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Historias de la crisis

Por Olmo Calvo y Fabiola Barranco

Historias de la crisis

Por Olmo Calvo y Fabiola Barranco




“Lo peor [de la crisis] ya ha pasado, soy plenamente consciente de los problemas que han tenido los españoles, de los esfuerzos y de los sacrificios que hemos pedido” aseguró el Presidente del Gobierno Mariano Rajoy a comienzos de 2014. Pero son muchas las voces que contradicen esta afirmación desde diferentes movimientos sociales. Y, sobre todo, de ciudadanos anónimos que sufren día a día una realidad que se aleja de la tan publicitada recuperación económica.

“Historias de la Crisis” es una serie de entrevistas a personas que padecen las consecuencias de las políticas adoptadas por los diferentes Gobiernos en los últimos años en España: el desempleo juvenil y de larga duración, la precariedad laboral, el debilitamiento de la sanidad y de la educación pública, el desamparo de las personas dependientes, la represión policial, el castigado derecho a la vivienda digna, amenazado por los desahucios, o la pobreza infantil.

No son casos excepcionales. Son testimonios que ponen rostro, nombre y apellidos a las estadísticas, contados a cámara sin tapujos y apoyados en fotografías que desvelan la cotidianeidad de las personas afectadas, pero que a su vez sirven de reflejo para gran parte de la sociedad. De una sociedad que reclama a sus representantes acción más que discurso, realidades más que promesas.

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“Los padres siempre pensamos en el futuro de nuestros hijos, pero yo no puedo”

—Eva María Valverde



Eva y Yomara, la pobreza infantil en primera persona

El desempleo, los trabajos precarios, los recortes en ayudas y otras deficiencias en el sistema público han hecho saltar las alarmas, al menos en la opinión pública. La pobreza infantil en España es un hecho. Acostumbrados a tratar este asunto como algo lejano o anecdótico, se ha convertido en una problemática cercana y cotidiana que ya afecta a 2,3 millones de niños y niñas, quienes viven bajo el umbral de la pobreza.

Es el caso de Yomara. Aunque ella, con 15 meses, juguetea y se entretiene con cualquier cosa, ajena a la delicada situación familiar. Sus padres no tienen ningún tipo de ingresos. Acuden casi a diario a comedores sociales, principalmente al de su barrio: el de la Asamblea de Parados de San Blas. El de Yomara es solo un rostro que describe una realidad. Una realidad que, según advierte UNICEF en su informe La infancia en España 2014, está en riesgo de aumentar.

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“Mis días sin trabajo son crueles. Me levanto y no sé dónde ir”

—Adrián Nazaret




Adrián y el día a día de dos años sin trabajo

Adrián Nazaret es, a sus 58 años, una de las 1.270.000 personas desempleadas de larga duración que se contabilizan en España. "No vales, ya no sirves porque eres viejo, no eres rentable" repite decaído estas palabras que tantas veces ha escuchado desde que le despidieran hace dos años de su trabajo como montador de pladur, después de 35 años dedicándose a ello, y que se repiten cada vez que llama a alguna puerta en busca de empleo.

Este padre de familia habla con una voz que tiembla y una mirada abatida. Comenta cómo ha cambiado su existencia, después de toda una vida trabajando ahora "no tiene ni para comer". Aún así parece no querer resignarse, insiste en que en esta etapa de total precariedad después de dos años en paro y a punto de perder su hogar –tras avalar a una de sus hijas con el 20% de su actual vivienda, el banco se apropia del 100%– ha recuperado la ilusión cada vez que se junta con la asamblea de parados del barrio de San Blas.

Se siente agradecido y también orgulloso de la red de solidaridad que se ha tejido en estas asambleas barriales, del apoyo que existe entre familias que también atraviesan situaciones dramáticas por esta crisis que cuando comenzó, el Gobierno se empeñó en ocultar y que hoy insiste en que está tocando fin. Adrián no se lo cree, él habla por experiencia propia.

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“El desahucio con palabras no se entiende. Para entenderlo, te tiene que pasar”

—Raquel de Cádiz




Raquel y su familia conocen de cerca el drama del desahucio

Raquel fue desahuciada de su casa en el madrileño barrio de Entrevías junto con su marido y sus cinco hijos, todos menores. Esta familia numerosa, que se mantiene gracias a la venta de zapatos de un puesto ambulante, vivía en un piso alquilado por un particular a muy bajo precio pero lo único al alcance de la economía familiar y a cambio de que la vivienda fuera reformada. El pacto resultó ser una estafa. Un día se encontraron con la sorpresa de que no podían seguir pagando la comunidad de vecinos por orden del banco propietario del inmueble; a partir de ese momento comienza su lucha por defender el derecho a una vivienda digna: intentan negociar con la entidad bancaria, buscan apoyo en la PAH Madrid y lidian con su día a día tras recibir una orden de desahucio, que se cumple en el tercer intento.

