Hace unos días escuché al presidente de una organización empresarial en una tertulia televisiva hablar de la tranquilidad que, al parecer, le suscitaba el que los sucesivos casos de corrupción que surgen a diario -siempre según su criterio- obedezcan a situaciones aisladas que se identifican con personas concretas. Y para evidenciar esta afirmación argumentó que, por suerte, cuando nos multan no nos vemos en la encrucijada de tener que sobornar al policía que nos sanciona.
En su afán de minimizar el `estado de sitio´ al que nos aboca semejante situación, con tan minúsculo e insignificante ejemplo quiso poner de manifiesto la inexistencia de una forma de corrupción, la de carácter administrativo. Que los funcionarios, generalmente, cumplan con los cometidos que tienen el deber de observar según les exige la ley tiene muy poco que ver con las actuaciones, generalizadas hasta lo insoportable, de una clase política que en el desempeño de sus responsabilidades públicas realizan con la complacencia de una mayoría de la población que lo asume e, incluso, lo aplaude.
Efectivamente, todavía no tenemos que pagar a un funcionario bajo capa para que nos cuele en una lista o para que nos quite una multa. La corrupción, sencillamente, es política y se encuentra instalada en la gestión de los recursos de todos y de cada uno de nosotros. Su yugo avanza, desgraciadamente, como una neoplasia que degenera tejido sano que deja de ser funcional y útil para un determinado organismo, por otro envilecido y deforme que termina por atrofiarse. Sucumbiendo, inexorablemente, al parasito que lo mantiene vivo en su exclusivo beneficio y que nunca participa, ni coincide con el de una comunidad.
Centrar la lacra de la corrupción en términos estrictamente económicos es contemplar esta problemática desde una pobre perspectiva. Se hace necesario calibrar adecuadamente cuáles son las consecuencias civiles que llevan aparejadas, esta laxitud frente a los escándalos que diariamente nos salpican.
Debemos ser conscientes de que no quedan espacios reservados a un correcto funcionamiento democrático. Nada que pertenezca a la esfera pública queda salvaguardado de su onda expansiva alterando el correcto funcionamiento de las genuinas instalaciones de un Estado de Derecho: medios de comunicación que mediatizan y construyen opiniones al albur de un determinado interés; defensores atrincherados al socaire de una clase privilegiada a la que protegen contra viento y marea; así como un sistema judicial convertido en un terreno embarrado, donde se enjuagan medias verdades de una realidad, posiblemente estrujada para que termine acatando unas postulados concretos.
La corrupción no solo se apropia de la `casa de todos´. Es mucho más perverso: la coloniza, la redecora y la utiliza como un escenario que poco o nada tiene que ver con la realidad. Redefiniendo constantemente conceptos, aparentemente inamovibles, en busca de una sintonía armónica dentro de una realidad paralela.
Evidentemente la corrupción es un delito que no deja víctimas ensangrentadas en mitad de una calle. Probablemente la única sangre metafórica sea la de una ciudadanía a la que le han cercenado y laminado gran parte de sus derechos civiles y, por supuesto, sociales. Elementos, estos últimos, fundamentales en un Estado de Derecho. Por lo tanto, si asumimos la tiranía de la corrupción como una realidad inalterable, debemos asumir en la misma medida y proporción que viviremos en una sociedad donde la democracia será, simplemente, un recurso testimonial a utilizar en determinadas ocasiones.
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