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“Nunca he retrasado, entorpecido o interferido” en los informes de la trama eólica en Castilla y León

La delegada especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de Castilla y León no justifica el retraso en la tramitación de la denuncia que desvelaba el cobro de comisiones millonarias de las eléctricas por parte de altos cargos de la Junta.

Se limitó a decir, enfadada, que es “absolutamente falso” que haya retrasado ningún informe sobre la presunta trama eólica en la Comunidad y denunció su “indefensión ante las noticias falsas”.

Georgina de la Lastra fue la secretaria general de la Consejería de Hacienda en la Junta de Castilla y León, desde cuyo cargo adjudicó un contrato millonario a la empresa implicada en la trama.

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La delegada especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Castilla y León, Georgina de la Lastra (c), durante la presentación de la declaración de la renta 2013 en Valladolid./ EFE: R. García.

La delegada especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Castilla y León, Georgina de la Lastra (c), durante la presentación de la declaración de la renta 2013 en Valladolid./ EFE: R. García.

Todo es mentira. Se le acusa injustamente. O por lo menos es lo que dice una persona a la que se le imputa el retraso de la tramitación de la denuncia que desvelaba el cobro de comisiones en la ya denominada ‘trama eólica’ en Castilla y León. Y sin dar argumentos y sin justificaciones, Georgina de la Lastra, actual delegada especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en esta región, acusa de lanzar “noticias falsas” a medios como eldiario.es.

De la Lastra ha mantenido silencio ante las informaciones que la señalaban como la responsable de frenar la tramitación de la denuncia que desvelaba la ‘trama eólica’ en Castilla y León. Hasta ayer, cuando ante los periodistas, en una rueda de prensa para dar a conocer la campaña de la Declaración de la Renta, solo habló de “mentiras”, de “injurias” o de difamación”.

“Nunca he retrasado, entorpecido o interferido” en ningún informe durante el tiempo que lleva en la Agencia Tributaria de Castilla y León, un año y medio. Eso sí, fue prudente al evitar inculpar a los medios de forma evidente, sino que dijo que se estaban “haciendo eco de esa mentira”. Y añadió las informaciones que se están publicando son “difamatorias e injuriosas”.

Un inspector de la Agencia Tributaria de Castilla y León, en su oficina de Valladolid, fue el que descubrió la ‘trama eólica’, que publicó a finales de abril El País. Y elaboró un informe de 94 folios en los que revelaba que varios altos cargos del Gobierno de la Junta de Castilla y León (PP) cobraron presuntamente importantes comisiones de algunas constructoras –Grupo Collosa, Parqueolid– y las grandes empresas eléctricas –Endesa, Iberdrola– a cambio de acelerar los permisos para nuevos parques eólicos. Hablaba de un posible reparto de 110 millones de euros en comisiones.

Este inspector, también rastreó otros misteriosos pagos como “asesoría” –por unos trabajos que no acaban de aparecer– a dirigentes del PP: el diputado Vicente Martínez Pujalte y el exministro y actual embajador en Londres Federico Trillo.

Sin embargo, el informe se lo trasladó a su jefa, Georgina de la Lastra, aunque lo ‘durmió’ durante meses en un cajón.

Ayer, sin embargo, De la Lastra se lamentó de no poderse “defender” porque según dijo no conocía el origen de esas “injurias” hacia su persona, a través de “noticias falsas”. “Quienes me conocen saben que soy honrada”, añadió. Y justificó su teoría exculpatoria en que siempre ha pedido a sus colaboradores que “agilicen los procedimientos en aras de una Administración más moderna, eficiente y transparente”.

Sin embargo, Georgina de la Lastra no habló sobre el contrato de alquiler, con opción de compra, de un edificio Inverduero SL, una de las empresas del Grupo Collosa y que está relacionado con la ‘trama eólica’ por el pago de supuestas comisiones para agilizar la puesta en marcha de parques eólicos. La firma de este contrato se hizo el 7 de julio de 2005, cuando era secretaria general de la Consejería de Hacienda. La parcela fue recalificada por el Ayuntamiento de Valladolid, en manos del PP, y después uno de los edificios construido sobre ella –el otro es un hotel– fue alquilado a la Junta de Castilla y León, también del PP. Hoy es la actual sede de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta.

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