Los ojos de Raquel se humedecen al recordar el 28 de mayo de 2014, el día de su desahucio. Con la voz entrecortada trata de explicar cómo lo vivió, pero asegura que “ el desahucio con palabras no se entendería, para que lo entienda la gente lo que se siente te tiene que pasar, porque es horrible que te quiten tu casa”. La emoción también se palpa en su agradecimiento sincero a sus compañeros y compañeras de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, que no solo la ayudaron a intentar parar el lanzamiento o a recoger sus pertenencias de la manera más digna, sino que además consiguieron encontrar al menos una solución inmediata para esta familia, porque como Raquel recalca con sencillez y cordura: “en la calle no me iba a quedar”.

Esta historia también la protagoniza las más de 50.00 familias que han perdido sus casas por no poder pagar, víctimas del problema habitacional que existe en España propiciado por la especulación y mala gestión de los bancos y gobiernos.

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“Hay una estrategia de represión mucho más dura que antes”

—Rubén Fernández




Rubén, víctima de la represión policial

El pasado mes de enero parecía prender de nuevo la chispa de la movilización social alentada por los barrios, concretamente por el de Gamonal en Burgos; que comenzó rebelándose contra el gasto de más de 8 millones de euros para construir un parking mientras las necesidades sociales estaban desatendidas.

Rápidamente el apoyo ciudadano se extendió al resto del Estado por el hartazgo generalizado ante los abusos políticos sobre la población. Para paliar esta mecha combativa, la respuesta gubernamental –como en otras ocasiones- no fue otra que la criminalización de la protesta y la represión policial. Esto Rubén lo sabe bien, el 15 de enero en Madrid participó en la manifestación en solidaridad con Burgos, y lo hizo a sabiendas de que aquellos acontecimientos no eran meras anécdotas, sino algo constante que también escriben las líneas de la crisis.

Fue detenido aleatoria y brutalmente, ya que la UIP le fracturó la clavícula en ese momento. Pasó 48 horas en los calabozos de la comisaría de Moratalaz. Harto de dolor pidió en dos ocasiones atención médica y el SAMUR lo hizo diagnosticándole una simple contractura y recetándole paracetamol pero no proporcionándoselo, la policía tampoco lo hizo.

Se le imputa un delito de atentado de 2 a 4 años de condena y otro de desordenes, de 1 a 3 años; a pesar de que las pruebas en video demuestran que no coincide con aquello que se le imputa.

Rubén no tiene miedo a seguir participando en las manifestaciones y está convencido de que su situación y la de otras muchas personas como él, está directamente relacionada con la crisis.

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“Se habla de la generación perdida, pero yo no siento que mi vida lo esté”

—Diana Talavera




Diana, sin trabajo para los más preparados

“Se habla de la generación perdida. Yo no siento que mi vida esté perdida pero sí que siento que muchas veces me gustaría tener un trabajo donde pudiese desarrollarme y realizarme”. Estas son algunas de las palabras de Diana Talavera, una joven licenciada en Ciencias Ambientales y con un máster a sus espaldas que a día de hoy está en paro, aunque trata de salir a flote sorteando diferentes trabajos bastante precarios e inestables que en la mayoría de las ocasiones, poco o nada tienen que ver con aquello en lo que se ha formado. “Desde la vendimia o repartiendo tarjetas” han sido algunas de sus actividades. No se lamenta por la experiencia laboral en sí que haya podido tener, sino más bien por la inestabilidad que reina en su vida, fruto del panorama de desempleo juvenil en España. En mayo de 2014 ese sector registró una tasa de paro del 54%. Diana siente que “en ningún sitio se te valora”.

Ante la falta de oportunidades en España, y a pesar de que es aquí donde tiene su vida y le gustaría estar, no descarta la opción de buscar mejor suerte en el extranjero como han hecho muchos de sus amigos y amigas. Es una opción para su futuro que ya más 300.000 jóvenes han elegido en los últimos años.

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“Se nos considera ciudadanos de tercera”

—Estela y Lola Murillo




Los recortes en Dependencia recortan los derechos de Estela

Estela tiene 27 años y sufre un grado reconocido de dependencia del 85% debido a una parálisis cerebral de nacimiento. Necesita 24 horas de atención al día. A pesar de su situación presume de que le “encanta vivir y nada le para”, tampoco los recortes en las ayudas en Dependencia u otras prestaciones que lleva soportando en los últimos años.

