Somacyl, ADE Parques y ADE Financiación, durante los ejercicios económicos de 2008 hasta la actualidad.
En este caso la denuncia apuntaba la posible comisión de delitos por esas empresas “por la presunta adquisición de terrenos para futuros polígonos industriales (como los de Portillo y del Canal de Castilla, entre otros), a través de empresas intermediarias, con un incremento del 500 por ciento en el precio inicial de esos terrenos”. El Partido Castellano (Pcas) también denunció que la creación de la Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización llevó a presentar varios Expedientes de Regulación de Empleo “que han supuesto el despido de decenas de empleados que llevaban más de veinte años de ejercicio profesional, y la funcionarización de otros trabajadores de menor experiencia, sin ninguna prueba selectiva previa y con salarios que en algunos casos superan los 6000 euros mensuales”.