Su espíritu luchador es semejante al de su madre Lola, de 49 años, que dedica su vida a atender a su hija. Esta familia monoparental cuenta con pocos ingresos: Lola está actualmente en paro y Estela recibe una pensión de aproximadamente 500€. La economía familiar es insuficiente, “necesito terapias, transporte adaptado (…)”, apunta Estela.

Madre e hija solicitaron la Ayuda de Dependencia “pensando que supondría una mejora”, pero después de tres años de espera desde la solicitud hasta que se hiciera efectiva la prestación, han descubierto que sus expectativas no se cumplen.

Según datos del Ministerio de Sanidad y Asuntos Sociales, el Sistema de Atención a la Dependencia durante el pasado mes de junio perdió 3.005 beneficiarios, de los cuales 1.664 son grandes dependientes como Estela. Estos resultados negativos son habituales en las estadísticas. Según el último informe del Observatorio de la Dependencia elaborado por la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales la financiación estatal pasó del 40% en 2009 al 19% en 2013.

Ellas padecen los estragos de las medidas de recorte adoptadas tras la aprobación del decreto de 2012 que reguló la Dependencia: pagan por recibir la ayuda a domicilio, sufren la bajada en ayudas individuales, y han tenido que recurrir a una ONG para cambiar la silla de ruedas. “Si tienes dinero tienes calidad, si no tienes dinero no tienes nada”, se lamenta Lola. Ambas critican que a personas como ellas se les considera –especialmente el Gobierno- “ciudadanos de tercera”.

Estela, a través del tablero de sílabas en su silla de ruedas, recrimina al Gobierno que “se lleva más de la mitad de las ayudas” y añade convencida que “habrá que luchar por lo nuestro”.

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“No está garantizado el acceso a la educación pública”

—Yasin Chaoui



Formación restringida según el bolsillo

“No está garantizado el acceso a la educación pública”, sentencia Yasín, estudiante de Ciencias Políticas en la Universidad Complutense de Madrid y afectado por la subida de tasas universitarias.

No es aventurada su afirmación, las cifras desvelan que las universidades públicas han perdido más de 44.000 estudiantes desde que se aplicara la progresiva subida de precios para matricularse y la reducción de becas cuyos requisitos se han endurecido.

Las sucesivas reformas en materia de educación han provocado un debilitamiento del sistema educativo público y Yasín es uno de los afectados. En su primer año de carrera pagó cerca de 600€ por estudiar, mientras que en el último curso la cantidad se eleva a 2.000€ por cinco asignaturas.

Se ha planteado en varias ocasiones abandonar los estudios por no poder asumir los costes. Para evitarlo, ha pedido un crédito al banco. Además combina la vida de estudiante con un trabajo de media jornada como reponedor en un supermercado. Su sueldo es parte del sustento familiar.

A sus 22 años parece tener claro que no existe igualdad de oportunidades. Su falta de recursos puede privarle de avanzar en su formación mientras que “otras personas sí tienen derecho a ello, simplemente por dinero”, se queja.

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“No tengo ni para comer, cómo voy a contratar un seguro privado”

—Mustafa Dieye




A Mustafa la crisis le ha quitado hasta el médico

El artículo 43 de la Constitución española reconoce el derecho a la protección de la salud pero tras la aprobación del Real Decreto-Ley 16/2012 impulsado por la ministra Ana Mato, más de 800.000 personas se ven excluidas del derecho a recibir atención sanitaria y obligadas al repago de medicamentos y atención médica. La consecuencia más dramática de estas medidas es la muerte. Según la plataforma “Yo Sí, Sanidad Universal” al menos tres personas han fallecido por este motivo: Jeaneth Beltrán, Alpha Pam y Soledad Torrico.

Mustafa es de Senegal y lleva ocho años en España. Desde que llegó no ha parado de trabajar para sobrevivir. Hoy en día se dedica a la venta ilegal en el top manta. Su condición de persona migrante sin papeles le limita otra opción de trabajo y estar asegurado. También le excluye del sistema sanitario público. “Desde que cambió la ley”, reconoce, lleva mucho tiempo sin ir al médico “porque sabes que esto ya no es parte de tu vida”. Lo mismo le ocurre a la mayoría de sus amigos que se encuentran en una situación similar. Tienen miedo de no ser atendidos o a no poder afrontar el repago y se sienten discriminados. Por ello recurren a la automedicación e incluso a las plantas medicinales que les mandan sus familiares desde África.
Este joven rechaza por completo contratar un seguro privado, “no tengo ni para comer, cómo voy a contratar un seguro privado”, sentencia.

Su experiencia pone en evidencia el deterioro de la Sanidad pública tras los recortes y la pérdida de la universalización de la misma. “Para los inmigrantes sin papeles no existe sanidad universal”, afirma Mustafa.

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